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Guatemala pide a la OEA que mantenga acompañamiento al país

Viviana Mutz
27 de enero, 2021

Para avanzar en las 11 recomendaciones contenidas en el informe detallado de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Pedro Brolo, solicitó al organismo internacional continuar con el acompañamiento al país.

La misión especial fue enviada a Guatemala del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. Estuvieron a solicitud del Gobierno de Guatemala, al invocar la Carta Democrática por las protestas ciudadanas.

Para entonces, las autoridades afirmaron que los actos de violencia ponían en “grave riesgo la institucionalidad. Además, señalaron que grupos minoritarios buscaban forzar un verdadero golpe de estado”

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Brolo dijo que la misión “reconoció la voluntad política del presidente Alejandro Giammattei de hacer ajustes urgentes que contribuyan a la gestión pública, efectiva y transparente”.

“El Gobierno ha tomado nota de las recomendaciones y el análisis. Tiene interés en que la secretaría de la OEA brinde acompañamiento en diversos temas en los que tiene experiencia y avanzar en las recomendaciones del informe”.

Pedro Brolo, canciller de Guatemala.

Reunión con la OEA

Para ello, en los próximos días el canciller se reunirá en Washington, Estados Undios, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para concretar el apoyo. Así también la llegada de equipos especiales al país.

Brolo aclaró que invocaron la carta con base al capítulo preventivo. “Para garantizar que los procesos se lleven en paz, armonía y en condiciones para garantizar la institucionalidad democrática”.

“A raíz de la crisis social que ocurrió nunca es prematuro hacer un llamado al diálogo y por eso consideramos importante el acompañamiento”

Pedro Brolo, canciller de Guatemala.

Brolo ofreció la conferencia de prensa acompañado del representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.

Las recomendaciones de la misión

  1. La percepción sobre corrupción e impunidad
  • Realizar esfuerzos para fomentar la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a partir de una nueva Ley del Servicio Civil y de las reformas necesarias a la Ley Electoral.
  • Es deseable que se establezcan programas integrales de capacitación permanente de lucha contra la corrupción e impunidad.
  • Llevar a cabo una actualización de los Códigos de Ética y Conducta vigentes para los tres Poderes del Estado.
  • Los tres Poderes del Estado deben realizar un esfuerzo proactivo para dar a conocer y difundir los mecanismos de denuncia de actos de corrupción al interior de las instancias del Estado.
  • Adoptar una campaña de información gubernamental dirigida a la población engeneral sobre las vías que existen para denunciar actos de corrupción.
  • Garantizar una adecuada investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción.
  • Las Fiscalías competentes deben continuar investigando presuntos actos de corrupción y deben redoblar esfuerzos para iniciar investigaciones de oficio. Sería conveniente un adecuado aprovechamiento de las capacidades institucionales y una mejor distribución de casos entre las fiscalías.
  • El Poder Judicial debe redoblar esfuerzos para emitir sentencias en aquellos casos en los que esté probada la comisión de actos de corrupción.
  • Establecer un mecanismo de rendición de cuentas en el Poder Judicial que permita a la ciudadanía conocer cuántas sentencias existen por actos de corrupción
  • Redoblar esfuerzos para eliminar la impunidad, a través del establecimiento de canales adecuados de denuncia, la adecuada investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables de los delitos.
  • Es necesario reevaluar la asignación presupuestal a las instituciones encargadas de la administración de justicia en Guatemala, con el fin de que cuenten con los recursos suficientes para la investigación y enjuiciamiento de los delitos.
  • Se deben realizar esfuerzos encaminados al fortalecimiento institucional y derecursos humanos del Ministerio Público, que garanticen su trabajo y presencia en todo el territorio de Guatemala.

2. La transparencia en los asuntos públicos

  • Procurar que los mecanismos de acceso a la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, y permitan el debate público de la gestión gubernamental.
  • Es fundamental y urgente adoptar medidas que garanticen la transparencia en el ejercicio gubernamental, la prevención de la corrupción y la provisión efectiva de servicios públicos.
  • Implementar mecanismos para fortalecer las instituciones públicas con el fin de que sean transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana.
  • Fomentar procesos de participación ciudadana incluyentes, el intercambio de conocimientos en temas de gobierno abierto, transparencia y fiscalización del Estado.
  • Trabajar en conjunto con la sociedad civil en el proceso de formulación del plan de desarrollo y del presupuesto, e incluir mecanismos de veeduría ciudadana en la implementación de compromisos que se acuerden desde los diferentes niveles de gobierno.
  • Continuar con la implementación de la política nacional de datos abiertos y proceder a los procesos de apertura de los conjuntos de datos incluidos en el Programa Interamericano de Datos Abiertos dirigidos a prevenir y combatir la corrupción.

