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Nadar contracorriente

Redacción
16 de marzo, 2014

En la década de los años noventa, una aguda crisis hizo que Guatemala se replanteara su esquema energético. Para los que aún tenemos memoria de ello, recordamos los apagones frecuentes y en algunos lugares incluso el racionamiento por horarios. Entonces algunos aprovecharon la crisis para forrarse los bolsillos. Surgieron negocios que resultamos pagando todos, por esa inevitable tendencia de socializar las pérdidas y privatizar los privilegios. De esa crisis surgieron aquellas célebres y tristes barcazas de ENRON, unos negocios con los Ingenios y otras generadoras que lograron contratar sus precios a peso de oro, que nosotros los usuarios terminamos pagando en nuestras facturas. 

Como solución a este esquema energético fallido, se emitió la Ley General de Electricidad y sus Reglamentos, en el año de 1996, que vino a revolucionar todo el subsector eléctrico, abriendo a la libre competencia la generación de energía, permitiendo que al día de hoy haya más de 80 centrales generadoras funcionando en nuestro país, con diferentes tecnologías, lo que ha permitido que al menos el déficit haya desaparecido. 
Dentro de ese esquema se mantuvo al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, como garante del mandato constitucional contenido en su artículo 129, que declara la electrificación de urgencia nacional. Surgió entonces el Plan de Electrificación Rural, en el que el INDE de la mano con las distribuidoras autorizadas extendió sus redes para permitir que la energía eléctrica abarcara al día de hoy al 87% de la población, según cifras del INDE. 
Este ente estatal desempeña dentro del mercado nacional de energía un papel de primera importancia. Como es propietario de grandes centrales hidroeléctricas, como Chixoy, Aguacapa y Jurún Marinalá, aporta al sistema significativos bloques de energía, en condiciones de libre competencia, en algunos casos. Este papel de proveedor de energía se ha visto comprometido desde hace mucho tiempo con un conflicto que no parece estar cerca de solucionarse, pues ha ido degenerando en un zafarrancho político. La Municipalidad de Quetzaltenango, quien había firmado un contrato de suministro de energía con el INDE desde finales de los setenta, le adeuda casi un millardo de quetzales por precios que se ha negado a cubrir. Esta municipalidad es propietaria de la distribuidora de energía local, Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, que ha estado pagando al INDE por el suministro de energía, precios pactados hace más de treinta años, apenas ajustados en los ochenta, pero significativamente por debajo de los precios actuales de la energía. 
El INDE por su parte, inexplicablemente, permitió que esta deuda se fuera acumulando hasta formar una bolsa de dinero inconmensurable, e imposible de pagar por la municipalidad altense. Recién hace unos años empezaron los tiras y encoges entre ambas entidades para negociar el pago de la deuda, entre demandas judiciales, denuncias públicas, mesas de negociación, etc. El alcalde se ha comprometido en varias ocasiones a pagar lo adeudado y en la misma cantidad de veces ha incumplido total o parcialmente sus compromisos. Ante este escenario, uno creería que ya no podría haber sorpresas, pero en esta república tropical, siempre hay más… 
Ahora resulta que un grupo de diputados altenses están promoviendo en el Congreso una ley que “municipalice” (por darle un calificativo a esta maniobra ilegal, inconstitucional e irresponsable) a la hidroeléctrica Santa María, a favor de la Empresa Municipal de Quetzaltenango, con el objeto que ésta pueda controlar el impacto de la tarifa que deberán pagar los quezaltecos cuando la situación de su ciudad se regularice con las tarifas que pagamos los demás ciudadanos de éste país. Es decir que se quiere premiar a dicha ineficiente entidad, con unas instalaciones cuya manutención hemos pagado todos los habitantes de la República con nuestros impuestos, para proteger la vida política de un grupo de politiqueros que han vivido de saquear los pocos recursos del Estado. La Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de dicha maniobra, esperamos que no sea una voz solitaria que clame en el desierto…

