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Régimen de Daniel Ortega condena a activista y a banquero por "conspiración"

Luis Rivas y María Oviedo fueron detenidos en 2021 en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que el presidente Ortega fue reelegido para su quinto mandato.

Luis Rivas y María Oviedo fueron condenados por el régimen de Daniel Ortega.
Agencia EFE
15 de febrero, 2022

La defensora de los derechos humanos María Oviedo y el banquero Luis Rivas fueron hallados este lunes culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó la defensa y un organismo humanitario.

Con Oviedo, coordinadora del equipo especial jurídico de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), se elevó a 19 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos 14 días.

"Declaran culpable a la defensora de derechos humanos María Oviedo por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas" por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, informó su abogado defensor, Eber Acevedo.

La Fiscalía pidió ocho años de prisión para Oviedo, precisó su representante legal.

Oviedo, defensora de los denominados "presos políticos" en Nicaragua, y que se encuentra en prisión desde julio de 2021, fue arrestada por primera vez en 2019 luego de darle una bofetada a un oficial de la Policía Nacional, "porque éste se negó a entregarle unos documentos que pertenecían a su defendido, el excarcelado Cristian Fajardo", recordó, por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos.

Presidente ejecutivo de Grupo Financiero

Rivas, presidente ejecutivo del Banpro del grupo financiero Promerica, fue hallado culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tenencia ilegal y uso de armas restringidas, según reseñó el diario digital Confidencial.

Para el banquero, un economista que ocupó cargos en la Administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007) y quien se encuentra detenido desde el 15 de junio de 2021, la Fiscalía pidió 13 años de prisión, de acuerdo con la información.

Rivas y Oviedo fueron detenidos en junio y julio pasado, respectivamente, en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que el presidente Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.

Los juicios se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios pasados, a los que Ortega tildó de "hijos de perra de los imperialistas yanquis" un día después de las votaciones.

También el histórico exguerrillero sandinista Hugo Torres, de 73 años, que se encontraba detenido en Nicaragua acusado de "traición a la patria" y murió el sábado 12 de febrero de 2022 a causa de una "enfermedad", de acuerdo con el Ministerio Público.

Los familiares de los denominados "presos políticos" de Nicaragua lanzaron este lunes un SOS tras la muerte de Torres, que era vicepresidente del opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las "graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua", y ha urgido la liberación inmediata de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.

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