Esta semana fueron noticia los incidentes que ocurrieron en
el Congreso de la República de Guatemala.
Varios manifestantes se plantaron en las afueras del edificio
legislativo y pretendían impedir el ingreso de varios diputados al recinto.

Aunque quedan algunos detalles por aclarar respecto de
algunas motivaciones de los protagonistas de los hechos, es claro que el
tumultuoso suceso se relacionaba con la elección de la junta directiva del
legislativo. Los disturbios llegaron a
ocasionar lesiones leves a algunos congresistas.

Mi interés no consiste en dilucidar quiénes son los bandos
involucrados ni cuál era el interés en juego entre los actores
involucrados. Me interesa señalar cómo
ha sido posible que la situación se haya ido degradando progresivamente hasta
llegar a incidentes como el ocurrido esta semana.

Como es de esperarse muchas personas se han indignado ante
el suceso y atribuyen a la falta de integridad y valores de los políticos el
origen de todos estos males. Es claro
que quienes promueven estas conductas carecen de muchas virtudes pero la
cuestión a responder es por qué los menos virtuosos están a la cabeza.

La situación tiene su origen en un mal diseño institucional
y en una inexistente noción de límites al ejercicio del poder público.

Me refiero a un mal diseño institucional porque el actual
esquema de partidos políticos hace sumamente rentable crear un partido político
para colocar un parlamentario y acceder al control de los recursos
públicos. Así, lo único que hace falta
es conseguir los requisitos formales que la Ley Electoral y de Partidos
Políticos existe y luego conseguir entre quince mil y treinta mil votos para
conseguir un escaño. Claro está que para ejecutar la faena hacen falta
recursos.

Dado este esquema los “peores”, aquellos que ven en el
Estado una fuente para enriquecerse, ven una gran oportunidad de financiar
(“invertir”) un partido político para conseguir que un parlamentario sea
elegido para que más tarde le haga “recuperar” su inversión vía asignación de
obras y adjudicación de puestos en la administración pública.

Nótese que en este esquema los “buenos” o “virtuosos” tienen
muy pocas oportunidades de triunfar. Los
diputados son elegidos por un sistema de listas cuya clave está en obtener el
número mágico para adjudicar candidatos.
Los “peores” están dispuestos a destinar grandes sumas de dinero para
ganar la partida y los “buenos” no entrarán en el mismo juego y las virtudes que
puedan ostentar son estériles en un esquema en el cual los cargos se adjudican
a un partido político y no a una trayectoria personal.

En la medida que el sistema se ha alimentado de esta
estrategia los problemas se han ido agravando.
Una vez que los “peores” han tomado la cabeza se han dado cuenta que
prácticamente no hay límites a la actividad legislativa y política para obtener
beneficios. Ellos tienen la última
palabra para designar a las más altas magistraturas y para disponer de fondos
públicos.

Peor aún, la Constitución no le impone límites concretos a
la dimensión material de la legislación de tal manera que la última
preocupación en la agenda de los legisladores es la calidad de la producción
legislativa. El único límite acaba
siendo aquel impuesto por los grupos de interés. El resultado trágico es que los sectores
organizados acaban exprimiendo a los desorganizados (todos nosotros).