Los enfrentamientos más recientes giran alrededor de la construcción de la Hidroeléctica Santa Rita, en Alta Verapaz, cuya negociación viene desde hace seis años. El pasado 30 de julio, tal y como lo indicó el presidente de la República, Otto Pérez Molina, fue “un día histórico” tras la firma de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Cobán y la Hidroeléctrica Santa Rita, superando así una etapa de enfrentamientos y oposiciones. A dos semanas de este evento, Alta Verapaz se ha convertido de nuevo en un escenario de fuertes pugnas.
Luego de cinco meses de diálogo entre la comunidad, la empresa y distintas autoridades, se lograron establecer los acuerdos para entablar una relación de cooperación y de beneficio para todos. El Convenio firmado tendría vigencia de 20 años y promovería el desarrollo de proyectos comunitarios que ayudarán a 7mil habitantes de este municipio en cinco ejes: (i) agua y saneamiento, (ii) educación, (iii) productividad, (iv) fortalecimiento a la gestión comunitaria y (v) cultura.
Sin embargo, dicho Convenio parece ahora no tener vigencia alguna, luego de que organizaciones, como el Observatorio de Pueblos Indígenas y el Comité de Unidad Campesina, acusaran a las autoridades de violaciones a los derechos humanos, como desalojo y ejecución extrajudicial de miembros del Pueblo Maya Q’eqchi y en particular de los habitantes de Monte Olivo. A pesar que aparentemente hubo un esfuerzo genuino de diálogo, parecieran haber quienes se esfuerzan en perpetuar y promover conflicto.
El que proyectos como este no prosperen no solo es dañino en sí mismo, sino también daña a todo el país, ya que las hidroeléctricas representan la forma más inmediata de reducir el costo ponderado de nuestra matriz energética. 79% de los usuarios de energía eléctrica en el área rural utilizan menos de 100KWh de energía al mes, por lo que tienen acceso a un tarifa preferencial de Q.0.05 por KWh. ¿Cómo explicar las constantes quejas y conflictividad alrededor del costo de la energía eléctrica, cuando en Guatemala estos usuarios pagan la menor tarifa de toda Latinoamérica? Me parece que las explicaciones van en dos sentidos.
En primer lugar, dicha explicación gira en torno a esa práctica inusual donde las municipalidades cobran a través de la factura eléctrica una serie de gastos bajo el paraguas conceptual de “alumbrado público”. Si a las municipalidades no les alcanza para cubrir sus gastos ordinarios, debemos buscar otros esquemas para financiar las alcaldías.
Es importante mencionar que 6 de cada 10 guatemaltecos, en el área rural, pagan más por alumbrado público que por su propio consumo eléctrico. Esto debido a (i) el hecho que el cobro municipal es dividido equitativamente entre el número de consumidores en lugar de prorratear esos montos por consumo, (ii) cobros de rubros como bombeo de aguas, electricidad de los edificios municipales y otros en la factura eléctrica y (iii) cobran un “remanente” de hasta 60%. Esta práctica, en lugar de ser una transferencia condicionada para reducir la pobreza, constituye una transferencia obligatoria a la inversa.
En segundo lugar, los guatemaltecos también somos sometidos a otra serie de abusos como el robo de energía eléctrica. Según datos de Energuate tal práctica representa el 7.5% de su facturación. Existen grupos inescruplosos que han perfeccionado un modelo de negocios donde sabotean las redes eléctricas, incitan a la población a protestar y posteriormente restauran el servicio bajo su nombre. Ese robo energético se convertirá en un impuesto para todos los demás que sí pagamos nuestra factura eléctrica a quien corresponde.
Nuestra Nación nunca prosperará si cada quien juega bajo sus propias reglas. Todos sabemos que robar es incorrecto y que esa nunca será la forma con que se logre el desarrollo de nuestro país. Estoy convencido que los ciudadanos de bien somos más, pero aún no nos hemos hecho valer. Salgamos a denunciar activamente cualquier ilegalidad, incluyendo este tema de robo energético. En este río revuelto, este tipo de prácticas será ganancia de algunos pescadores, pero quien pierde más es el resto de Guatemala. Bajo estas condiciones es imposible atraer más inversion y generar más empleo, sobretodo en las áreas donde el país más lo necesita.
www.salvadorpaiz.com
Los enfrentamientos más recientes giran alrededor de la construcción de la Hidroeléctica Santa Rita, en Alta Verapaz, cuya negociación viene desde hace seis años. El pasado 30 de julio, tal y como lo indicó el presidente de la República, Otto Pérez Molina, fue “un día histórico” tras la firma de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Cobán y la Hidroeléctrica Santa Rita, superando así una etapa de enfrentamientos y oposiciones. A dos semanas de este evento, Alta Verapaz se ha convertido de nuevo en un escenario de fuertes pugnas.