3. La conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación

  • Establecer procedimientos transparentes para la discusión y aprobación de asuntos legislativos, incluyendo lo relativo a la discusión del presupuesto, tanto para las modificaciones del presupuesto 2021, como la aprobación de presupuestos futuros.
  • Asegurar que las modificaciones realizadas al presupuesto aplicable para 2021 atiendan las prioridades de los sectores más vulnerables de la población, en particular a la luz del impacto producido por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de las tormentas tropicales Eta e Iota.
  • Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales con respecto a la asignación de porcentajes del presupuesto a las distintas instituciones.

4. La omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones

  • Instar al Congreso de la República de Guatemala a que efectúe a la brevedad posible el proceso de designación de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelación –pendiente desde octubre de 2019— en cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala y lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
  • Garantizar que el proceso de designación sea público, participativo, transparente, abierto a toda la sociedad guatemalteca. Es necesario que el proceso se desarrolle con una participación institucional efectiva y que cuente con mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano.
  • Propiciar mecanismos de veeduría nacional e internacional sobre el proceso de designación de magistrados.

5. La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte
de Constitucionalidad

  • Garantizar un proceso adecuado de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que garantice su independencia.
  • Adoptar diseños institucionales que aseguren que los procesos de nombramiento sean transparentes, participativos, informados y cuenten con mecanismos de rendición de cuentas.
  • Garantizar que el proceso de selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se cumpla dentro de los plazos constitucionales y legales establecidos con el fin de evitar vacíos en la conformación del órgano judicial.

6. La preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad

  • Respetar la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad para que sus decisiones sean tomadas con apego al marco constitucional y legal aplicable, sin interferencias ajenas.
  • Adoptar directrices al interior de la Corte de Constitucionalidad que permitan informar con claridad sobre sus competencias y alcances, con el fin de unificar los criterios dentro del organismo y dotar de certeza jurídica a sus acciones y decisiones.
  • Establecer un procedimiento claro y transparente para la asignación y resolución de causas y los criterios de priorización de las mismas, a fin de que se evite la discrecionalidad en su tratamiento y tiempo de resolución.

7. La falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado

  • Fortalecer la interlocución interinstitucional entre los diferentes Poderes del Estado, como al interior de los mismos.
  • Establecer canales de comunicación efectivos entre los distintos niveles de Gobierno, con el fin de articular esfuerzos compartidos y en el marco constitucional, evitando la duplicidad de funciones.

8. La garantía del derecho a la protesta social

  • Garantizar el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, como elementos esenciales para la existencia y consolidación de la democracia.
  • Asegurar que las restricciones vigentes a las manifestaciones y protestas pacíficas sean conformes con los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables: (i) deben estar establecidas en la ley; (ii) fundadas en un interés legítimo; y (iii) resultar necesarias y proporcionadas para proteger dicho interés.
  • Realizar una adecuada capacitación a las fuerzas policiales y los operadores de justicia sobre la interpretación del contenido y alcance de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asamblea en el contexto de manifestaciones y protestas, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.

9. El uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las presuntas agresiones contra
personas y bienes públicos

  • Fortalecer la regulación del uso de la fuerza, para garantizar que se rija por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad.
  • Asegurar que el protocolo policial de manifestaciones se ciña a estándares internacionales de derechos humanos, y garantizar una capacitación adecuada de los elementos de la Policía Nacional Civil sobre los límites al uso de la fuerza y la actuación ante hechos de violencia.
  • Investigar por parte del Ministerio Público con la debida diligencia los incidentes de uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia cometidos durante las manifestaciones.

10. Conocer los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por
los sucesos ocurridos en las manifestaciones públicas

  • Asegurar que las investigaciones del Ministerio Público sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones públicas sean serias, imparciales, prontas y efectivas.
  • Establecer una colaboración efectiva entre todas las fiscalías competentes que conocen de los hechos derivados de las manifestaciones, con el fin de determinar las responsabilidades respectivas.
  • Crear un mecanismo institucional en el Ministerio Público que permita a la ciudadanía saber cómo y de qué manera se avanza en las investigaciones por el presunto uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia y vandalismo cometidos contra bienes públicos y la propiedad privada.

11. La necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial

  • Establecer mecanismos permanentes de diálogo interinstitucional que permitan identificar prioridades y establecer objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, garantizando procesos de seguimiento y acompañamiento a los compromisos institucionales, con el fin de mantener abiertos los canales de comunicación en el marco de la Constitución, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
  • Resaltar y profundizar los diferentes mecanismos –sean nacionales y/o internacionales— que faciliten diálogos robustos, multisectoriales e inclusivos, que ayuden a las y los guatemaltecos a identificar las prioridades del país y establecer propuestas concretas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
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