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Inhumana pretensión de criminalizar

Redacción
23 de julio, 2014

Como todo en la vida, siempre están las dos caras de una misma moneda, y cada cara, refleja distintos mensajes. Tal el caso de la migración, cuando el fenómeno se analiza desde una perspectiva distante y represiva por funcionarios que desconocen la realidad del fenómeno migratorio. 

De un lado, hoy se escuchan voces de personas y autoridades, que culpan a los “coyotes” por el flujo creciente de menores que contra viento y marea buscan alcanzar el “sueño americano” a lo que se suma hoy la condena moral a los padres de los menores no acompañados por el empeño de que sus hijos puedan alcanzar territorio estadounidense, a pesar de los tremendos riesgos que enfrentan a lo largo del trayecto.
Ciertamente, entre los llamados “coyotes”, operadores de ese tráfico ilícito de migrantes, se encuentra un gran número de sujetos que aprovechan el temor que provoca la violencia interna y la impotencia ante la falta de oportunidades en educación y empleo para convencer a los interesados de las ventajas de contratar sus servicios. 
 Ciertamente muchos de ellos lejos de velar por un tránsito seguro prometido a sus clientes, resultan ser irresponsables delincuentes o criminales que incurren en el delito de Trata de personas promoviendo la explotación esclava de quienes confiaron en ellos. 
Pero también están los otros, que si bien operan al margen de la ley, también hacen su mejor esfuerzo por cumplir lo que ofrecen. Son aquellos que conocen las rutas viables cruzando territorio mexicano, y que además ya establecieron contactos con agentes ubicados a lo largo del trayecto negociando pagos oportunos que les permite superar los obstáculos en el tránsito hacia la frontera norte. 
Son los que tienen más demanda porque se corre la voz entre los grupos familiares y comunidades sobre el exitoso resultado de su trabajo multiplicando la solicitud de sus servicios. Se trata pues, de distintas dimensiones ya que en el primer caso, el coyote extorsiona y engaña a quienes los contratan en el marco de la migración irregular a lo que muchas veces se suma el delito de Trata de personas y el potencial riesgo de daño certero para aquellos que confiaron en ellos. 
De la misma forma, también existen dos situaciones que impactan a los padres y familiares de los menores migrantes: Los que residen en Guatemala y que ven como una forma de superar su pobreza las remesas que podrían enviar los hijos al obtener un trabajo pero que simultáneamente están conscientes de la grave situación de inseguridad y amenaza diaria para sus hijos junto a la falta de oportunidad para su futuro. Pero en ambos casos prevalece la convicción de que hacen el mejor esfuerzo hacia un futuro más promisorio para sus hijos. 
Pero también están los otros; los que ya residen en Estados Unidos y que aspiran a retomar la vida familiar junto a sus hijos. Ellos, ante la imposibilidad de acompañarles personalmente, contratan a alguien que les inspire confianza para que guíe el tránsito que les permita retomar la tutela efectiva de sus hijos. 
De allí la inhumanidad de la propuesta reciente de la Fiscal General, dirigida a criminalizar a los padres de los menores migrantes, seguramente producto de la total ignorancia de las circunstancias que fuerzan a los padres a aceptar las condiciones de riesgo en el traslado de sus hijos. 
Preocupa que las autoridades en Guatemala prioricen su atención en acciones represivas destinadas a complacer las demandas de los países receptores y no en propuestas destinadas a establecer los acuerdos internos y bilaterales que permitan terminar con la irregularidad de la migración en un mediano plazo. 
Lo que es un hecho es que mientras un país tan desarrollado como EUA tenga demanda de trabajadores y un país con “en vías de desarrollo” tenga imposibilidad para enfrentar el crecimiento poblacional, seguirá el estímulo para una migración sin oportunidad de la regularización necesaria.
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