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Comisión Presidencial contra la Corrupción cobra vigencia

Glenda Sanchez
21 de enero, 2020

Este martes se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 28-2020 que da vida a la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

La comisión fue creada por el presidente Alejandro Giammattei y será un ente que dependerá del Ejecutivo y buscará detectar anomalías en el Estado.

En uno de los incisos la publicación detalla que la corrupción genera un “gran impacto en la gestión pública” y como un compromiso internacional para la lucha contra este flagelo, se establece la creación de esta dependencia.

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El Acuerdo Gubernativo, en su artículo 1, establece que la Comisión será temporal y dependerá de la Presidencia de la República.

“El objetivo será apoyar las acciones de los ministerios y del Ejecutivo para coordinar una política pública de prevención y lucha contra la corrupción, para evitar que los casos se repitan”, detalla el documento oficial.

Lee el Acuerdo Gubernativo 28-2020: Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Datos importantes del Acuerdo 28-2020

Los integrantes de la comisión deberán reunirse de manera ordinaria  una vez cada tres meses.

La Comisión contará con un Director Ejecutivo, el cual será nombrado por el Presidente. 

Los requisitos que debe tener el director son los mismos que exige para ser Ministro de Estado. 

Entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario de Centro América. 

Atribuciones de la Comisión

La comisión tendrá 11 atribuciones, entre ellas promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar leyes y reglamentos.

Asimismo, lograr proyectos y programas de asistencia técnica y otros instrumentos en materia de la lucha contra la corrupción.

El plazo de la comisión será de cuatro años y entra en vigencia un día después de su publicación.

Además la entidad está habilitada para recibir aportes y donaciones de organismos internacionales y nacionales, aunque aclara que no se recibirá fondos de instituciones que estén siendo investigados por corrupción.

Las reuniones ordinarias están planificadas para una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.

La publicación también señala que todas las dependencias del Ejecutivo deben colaborar y dar información a esa entidad.

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