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Venezuela: los 13 puntos del severo informe de la ONU por torturas y agresión sexual por la dictadura de Maduro

Viviana Mutz
16 de septiembre, 2021

El sistema de justicia de Venuezuela ha servido durante años para perpetuar torturas, agresiones sexuales y prácticas nazis contra la oposición al régimen de Nicolás Maduro, según un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentado este jueves.

La Misión también concluyó que la justicia de esta dictadura fue un factor clave en la persecución a opositores. También para el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, los tormentos y la complicidad de jueces y fiscales. Pero además, supuestas pruebas obtenidas mediante tortura u órdenes de detención “retroactivas”, para ocultar arrestos ilegales.

El documento, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el segundo análisis de la Misión creada en 2019 y el cual considera que hay “motivos razonables para creer que políticos de alto nivel en Venezuela influyeron en el poder judicial“.

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El severo informe contiene 212 páginas en el que se contabiliza la palabra “tortura” 214 veces, mientras que “violencia sexual”, en 34 ocasiones.

Continua tortura y deterioro de salud de víctimas en Venezuela

La investigación dejó claro el sistemático uso de la represión que realizó el estado militar de Maduro hacia opositores en Venezuela.

“Las omisiones de los jueces y juezas por denuncias han tenido consecuencias devastadoras por la continúa tortura y el deterioro de su salud de las víctimas”, reitera el análisis de la ONU. Aquí te compartimos los 13 puntos que sobresalen.

  • 1. Hubo cambio de las fechas de los expedientes judiciales para poder encubrir a las fuerzas policiales, paramilitares o de inteligencia que participaban de operativos contra opositores y torturaban a víctimas.

El documento textualmente refiere: “La revisión de expedientes por parte de la Misión reveló desacuerdos en las fechas que parecen encubrir la ausencia de órdenes de detención al momento en que fue practicada. Así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales. En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas, estuvieron incomunicadas y sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes yviolencia sexual”.

  • 2.  En el caso de los magistrados no actuaban ante denuncias de desapariciones forzadas o actos de torturas.

El informe textual concluye: “En algunos de los casos examinados, estas irregularidades que se le relataron a las juezas y los jueces de control, sin recibir respuesta. Esto incluye el caso de Franklin Caldera, quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021. A Caldera lo secuestraron en Colombia supuestamente por miembros de la DGCIM. Posteriormente lo interrogaron y torturaron durante unos 12 días y non dio información oficial de su paradero. De las detenciones arbitrarias, los tribunales no revisaron ni abordaron sistemáticamente los arrestos, detenciones irregulares y desapariciones forzadas“.

Los opositores del régimen de Maduro instaban a denunciar sin miedo. (Foto: Archivo)

Castigo nazi en Venezuela

  • 3. Los detalles del informe mencionan tácticas nazis en Venezuela, como la Sippenhaft o Sippenhaftung (concepto jurídico establecido en el Tercer Reich en el que un acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente a sus parientes) en la Operación Gedeón.

El texto menciona: “En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales. Incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft” ( táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días”.

  • 4. Los jueces y fiscales del régimen tampoco investigaban casos de violencia sexual contra detenidos. Obligaban a los detenidos ilegalmente a permanecer bajo la custodia de sus torturadores en centros clandestinos.

El texto refiere: “En 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión, las personas detenidas o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles inhumanos y degradantes. Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los Tribunales de Control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato, sin respuesta judicial”.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se enfrenta a manifestantes durante una protesta. (Foto: Archivo / EFE)
  • 5. De las torturas continúas el texto indica: “Un detenido declaró directamente ante la Jueza de Control que después de su decisión de devolverlo a la custodia del DGCIM: ‘He sido objeto de alrededor de tres meses de torturas continuas, golpes a las 12:00 del mediodía a las 6:00 de la mañana, a las 3:00 de la mañana‘. Otra detenida sufrió un aborto después de la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas”.
  • 6. Según el documento de la ONU, algunos de los presos políticos no hicieron las pertinentes denuncias por desconfianza en el poder judicial de Maduro. “Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que otras personas imputadas no denunciaron la tortura por miedo y falta de confianza en el poder judicial. Lo anterior se omitió especialmente en audiencias cuando la tortura, violencia sexual y otros abusos eran recientes.

Declaraciones sin representación legal

  • 7. Confesiones y declaraciones bajo tortura tomadas por válidas por la autoridad judicial. “La Misión ha identificado casos en los que se obtuvieron confesiones y declaraciones incriminatorias, como contraseñas de teléfonos y redes sociales bajo coacción y sin representación legal. La Misión documento que casos en los que e poder judicial incumplió con su deber”
  • 8. “De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021 documentadas por la Misión, 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales.
  • 9. “La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas, en 73 encontró diferencias entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley. Otro 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de audiencias de presentación.
  • 10. Los jueces y fiscales de Venezuela daban vía libre a los agentes de inteligencia para actuar. Permitieron que se abusara de la figura de prisión preventiva. Además, obviaron evidencias de tortura, aún cuando las víctimas se presentaban ante ellos. “Se acudió a la emisión de órdenes de prisión preventiva de manera rutinaria y no como una medida excepcional, sin ofrecer una justificación suficiente o adecua.

La justicia no impidió las violaciones de venezolanos

  • 11. “La Misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales desempeñaron un papel calve en las detenciones arbitrarias. Las órdenes no implicaban actos delictivos o que no se podía individualizar la participación de la persona. Algunos casos se sustentaron con pruebas manipuladas, fabricadas, u obtenidas mediante tortura o coacción”.
  • 12. Los investigadores de la ONU concluyeron además que los “actores del sistema de justicia también han privado a las personas detenidas de su derecho a una representación legal”. “En general, el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones y combatir la impunidad y juicios. Todos los indicios disponibles apuntan a que el número de procesos nacionales por delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos es bajo.
  • 13. Por último, la ONU hace responsables en gran medida a fiscales y jueces por no haber impedido los tormentos y atropellos a las víctimas y haber sido parte del mismo engranaje represivo. “La Misión tiene motivos para creer que la justicia jugó un papel significativo en represión estatal y los efectos se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad”.

Con información de Infobae y EFE.

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