Annabella Morfín, exjefa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), asegura que el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Thelma Aldana, se extralimitó al firmar un convenio por medio del cual se estableció el resarcimiento de los daños causados al país por parte de la constructora brasileña Noberto Odebrecht.
Por esa razón, en su momento, Morfín accionó contra el convenio de colaboración, suscrito en septiembre de 2017, con el objeto de dejar sin efecto el tema del resarcimiento (US$17.9 millones) que acordaron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del MP y la constructora brasileña.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dijo que “el caso estaba en reserva, por eso no estuvo presente la PGN. (…) Igual no apeló la resolución del convenio y además los convenios de colaboración se realizan entre sindicados y el MP, según la Ley de Delincuencia Organizada”.
Se solicitó copia del convenio a Sandoval, pero remitió a una parte del convenio que está disponible en la página de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Para conocer los detalles del convenio, se pidió copia a la Oficina de Información Pública del MP, donde adelantaron la posibilidad de no facilitar este documento porque el caso está en desarrollo.
Por ahora el caso está bajo jurisdicción del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, quien debe resolver nuevas impugnaciones planteadas por la PGN, que podrían anular el convenio citado.
Ruta de 140 kms
Morfín enfatiza que el MP no debió establecer un tope en el monto económico porque esa “es responsabilidad de la PGN” como representante del Estado, solo debió apegarse a la materia penal.
Sin un proceso de licitación, en 2012, el Congreso de la República otorgó a Odebrechet la rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez hacia Tecún Umán, San Marcos.
Por esos 140 kilómetros, el contrato inicial se estableció en US$400 millones (Q3 mil millones aproximados), recursos obtenidos por medios de préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BNDES de Brasil, pero la obra quedó paralizada luego que se hallaran anomalías y fueran denunciadas.
Escándalo de corrupción
En diciembre de 2016 Estados Unidos reveló que la constructora Noberto Odebrecht sobornó a diversos gobiernos para obtener millonarios contratos.
El objetivo de la constructora era facilitar la obtención de contratos en distintas naciones de la región.
En Guatemala la constructora se vio involucrada en pagos corruptos por US$18 millones, lo que le habrían generado más de US$34 millones en beneficios a los contratistas.
Luego de conocerse el escándalo, la compañía brasileña firmó un acuerdo de cooperación con al menos 12 países donde entregaron sobornos a funcionarios y políticos, entre ellos Guatemala.
Convenio con Odebrecht
Como resultado de esa cooperación, en septiembre de 2017 se celebró la audiencia de procedimiento abreviado de los dos representantes de la empresa en Guatemala, los brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luis Antonio Mameri.
En esa audiencia quedó aprobado el convenio de colaboración el cual incluyó en la cláusula de resarcimientos, similar al pago de sobornos.
Pago acordado que, según la exfiscal Thelma Aldana fue en concepto de los hechos delictivos (pago de sobornos) cometidos por los representantes de Odebrecth.
“Este es un acuerdo desde el hecho ilícito con la empresa Odebrecht”, manifestó Aldana en conferencia de prensa, en enero del año pasado.
PGN acciona contra el convenio
Sin embargo, la exprocuradora Annabella Morfín no está de acuerdo con ese convenio y por ello presentó, estando en el cargo, una acción legal para revertir la parte relacionado con la reparación de daños.
“Lo que nosotros impugnamos fue el convenio de colaboración, porque en su momento, se fue más allá de lo correspondía al MP comprometer, porque todo lo relativo a la indemnización para el Estado, lo debe de conformidad con la ley, hacer la PGN”, explica Morfín.
“Al haber puesto tope al Estado sin que se hubiese resuelto la parte administrativa del contrato, eso no era facultad del MP, y nosotros lo impugnamos”, dice Annabella Morfín.
La exjefa de la PGN asegura que en ese “momento lo que manifestaron” fue una actividad procesal defectuosa, respecto a la parte de reparación al Estado. Agregó que nunca objetaron los efectos con el proceso penal.
Añade: “(…) Hay una parte en la cláusula séptima del convenio en la que se pone tope al Estado, no recuerdo si eran US$ 17 millones, porque eso dependerá de la liquidación del contrato que se había celebrado, no podía de una vez hacerse, si había cuestiones pendientes de liquidar”.
“Se regula con claridad que esta cantidad de los US$17.9 millones son producto de los delitos identificados en este convenio sin perjuicio que en la vía administrativa se pueda determina un monto distinto en la terminación del contrato, entendemos que es la liquidación del contrato, la cual es ajena al ámbito penal”, detalló Aldana durante la conferencia de prensa.
