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Presidente del Congreso propone discutir pena de muerte

Viviana Mutz
23 de enero, 2021

Por el secuestro y muerte de Hillary Arredondo, de tres años de edad, varios sectores se han posicionado acerca de reactivar el procedimiento para aplicar la pena de muerte, entre ellos, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

“Una persona así no merece vivir, aunque sea en la cárcel, de los impuestos de los guatemaltecos”, afirmó el legislador. Además que merece la pena más alta.

El presidente mostró su indignación en el pleno del Congreso donde instó a las autoridades de justicia aclarar el hecho.

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Posteriormente Rodríguez dijo: “la persona que comete este tipo de actos no es útil a la sociedad y difícilmente pueda regenerarse”.

La junta Directiva del Legislativo se reunió con los padres de la víctima, tres días después de hallado el cuerpo de la pequeña en el caserío El Caspirol, Tiquisate, Escuintla, el pasado 18 de enero.

Por eso ofreció socializar el tema y proponerlo en instancia de jefes de bloque.

“Es un tema controversial que alboratará a la población con opiniones a favor y en contra. Pero actos como este tocan lo más sensible de cualquier ser humano”.

Allan Rodríguez, presidente del Congreso de la República.

Hallazgo y crimen

Una camiseta pequeña y un pañal (blancos) fueron hallados a pocos metros donde fue localizado el cuerpo de la pequeña Hillary Sarai, secuestrada y asesinada, según las autoridades.

La víctima fue localizada el lunes 18 de enero en una finca de hule ubicada en el caserío El Caspirol, Tiquisate, Escuintla, un día después que la familia reportará su desaparición de Hillary Sarai.

De acuerdo a los datos de la PNC, la niña fue identificada por sus padres Nancy Judith de León, 31 años, y José Omar Arredondo Martínez, de 24 años. Hay capturados tres presuntos responsables.

Los presuntos responsables son: Antony Alexander Hernández Canel, Gabriel Smayler Vásquez Marroquín y Jhonatan Alexander Rivera Morales. Foto: PNC.

Sin pasiones

Francisco Quezada, investigador legal del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), consideró que el tema debe ser abordado con parámetros científicos y técnicos. También sin pasiones ni posturas.

“La muerte no es persuasiva ni ejemplar. Lo que sí inhibe es el cumplimiento de la ley. Que el delincuente tenga claro que por una falta grave o leve, el Estado tiene capacidad de reacción, represión, investigación y condena”.

Francisco Quezada, investigador del CIEN.

Última propuesta

En marzo de 2020, congresistas de la Bancada Valor presentaron una iniciativa de ley para activar la pena de muerte aplicada a los delitos de parricidio, asesinato, plagio o secuestro (en el caso de la muerte de la víctima), y magnicidio.

El argumento de los legisladores es que los delitos contemplaban la pena de muerte antes de la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A eso se suma que el Congreso aún no la ha abolido.

Sin embargo, en octubre de 2017, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron que no se puede aplicar la pena capital.

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte. Pero hay un vacío legal desde que el expresidente Alfonso Portillo derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.


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