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Sala reduce pena al expresidente del Congreso Pedro Muadi

Luis Gonzalez
28 de enero, 2021

La Sala Segunda de Apelaciones redujo la sentencia contra el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi. El fallo rebaja la pena de 30 a 8 años de prisión

Esa instancia anuló la condena contra Muadi por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. La sentencia que queda vigente es por peculado por sustracción.

El exfuncionario fue condenado a 30 años y ocho meses de cárcel por el Tribunal Octavo de Sentencia por un caso de supuestas plazas fantasma.

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Además de la cárcel, el Tribunal estableció una multa de Q4.3 millones por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. La sanción económica también se reduce en los delitos que corresponda.

La condena de 30 años y ocho meses se dio así:

  • Lavado de dinero 13 años y 8 meses.
  • Asociación Ilícita 9 años y 4 meses.
  • Peculado por sustracción 8 años.

La defensa del exfuncionario señaló que Muadi no se benefició de ninguna plaza fantasma y que la Fiscalía no demostró que su cliente recibiera dinero producto de estas irregularidades.

Lo que dijo el Tribunal

Muadi fue quien “ordenó los contratos de personas que no asistieron a laborar”, señalaron los jueces del Tribunal.

Además, solicitó a Recursos Humanos del Legislativo, las tarjetas de las personas que no llegaron a laborar, según la resolución.

Junto con Muadi enfrentaron proceso 30 personas más. Todos fueron sindicados por el Ministerio Público de participar en la creación de plazas en el Congreso de la República.

El expresidente del Congreso, Pedro Muadi Menéndez, tuvo que esperar dos años para que el juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, resolviera enviarlo a juicio por el caso denominado Plazas Fantasma.

El caso contra Muadi

El expresidente del Congreso durante el gobierno del Partido Patriota, fue detenido en octubre de 2015, luego que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad.

Según las investigaciones presentadas en este proceso, durante los años 2013-2015, el Legislativo tenía contratados a personal administrativo con salarios entre Q7 a Q20 mil.

Ese personal no acudía a laborar, pero sí cobraba el salario mensual, indicó la Fiscalía en la acusación.

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