- Parte del convenio de acuerdos de colaboraciónen el siguiente enlace: Acuerdos de colaboración y reparación de parte de la Constructora Odebrecht
PGN debió participar
Morfín insiste en que la PGN debió participar en las reuniones para solicitar el resarcimiento. Acepta haber conocido el convenio suscrito entre el MP y la constructora brasileña Odebrecht, “hasta el 24 o 25 de febrero” (de 2018), y que estuvo en algunas reuniones con el MP.
Reitera que el MP debió invitar a la PGN y esperar que se liquidara el contrato y dejar sujeto, que para los efectos de reparación del Estado, en temas administrativas correspondía hacerlo a través de lo contencioso administrativo.
Asimismo, sostiene que esperaba que la jueza que estaba conociendo el asunto, reparara que el MP no tenía facultades para “transar en nombre del Estado”.
Annabella Morfín recuerda que le explicó al MP y a la CICIG la importancia que tuvieran en cuenta que PGN en su momento había dictaminado que el contrato de modificación del contrato original tenia vicios de nulidad, por consiguiente debieron considerarlo para los efectos de deducción de responsabilidades.
” (…) Si ya en el convenio de la colaboración eficaz se establece un límite, obviamente se les cierra la posibilidad al Estado de una pretensión mayor, pues aquí tenía que haberse establecido cuál era el lucro cesante, la tardanza en la entrega de la obra y cuál fue el avance efectivo, así como si hubo o no estimaciones que se presentaron y eran válidamente presentadas. Todos esos aspectos los tuvo que haber atendido el ministerio de Comunicaciones”
Jueza hace cambios
En la audiencia donde se dictó sentencia contra los dos representantes de la constructora y se aprobó el convenio, la jueza Claudette Dominguez, titular del Juzgado de Mayor A, que conoció primero el caso, antes de aprobarlo ordenó hacer modificaciones en las clausulas quinta, séptima, novena y décima del convenio.
Entre los cambios ordenados por la jueza Claudette se mencionó el pago de los US$ 17.9 millones y el nombre del Juzgado de Mayor Riesgo. Además la protección a los dos colaboradores brasileños.
Se desconoce si los cambios exigidos por el Juzgado se hicieron, porque no se ha obtenido acceso al convenio suscrito entre el MP y la constructora Odebrecht.
Audiencia de tres días vía Skype
La audiencia en la cual se estableció el convenio entre la FECI y los brasileños sindicados de pagar sobornos para obtener el contrato de US$400 millones, se realizó en Brasil durante tres días.
En ese procedimiento participaron representantes de la CICIG, y la figura que más resaltó fue Juan Francisco Sandoval, como jefe de la FECI, quien negoció los términos del convenio que hasta ahora no se conocen con detalles.
La audiencia se desarrolló vía Skype en tribunales de Brasil y Guatemala. Sandoval estuvo acompañado de la auxiliar fiscal Eva Xioma Sosa Pérez y el técnico Edison Agusto Dosantos Machado.
¿Quiénes estuvieron en la audiencia de Odebrecht?
- Luis David Gaitán Arana, mandatario de la CICIG
- Yeidi Marible Estarada Montoya, abogada del Instituto de la Defensa Penal
- German Obed Vásquez, traductor del Organismo Judicial
- José Gudiel Paz, abogado particular
- José Pedro Catu López, primer secretario y cónsul de Guatemala en Brasil.
- Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP
- Eva Xioma Sosa Pérez, auxiliar fiscal de la FECI
- Edison Agusto Dosantos Machado, técnico del MP
- Marcos de Cerqueira Lima Machado, acusado
- Luis Antonio Mameri, acusados
- Enrique S. Rodrigue Neto (abogado brasileño)
- Carlos Fernando de Farillas Caufca (abogado brasileño)
- Francisco Javier Gallardo Samayoa (abogado guatemalteco).
Personas sindicadas en el caso Odebrecht
En enero del año pasado el MP coordinó 11 allanamientos. En esa ocasión se capturó a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita, sindicados de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Manuel Antonio Baldizón Méndez fue detenido por autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por lavado de dinero.
También figuran Carlos Arturo Batres Gil, quien se encuentra prófugo y Alejandro Sinibaldi, también prófugo. Por este caso se citó a declarar otras cuatro personas.
