Los tripulantes cubanos se ven obligados a trabajar en condiciones de "trabajo esclavo" a bordo de barcos operados por una de las compañías de cruceros más grandes del mundo, y sus salarios se utilizan para financiar el régimen comunista de Cuba, según un nuevo informe condenatorio.
MSC Cruceros da el 80% de su dinero a las autoridades cubanas, a estos trabajadores esclavos se les niega el acceso a sus pasaportes y por lo tanto no pueden abandonar el barco.
“Los turistas que son llevados desde los límites de la Antártida a las playas del Caribe en algunos barcos, son atendidos por personal que trabaja en condiciones de explotación'', afirmó el grupo opositor cubano Campaign Prisoners Defenders. La organización, vinculada al partido opositor cubano UNPACU, presentó los reclamos en su último informe sobre cómo el gobierno de Cuba se beneficia de exportar trabajadores, incluidos médicos, en misiones internacionales en las que sus derechos humanos están gravemente comprometidos.
Según el informe, que amplía una presentación anterior de una acusación de esclavitud contra Cuba presentada por Prisoners Defenders en la Corte Penal Internacional, MSC contrató a trabajadores de Cuba con la obligación contractual de redirigir el 80% de su salario al régimen cubano.
Los trabajadores cubanos también dijeron que sus pasaportes y documentos de visa son guardados por el sobrecargo del barco. MSC es acusada de aceptar un sistema bajo el cual tiene que pagar una multa de $10,000 por cada trabajador cubano que logre "escapar" saltando del barco cuando en puerto, según el testimonio citado por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, los empleados de MSC Cruceros entregan a los tripulantes cubanos su pasaporte en forma monetaria al llegar a un puerto, antes de retirar el documento tan pronto como pasan por la aduana. “Las horas eran muy largas, me explotaban y sufría bullying por parte de los miembros superiores de la tripulación cubana y otro miembro del personal me acosaba, me sentía atrapada sin nadie que pudiera ayudarme”, una cubana que trabajaba como camarera en MSC. cruceros en 2018 le dijo a The Telegraph. “Tengo miedo de no volver a ver a mi padre en Cuba”, dijo desde el país europeo donde ahora vive, después desertar. En 2018, último año del que se tienen cifras, La Habana ganó 8.500 millones de dólares por exportar el trabajo de sus ciudadanos en misiones internacionales por el mundo.
El relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas ha dicho que las condiciones de trabajo en algunas misiones podrían considerarse “trabajo forzoso”. Prisoners Defenders afirma haber recopilado testimonios de 1.111 víctimas que abandonaron misiones en 47 países y ahora dicen que se les prohibió ingresar a Cuba durante ocho años, lo que a menudo significa que están separados de sus familiares. Juan Pappier, investigador principal para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el código penal de Cuba permite sentencias de ocho años de prisión para los “desertores” que abandonan las misiones. “A los cubanos en misiones médicas se les controla con quién pueden reunirse, tener relaciones y adónde pueden viajar. Tales reglas violan los derechos humanos básicos y depende de los países que albergan las misiones decir basta”, dijo Pappier el miércoles. Un portavoz de MSC Cruises le dijo a The Telegraph que cualquier compañía naviera que emplee.
Cuba rechazó el martes las acusaciones de que su sistema judicial había encarcelado injustamente a los manifestantes tras los disturbios generalizados en la isla en julio, defendiendo los juicios recientes como justos y acordes con las leyes cubanas.
Las protestas del 11 y 12 de julio, las más grandes desde la revolución de Fidel Castro en 1959, vieron miles toman las calles en pueblos y ciudades de toda la isla. Muchos expresaron su enfado por el gobierno dirigido por los comunistas y la escasez de alimentos, medicinas y electricidad a la vez cuando los casos de coronavirus se habían disparado.
Las protestas fueron en gran parte pacíficas, aunque los medios estatales mostraron a algunos manifestantes saqueando y tirando piedras a la policía.
Fueron seguidos por una serie de arrestos. La fiscalía cubana dijo el martes que había acusado hasta ahora a 710 personas de delitos que incluyen vandalismo, agresión contra personas o propiedad, y "desorden público grave".
Grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea han criticado juicios de los manifestantes, diciendo que carecían de transparencia y que las largas sentencias de cárcel eran desproporcionada con los delitos cometidos.
Investigación publicada en The Telegraph