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Hackers ponen de cabeza al gobierno de Costa Rica

El ataque de hackers afecta a 27 instituciones gubernamentales, de las cuales nueve sufrieron en mayor grado, como Hacienda que tiene problemas para cobrar impuestos.

Luis Gonzalez
17 de mayo, 2022

El gobierno de Costa Rica tiene problemas para pagar el salario de sus empleados públicos y para recaudar impuestos tras el ataque de "terroristas cibernéticos", denunció el recién estrenado presidente Rodrigo Chaves.

El ataque de hackers inició el 17 de abril, durante el anterior gobierno y afectó a 27 instituciones gubernamentales, de las cuales nueve sufrieron en mayor grado, según el mandatario.

El gobierno aceptó que debido a que se actuó a tiempo, los "terroristas cibernéticos" tomaron control de Hacienda y las autoridades perdieron control de cuánto ingresa y cómo se pagan los tributos. Otra complicación es que no se sabe cómo marcha la ejecución presupuestaria.

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Pero lo más grave es que algunos empleados públicos podrían recibir más o menos de su salario y ese descontrol es el que más preocupa al gobierno. Por ello se anunció la contratación de un equipo de expertos para contrarrestar a los intrusos. Además, el presidente Chaves denunció que el grupo de hackers de origen ruso identificado como "Conti" cuenta con algunos "colaboradores" dentro de las instituciones ticas.

El "Conti Ransomware" extrae datos sensibles de los gobiernos a cambio de exigir sumas millonarias. Estados Unidos ofrece hasta US$15 millones por los responsables de este sistema.

"Estamos en guerra", asegura presidente de Costa Rica

"Estamos en guerra y esa no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético y por eso hemos decretado estado de emergencia nacional para enfrentar esa amenaza", declaró Chaves.

El presidente dijo que "la guerra es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando la patria" y afirmó que "hay indicaciones muy claras de que gente dentro del país está colaborando con Conti".

A partir del 17 de abril Costa Rica sufre las consecuencias del ciberataque que se dirigió especialmente al Ministerio de Hacienda, entidad que aún no ha podido restablecer las plataformas digitales para la declaración y pago de impuestos, y la de aduanas.

El Ministerio de Hacienda implementó vías alternativas para los contribuyentes que suponen más trámites y lentitud en los procesos.

Chaves, quien asumió el poder el 8 de mayo, dijo que en total han sido 27 las instituciones atacadas y nueve las que se encuentran "muy afectadas" y criticó fuertemente al Gobierno anterior de Carlos Alvarado, al considerar que "hizo muy poco" para hacer frente al ataque.

"Desafortunadamente, con un ataque que empezó el 17 de abril, todavía no hay un diagnóstico que permita comprender la magnitud real de la afectación". Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica

El mandatario afirmó que debido al ataque "hay una afectación enorme sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones", que se desconoce el avance de la ejecución presupuestaria de las instituciones y que el Gobierno está pagando los salarios "casi que a ciegas con base a planillas anteriores".

El primer día de su Gobierno, Chaves firmó un decreto con el que declaró emergencia nacional por el ciberataque, acción con la que se busca destinar más recursos a las tareas de ciberseguridad.

Además, el Gobierno anunció una serie de acciones como la creación de un equipo especializado que realizará una evaluación de los sistemas de ciberseguridad de todas las instituciones públicas, además una propuesta de fortalecimiento de la Dirección de Gobernanza Digital y la elaboración de un protocolo frente a un ciberataque.

El grupo Conti exigía un rescate de 10 millones de dólares a cambio de no divulgar la información que extrajo del Ministerio de Hacienda, pero el Gobierno costarricense se negó a entablar contacto y descartó realizar cualquier tipo de pago.

El Gobierno de Estados Unidos informó a inicios de mayo que ofrece una recompensa de hasta US$15 millones por información que conduzca a la identificación de los miembros de Conti.

Con información de EFE

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