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Gatos, liebres y leyes de vegetales en el Congreso

Redacción República
29 de agosto, 2014

En Guatemala, los últimos años, han surgido temas y situaciones que nos ponen en conflicto de opinión como sociedad. He escuchado a más de uno mencionar su asombro por la capacidad del chapín de polarizar las ideas. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de junio cuando el Congreso de la República aprobó el Decreto 19-2014, Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, inicialmente para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos como país en el 2006 al adherirnos al Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) derivado de la firma del TLC entre Centroamérica y EEUU (DR-CAFTA). La ley en sí supone la protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual de quienes invierten, estudian y logran crear una nueva invención; en este caso nuevas, y hago el énfasis en nuevas variedades vegetales producto del mejoramiento y selección de “cruces” de una misma especie con intervención del hombre. En definitiva, esta ley podría servir como incentivo basado en derechos propiedad por la débil cultura que tiene el país de invertir en investigación y desarrollo.

Si bien la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales se esperaba fuera otra ley que pasaría por puro trámite al ser cumplimiento a un compromiso internacional, ninguno de los legisladores se hubiera imaginado, casi tres meses más tarde, que estaríamos hablando de una ley con opiniones divididas y con miras a su derogación.

A pesar que ésta posee abundante contenido técnico y que suponía un acto de buena fe para los 82 diputados que votaron a favor, hubo acciones y prácticas parlamentarias poco ortodoxas que dejan un mal sabor de boca y no aportan a la desgastada imagen del actual Congreso de la República de Guatemala.

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Entonces, si ésta era una ley de compromiso para el país, que suponía una aprobación de buena fe para los 82 diputados que votaron a favor ¿En dónde se equivocaron? Primero, no se tomo en cuenta y me atrevo a decir que los legisladores nunca se enteraron que dentro de la ley, que requiere un profundo conocimiento técnico para entenderla, se involucra el cultivo emblema de nuestro país, el maíz, que no sólo es patrimonio cultural nacional sino es básico para la subsistencia de millones de guatemaltecos. Segundo, a pesar que la aprobación a la ley fue durante la euforia previa al Mundial de Futbol, pensando sería pasada a la ligera, hubo medios que dieron cobertura y dieron la alarma para que se profundizara en dicha ley, despertando opiniones de diversos sectores del agro que desconocían del tema en su momento.

Tercero y creo fue el detonante que llamó atención en medios, fue el Artículo 46 de la ley en donde se hace una ampliación presupuestaria por Q550 millones al Ministerio de Comunicaciones, que nada tiene que ver con la Ley de Vegetales y causa malestar, que dicho sea de paso algunos critican que ese dinero será destinado a más campaña publicitaria para la institución. Partiendo de estos tres hechos las opiniones se dividieron y abonado a la falta de conocimiento e información se creó una bola de nieve que provocó la satanización de la ley al punto de relacionarla como una ley que promueve los cultivos transgénicos, lo cual nada tiene que ver, o que beneficia a compañías dedicadas al mejoramiento de semillas como Monsanto entre ellas.

Nuevamente, si bien es necesario que Guatemala cumpla con los acuerdos a los cuales se ha adherido, es aun más importante que estos temas como la Ley de Vegetales se discutan con amplitud para lograr su objetivo, se tropicalicen, se informen y se socialicen en beneficio y comprensión de la mayoría, incluyendo a la comunidad académica, grupos sociales y ambientalistas. Por otro lado, quizá es la forma poco convencional de cómo se están aprobando las leyes en Guatemala, donde incluyen artículos sin ninguna relación con el objeto principal de las mismas, tal como lo realizado con otras iniciativas recientes como la Ley de Túmulos y la Ley de Telecomunicaciones, esperando que la probable derogación de esta ley marque un precedente para que los legisladores se informen, opinen y se responsabilicen de las leyes que aprueban. Hay mucho trabajo por hacer y necesitamos que el Congreso trabaje en prospectiva más no en retrospectiva haciendo doble trabajo.

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