Lea mañana: Qué pasó con las anomalías denunciadas en el MP
Annabella Morfín, exjefa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), asegura que el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Thelma Aldana, se extralimitó al firmar un convenio por medio del cual se estableció el resarcimiento de los daños causados al país por parte de la constructora brasileña Noberto Odebrecht.
Por esa razón, en su momento, Morfín accionó contra el convenio de colaboración, suscrito en septiembre de 2017, con el objeto de dejar sin efecto el tema del resarcimiento (US$17.9 millones) que acordaron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del MP y la constructora brasileña.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dijo que “el caso estaba en reserva, por eso no estuvo presente la PGN. (…) Igual no apeló la resolución del convenio y además los convenios de colaboración se realizan entre sindicados y el MP, según la Ley de Delincuencia Organizada”.
Se solicitó copia del convenio a Sandoval, pero remitió a una parte del convenio que está disponible en la página de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Para conocer los detalles del convenio, se pidió copia a la Oficina de Información Pública del MP, donde adelantaron la posibilidad de no facilitar este documento porque el caso está en desarrollo.
Por ahora el caso está bajo jurisdicción del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, quien debe resolver nuevas impugnaciones planteadas por la PGN, que podrían anular el convenio citado.
Ruta de 140 kms
Morfín enfatiza que el MP no debió establecer un tope en el monto económico porque esa “es responsabilidad de la PGN” como representante del Estado, solo debió apegarse a la materia penal.
Sin un proceso de licitación, en 2012, el Congreso de la República otorgó a Odebrechet la rehabilitación y ampliación de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Suchitepéquez hacia Tecún Umán, San Marcos.
Por esos 140 kilómetros, el contrato inicial se estableció en US$400 millones (Q3 mil millones aproximados), recursos obtenidos por medios de préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BNDES de Brasil, pero la obra quedó paralizada luego que se hallaran anomalías y fueran denunciadas.
Escándalo de corrupción
En diciembre de 2016 Estados Unidos reveló que la constructora Noberto Odebrecht sobornó a diversos gobiernos para obtener millonarios contratos.
El objetivo de la constructora era facilitar la obtención de contratos en distintas naciones de la región.
En Guatemala la constructora se vio involucrada en pagos corruptos por US$18 millones, lo que le habrían generado más de US$34 millones en beneficios a los contratistas.
Luego de conocerse el escándalo, la compañía brasileña firmó un acuerdo de cooperación con al menos 12 países donde entregaron sobornos a funcionarios y políticos, entre ellos Guatemala.
Convenio con Odebrecht
Como resultado de esa cooperación, en septiembre de 2017 se celebró la audiencia de procedimiento abreviado de los dos representantes de la empresa en Guatemala, los brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luis Antonio Mameri.
En esa audiencia quedó aprobado el convenio de colaboración el cual incluyó en la cláusula de resarcimientos, similar al pago de sobornos.
Pago acordado que, según la exfiscal Thelma Aldana fue en concepto de los hechos delictivos (pago de sobornos) cometidos por los representantes de Odebrecth.
“Este es un acuerdo desde el hecho ilícito con la empresa Odebrecht”, manifestó Aldana en conferencia de prensa, en enero del año pasado.
PGN acciona contra el convenio
Sin embargo, la exprocuradora Annabella Morfín no está de acuerdo con ese convenio y por ello presentó, estando en el cargo, una acción legal para revertir la parte relacionado con la reparación de daños.
“Lo que nosotros impugnamos fue el convenio de colaboración, porque en su momento, se fue más allá de lo correspondía al MP comprometer, porque todo lo relativo a la indemnización para el Estado, lo debe de conformidad con la ley, hacer la PGN”, explica Morfín.
“Al haber puesto tope al Estado sin que se hubiese resuelto la parte administrativa del contrato, eso no era facultad del MP, y nosotros lo impugnamos”, dice Annabella Morfín.
La exjefa de la PGN asegura que en ese “momento lo que manifestaron” fue una actividad procesal defectuosa, respecto a la parte de reparación al Estado. Agregó que nunca objetaron los efectos con el proceso penal.
Añade: “(…) Hay una parte en la cláusula séptima del convenio en la que se pone tope al Estado, no recuerdo si eran US$ 17 millones, porque eso dependerá de la liquidación del contrato que se había celebrado, no podía de una vez hacerse, si había cuestiones pendientes de liquidar”.
