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Agravios de la CC continuarán con teorías ajenas a la Carta Magna, según expertos

Viviana Mutz
15 de enero, 2021

Expertos en el tema constitucional coinciden en que los males de la actual Corte de Constitucionalidad (CC) continuarán si persiste el poder discrecional, con teorías ajenas a la Carta Magna.

Durante el webinar: “Elección de magistrados de la Corte de Constitución ¿Una elección ideológica?”, explicaron las consecuencias de la actual magistratura y lo que se necesita para un balance de poderes, a las puertas de la integración de nuevos magistrados titulares y suplentes.

En el conversatorio virtual participaron José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro de la Alianza en Defensa de la República; Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución y Nils Leporowski, presidente del CACIF.

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Quesada manifestó su preocupación por “la cooptación de las cortes por políticos o ideólogos de izquierda, la intromisión del tribunal constitucional en decisiones políticas y las resoluciones nefastas e inconstitucionales”.

“A mayor poder discrecional, mayor es el atractivo político e ideológico. Es decir, se politizan las cortes”.

José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Añadió que estos males continuarán en un futuro cercano si se continúa la invención de teorías ajenas a la interpretación de la norma jurídica. “La CC se ha convertido en un poder público que ha ocasionado los agravios más importantes a los ciudadanos“, añadió

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Sin método consistente

Stuardo Ralón, mencionó que la actual magistratura ha emitido resoluciones contradictorias, es decir, que para una misma situación se resuelve diferente. Dio como ejemplo fallos relacionados con el Convenio 169, el Trabajo a Tiempo Parcial o en procesos legislativos.

“Cuando se cae en la tentación de tener una función creativa, con procedimientos fuera de la Constitución, hay una falta de certeza jurídica que se traduce en inestabilidad (económica, política o social)”, agregó.

Por eso, quienes son investidos para el cargo, deben dejar a un lado su simpatía o interés personal y a cambio defender el orden constitucional, explicó Ralón.

Recordó que la función de la CC es defender el balance de poderes sin interrumpirlo con una especie de super poder.

“La voz de alarma de Cedecon es que hay resoluciones contradictorias cuando no se utiliza un método de interpretación constitucional consistente. Es decir, que se resuelven por otro tipo de motivaciones y no apegadas a la Constitución.

Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa

Al respecto del proceso de designación de los magistrados, Ralón dijo que debe mantenerse. “Hay que empezar por respetar los debidos procesos de designación y buscar perfiles con trayectoria. Además de usar un método científico de interpretación constitucional”, sugirió.

Grave mensaje de la Corte de Constitucionalidad

En cuanto a los daños que han ocasionado las decisiones de la actual CC es difícil de calcular, aseguró Leporowski.

En el caso de la mina de San Rafael, el presidente del Cacif estimó que el país ha dejado de generar unos Q1 mil 800 millones, solo en Impuesto sobre la Renta.

Enfatizó que lo más preocupante son los empleos que se dejaron de generar. Y agregó: “el mensaje más grave de la sentencia que aplicó la CC fue que en Guatemala no hay certeza jurídica”.

En cuanto al atraso de las resoluciones, Quesada aseguró que hay un retardo malicioso. Asimismo que el derecho de antejuicio y con el juego de “te ayudo y me ayudás” entre las cortes, se cae en corrupción.

“Es inaceptable que haya personajes que piensen que los magistrados de la CC en el ejercicio de sus funciones no tienen responsabilidad alguna. O bien, ser jueces de sí mismos. En Guatemala se ha llegado a extremos increíbles”, expresó.

Por tal razón, Leporowski afirmó que a través de la campaña que impulsa el sector empresarial se insta a cumplir estándares de calidad en los designados.

“Lo que queremos evitar es que lleguen jueces que dicten sentencias con base a ideologías. Necesitamos jueces idóneos, técnicos y que impartan e interpreten la ley según lo que esta dice”, puntualizó.


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