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Persisten matrimonios forzados y uniones de menores

Glenda Sanchez
03 de diciembre, 2019

A pesar de que no hay registros de uniones en menores y matrimonios forzados, el problema persiste en Guatemala, según organismos internacionales.

Guatemala “ya no tiene” registros de matrimonios forzados ni tampoco datos para estimar cuántos niños y niñas menores de 18 años están unidos.

Los registros desaparecieron luego que el Congreso de la República prohibiera los matrimonios en menores de edad, en agosto de 2017.

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El flagelo persiste en toda Guatemala

Los organismos internacionales señalan que el fenómeno preocupa porque a pesar de la prohibición, persiste el problema, sobre todo en el área rural del país.

Ana Lucía Rivas, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, declaró que el fenómeno se da en todo el país, sin embargo, los departamentos más afectados son: Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu, Izabal y Escuintla.

Agregó que las uniones en menores y matrimonios forzados son aún más preocupantes cuando sucede entre una niña o adolescente con un adulto.

“Las consecuencias para el desarrollo integral de la niña son muy negativas”, detalló Rivas.

El daño a las menores

Adriana Quiñónez, representante de ONU Mujeres, explicó que entre las consecuencias negativas para las niñas que pasan por esta situación, está el abandono de la escuela y la salud, incluso con el riesgo de morir durante un embarazo temprano.

“Las niñas que pasan por esto son más vulnerables a una relación inequitativa en las que puede sufrir violencia de género”, indica la ONU Mujeres.

Ambas consideran que una forma de dimensionar este flagelo podría ser las cifras de embarazos en niñas y adolescentes.

Citan que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta que en 2018 hubo 2 mil 4 nacimientos de niñas menores de 14 años (consecuencia de violación)y 72 mil 619 nacimientos en jóvenes de 15 a 19 años.


Para sensibilizar de esta problemática lanzan la campaña #PodríasSerTuRealidad.

La campaña busca que se rechacen estas prácticas de poder desigual que “socavan” el derecho a un desarrollo pleno de las niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia.

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