Luego de cinco meses de diálogo entre la comunidad, la empresa y distintas autoridades, se lograron establecer los acuerdos para entablar una relación de cooperación y de beneficio para todos. El Convenio firmado tendría vigencia de 20 años y promovería el desarrollo de proyectos comunitarios que ayudarán a 7mil habitantes de este municipio en cinco ejes: (i) agua y saneamiento, (ii) educación, (iii) productividad, (iv) fortalecimiento a la gestión comunitaria y (v) cultura.
Sin embargo, dicho Convenio parece ahora no tener vigencia alguna, luego de que organizaciones, como el Observatorio de Pueblos Indígenas y el Comité de Unidad Campesina, acusaran a las autoridades de violaciones a los derechos humanos, como desalojo y ejecución extrajudicial de miembros del Pueblo Maya Q’eqchi y en particular de los habitantes de Monte Olivo. A pesar que aparentemente hubo un esfuerzo genuino de diálogo, parecieran haber quienes se esfuerzan en perpetuar y promover conflicto.
El que proyectos como este no prosperen no solo es dañino en sí mismo, sino también daña a todo el país, ya que las hidroeléctricas representan la forma más inmediata de reducir el costo ponderado de nuestra matriz energética. 79% de los usuarios de energía eléctrica en el área rural utilizan menos de 100KWh de energía al mes, por lo que tienen acceso a un tarifa preferencial de Q.0.05 por KWh. ¿Cómo explicar las constantes quejas y conflictividad alrededor del costo de la energía eléctrica, cuando en Guatemala estos usuarios pagan la menor tarifa de toda Latinoamérica? Me parece que las explicaciones van en dos sentidos.
En primer lugar, dicha explicación gira en torno a esa práctica inusual donde las municipalidades cobran a través de la factura eléctrica una serie de gastos bajo el paraguas conceptual de “alumbrado público”. Si a las municipalidades no les alcanza para cubrir sus gastos ordinarios, debemos buscar otros esquemas para financiar las alcaldías.
Es importante mencionar que 6 de cada 10 guatemaltecos, en el área rural, pagan más por alumbrado público que por su propio consumo eléctrico. Esto debido a (i) el hecho que el cobro municipal es dividido equitativamente entre el número de consumidores en lugar de prorratear esos montos por consumo, (ii) cobros de rubros como bombeo de aguas, electricidad de los edificios municipales y otros en la factura eléctrica y (iii) cobran un “remanente” de hasta 60%. Esta práctica, en lugar de ser una transferencia condicionada para reducir la pobreza, constituye una transferencia obligatoria a la inversa.
En segundo lugar, los guatemaltecos también somos sometidos a otra serie de abusos como el robo de energía eléctrica. Según datos de Energuate tal práctica representa el 7.5% de su facturación. Existen grupos inescruplosos que han perfeccionado un modelo de negocios donde sabotean las redes eléctricas, incitan a la población a protestar y posteriormente restauran el servicio bajo su nombre. Ese robo energético se convertirá en un impuesto para todos los demás que sí pagamos nuestra factura eléctrica a quien corresponde.
Nuestra Nación nunca prosperará si cada quien juega bajo sus propias reglas. Todos sabemos que robar es incorrecto y que esa nunca será la forma con que se logre el desarrollo de nuestro país. Estoy convencido que los ciudadanos de bien somos más, pero aún no nos hemos hecho valer. Salgamos a denunciar activamente cualquier ilegalidad, incluyendo este tema de robo energético. En este río revuelto, este tipo de prácticas será ganancia de algunos pescadores, pero quien pierde más es el resto de Guatemala. Bajo estas condiciones es imposible atraer más inversion y generar más empleo, sobretodo en las áreas donde el país más lo necesita.
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