Nadar contracorriente

Redacción
16 de marzo, 2014

En la década de los años noventa, una aguda crisis hizo que Guatemala se replanteara su esquema energético. Para los que aún tenemos memoria de ello, recordamos los apagones frecuentes y en algunos lugares incluso el racionamiento por horarios. Entonces algunos aprovecharon la crisis para forrarse los bolsillos. Surgieron negocios que resultamos pagando todos, por esa inevitable tendencia de socializar las pérdidas y privatizar los privilegios. De esa crisis surgieron aquellas célebres y tristes barcazas de ENRON, unos negocios con los Ingenios y otras generadoras que lograron contratar sus precios a peso de oro, que nosotros los usuarios terminamos pagando en nuestras facturas. 

Como solución a este esquema energético fallido, se emitió la Ley General de Electricidad y sus Reglamentos, en el año de 1996, que vino a revolucionar todo el subsector eléctrico, abriendo a la libre competencia la generación de energía, permitiendo que al día de hoy haya más de 80 centrales generadoras funcionando en nuestro país, con diferentes tecnologías, lo que ha permitido que al menos el déficit haya desaparecido. 
Dentro de ese esquema se mantuvo al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, como garante del mandato constitucional contenido en su artículo 129, que declara la electrificación de urgencia nacional. Surgió entonces el Plan de Electrificación Rural, en el que el INDE de la mano con las distribuidoras autorizadas extendió sus redes para permitir que la energía eléctrica abarcara al día de hoy al 87% de la población, según cifras del INDE. 
Este ente estatal desempeña dentro del mercado nacional de energía un papel de primera importancia. Como es propietario de grandes centrales hidroeléctricas, como Chixoy, Aguacapa y Jurún Marinalá, aporta al sistema significativos bloques de energía, en condiciones de libre competencia, en algunos casos. Este papel de proveedor de energía se ha visto comprometido desde hace mucho tiempo con un conflicto que no parece estar cerca de solucionarse, pues ha ido degenerando en un zafarrancho político. La Municipalidad de Quetzaltenango, quien había firmado un contrato de suministro de energía con el INDE desde finales de los setenta, le adeuda casi un millardo de quetzales por precios que se ha negado a cubrir. Esta municipalidad es propietaria de la distribuidora de energía local, Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, que ha estado pagando al INDE por el suministro de energía, precios pactados hace más de treinta años, apenas ajustados en los ochenta, pero significativamente por debajo de los precios actuales de la energía. 
El INDE por su parte, inexplicablemente, permitió que esta deuda se fuera acumulando hasta formar una bolsa de dinero inconmensurable, e imposible de pagar por la municipalidad altense. Recién hace unos años empezaron los tiras y encoges entre ambas entidades para negociar el pago de la deuda, entre demandas judiciales, denuncias públicas, mesas de negociación, etc. El alcalde se ha comprometido en varias ocasiones a pagar lo adeudado y en la misma cantidad de veces ha incumplido total o parcialmente sus compromisos. Ante este escenario, uno creería que ya no podría haber sorpresas, pero en esta república tropical, siempre hay más… 
Ahora resulta que un grupo de diputados altenses están promoviendo en el Congreso una ley que “municipalice” (por darle un calificativo a esta maniobra ilegal, inconstitucional e irresponsable) a la hidroeléctrica Santa María, a favor de la Empresa Municipal de Quetzaltenango, con el objeto que ésta pueda controlar el impacto de la tarifa que deberán pagar los quezaltecos cuando la situación de su ciudad se regularice con las tarifas que pagamos los demás ciudadanos de éste país. Es decir que se quiere premiar a dicha ineficiente entidad, con unas instalaciones cuya manutención hemos pagado todos los habitantes de la República con nuestros impuestos, para proteger la vida política de un grupo de politiqueros que han vivido de saquear los pocos recursos del Estado. La Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de dicha maniobra, esperamos que no sea una voz solitaria que clame en el desierto…