“Se regula con claridad que esta cantidad de los US$17.9 millones son producto de los delitos identificados en este convenio sin perjuicio que en la vía administrativa se pueda determina un monto distinto en la terminación del contrato, entendemos que es la liquidación del contrato, la cual es ajena al ámbito penal”, detalló Aldana durante la conferencia de prensa.
- Parte del convenio de acuerdos de colaboraciónen el siguiente enlace: Acuerdos de colaboración y reparación de parte de la Constructora Odebrecht
PGN debió participar
Morfín insiste en que la PGN debió participar en las reuniones para solicitar el resarcimiento. Acepta haber conocido el convenio suscrito entre el MP y la constructora brasileña Odebrecht, “hasta el 24 o 25 de febrero” (de 2018), y que estuvo en algunas reuniones con el MP.
Reitera que el MP debió invitar a la PGN y esperar que se liquidara el contrato y dejar sujeto, que para los efectos de reparación del Estado, en temas administrativas correspondía hacerlo a través de lo contencioso administrativo.
Asimismo, sostiene que esperaba que la jueza que estaba conociendo el asunto, reparara que el MP no tenía facultades para “transar en nombre del Estado”.
Annabella Morfín recuerda que le explicó al MP y a la CICIG la importancia que tuvieran en cuenta que PGN en su momento había dictaminado que el contrato de modificación del contrato original tenia vicios de nulidad, por consiguiente debieron considerarlo para los efectos de deducción de responsabilidades.
” (…) Si ya en el convenio de la colaboración eficaz se establece un límite, obviamente se les cierra la posibilidad al Estado de una pretensión mayor, pues aquí tenía que haberse establecido cuál era el lucro cesante, la tardanza en la entrega de la obra y cuál fue el avance efectivo, así como si hubo o no estimaciones que se presentaron y eran válidamente presentadas. Todos esos aspectos los tuvo que haber atendido el ministerio de Comunicaciones”
Jueza hace cambios
En la audiencia donde se dictó sentencia contra los dos representantes de la constructora y se aprobó el convenio, la jueza Claudette Dominguez, titular del Juzgado de Mayor A, que conoció primero el caso, antes de aprobarlo ordenó hacer modificaciones en las clausulas quinta, séptima, novena y décima del convenio.
Entre los cambios ordenados por la jueza Claudette se mencionó el pago de los US$ 17.9 millones y el nombre del Juzgado de Mayor Riesgo. Además la protección a los dos colaboradores brasileños.
Se desconoce si los cambios exigidos por el Juzgado se hicieron, porque no se ha obtenido acceso al convenio suscrito entre el MP y la constructora Odebrecht.
Audiencia de tres días vía Skype
La audiencia en la cual se estableció el convenio entre la FECI y los brasileños sindicados de pagar sobornos para obtener el contrato de US$400 millones, se realizó en Brasil durante tres días.
En ese procedimiento participaron representantes de la CICIG, y la figura que más resaltó fue Juan Francisco Sandoval, como jefe de la FECI, quien negoció los términos del convenio que hasta ahora no se conocen con detalles.
La audiencia se desarrolló vía Skype en tribunales de Brasil y Guatemala. Sandoval estuvo acompañado de la auxiliar fiscal Eva Xioma Sosa Pérez y el técnico Edison Agusto Dosantos Machado.
¿Quiénes estuvieron en la audiencia de Odebrecht?
- Luis David Gaitán Arana, mandatario de la CICIG
- Yeidi Marible Estarada Montoya, abogada del Instituto de la Defensa Penal
- German Obed Vásquez, traductor del Organismo Judicial
- José Gudiel Paz, abogado particular
- José Pedro Catu López, primer secretario y cónsul de Guatemala en Brasil.
- Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP
- Eva Xioma Sosa Pérez, auxiliar fiscal de la FECI
- Edison Agusto Dosantos Machado, técnico del MP
- Marcos de Cerqueira Lima Machado, acusado
- Luis Antonio Mameri, acusados
- Enrique S. Rodrigue Neto (abogado brasileño)
- Carlos Fernando de Farillas Caufca (abogado brasileño)
- Francisco Javier Gallardo Samayoa (abogado guatemalteco).
Personas sindicadas en el caso Odebrecht
En enero del año pasado el MP coordinó 11 allanamientos. En esa ocasión se capturó a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita, sindicados de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Manuel Antonio Baldizón Méndez fue detenido por autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por lavado de dinero.
También figuran Carlos Arturo Batres Gil, quien se encuentra prófugo y Alejandro Sinibaldi, también prófugo. Por este caso se citó a declarar otras cuatro personas.