Varios en la izquierda dicen que la nuestra es una constitución liberal. De ello derivan la conclusión que la estructura político-jurídica de Guatemala existe para beneficiar a la élite económica en dos sentidos: 1. mantener a salvo sus privilegios mediante la exclusión política de las mayorías; 2. compaginar con su discurso neoliberal de un Estado mínimo que ha dejado en trapos de cucaracha la seguridad pública para permitir su privatización. 

Nuestra Constitución está lejos de ser liberal. Una constitución liberal tendría un excelente equilibrio entre un Estado fuerte para brindar seguridad y un respeto a los derechos fundamentales de las personas. Nuestra Constitución ha fallado enormemente en este sentido. Ello inicia en sus primeros artículos en los que se establece que los detenidos deben ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo máximo de 6 horas, que deben ser interrogados dentro de las 24 horas desde su detención (plazos que son difíciles de cumplir) y que el allanamiento en propiedad privada sólo se puede hacer entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, beneficiando así al criminal que puede esconderse y huir en horas de la noche.

Luego tenemos la pésima estructura judicial. Al Organismo Judicial se le asigna un magro 2% del presupuesto nacional, un monto ridículo para tan importante función y que no permite que se materialice la independencia económica. 

Luego los magistrados de la Corte Suprema de Justicia duran apenas 5 años en funciones y son electos por el Congreso por el sistema de comisiones de postulación que ya ha probado ser un fracaso. Ambas regulaciones facilitan la politización de nuestras cortes porque los magistrados, para asegurar su estabilidad laboral, deben responder a los interese de quienes los eligen y las comisiones han abierto las puertas también a la politización de la academia. Lo mismo sucede con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes apenas duran 5 años y la mayoría de ellos son electos por los organismos políticos por excelencia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aquellos que la propia CC debe poner en su lugar cuando violan la Constitución. 

Luego tenemos el tema de la propiedad privada. El artículo 39 de la Constitución la protege pero al mismo tiempo introduce el caballo de Troya al decir que “toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”. Al condicionar el uso de la propiedad a la ley se permiten aberraciones jurídicas como la Ley de Extinción de Dominio. Además, todo lo que está en el subsuelo, y los yacimientos de hidrocarburos y minerales, son propiedad del Estado, lo que genera el enorme conflicto social que hoy vemos en la industria minera.

Una constitución liberal tendría bien delimitados las funciones del Estado, pero el artículo 119 de la nuestra es una enorme lista de las obligaciones del Estado, que van desde construir viviendas populares y defender a los consumidores hasta promover el desarrollo ordenado del comercio. Las funciones de nuestro Estado son inagotables, aunado al hecho que el artículo 118 establece que el régimen económico de Guatemala se funda en principios de justicia social, principio criticado por los liberales. 

Nuestra Constitución también establece un régimen laboral bastante pesado con sus regulaciones sobre los derechos sociales mínimos que hacen bastante onerosa la contratación al patrono y limita las posibilidades de darle trabajo a más personas. Incluso el derecho de huelga de los trabajadores del Estado está regulado en la Constitución 

Nuestra Constitución no es liberal, falló en crear un Estado que ejerza su función esencial de brindar seguridad y justicia. Además, su regulación se adapta más al constitucionalismo social.