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FECI ratificará solicitud de antejuicio contra dos diputados

Glenda Sanchez
27 de diciembre, 2019

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ratificará, este viernes, la solicitud de antejuicio contra dos diputados del Congreso.

Los dos parlamentarios están vinculados al caso de corrupción denominado “Asalto en el Ministerio de Salud”.

Las dos ratificaciones son contra los diputados José Inés Castillo (diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza) y Ronald Arango (Partido Todos).

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Agentes de la (FECI), se presentarán en tribunales para continuar con el proceso que busca quitar la inmunidad a los dos parlamentarios.

Los delitos por los que el MP solicita retirar la inmunidad son: tráfico de influencias y peculado por sustracción.

La ratificación de los antejuicios se presentará ante los pesquisidores (Sala Segunda de Apelaciones).

Más diputados señalados

El MP detalla que en el caso “Asalto en el Ministerio de Salud” existen más de cien personas sospechosas, entre ellas diez diputados.

“Unas 83 personas fueron citadas y 29 fueron capturadas”, especifica el informe del Ministerio Público.

Según la FECI, los sospechosos cobraron comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales, centros de salud entre otros.

Coimas por las obras

Además, dijo que habrían saqueado unos Q53 millones por medio de coimas a cambio de contrataciones y obras.

El exministro de Salud, Jorge Villavicencio estaba a la cabeza de la estructura, y su mano derecha era Cándida Saraí Villavicencio Delgado -su hija- y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez.

De acuerdo con las pesquisas que tomaron tres años, según la fiscalía, cuando el exministro llegó a la entidad “exploraron” los negocios que podían realizar.

La compra de medicamentos fue una de las opciones de negocio para la banda, pero estaba “cubierta” por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín.

La estructura encontró la forma de saquear el ministerio con el cobro de comisiones ilícitas  por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.

Además, el cobro de comisiones por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma por favores políticos.