Para eliminar la pobreza en Guatemala, o al menos reducirla drásticamente, debemos aumentar el volumen de capital (inversiones como fábricas y maquinaria que aumentan la productividad) por trabajador. Para ampliar el capital es necesario que empresarios e inversionistas puedan planificar a largo plazo con el objeto de recuperar la inversión y obtener ganancias. Y para planificar las personas deben tener la posibilidad de predecir las consecuencias legales de sus acciones, hecho que sólo es posible con un buen sistema de justicia, estable en sus decisiones y que resuelva pronto. ¿Por qué? Porque los fallos repetidos de los jueces en casos similares permiten que las personas se hagan una idea de cuál sería la sentencia si ellos se encontraran en un juicio parecido y en consecuencia condicionan sus actos conforme a ello: si los jueces fallaron consistentemente de esta manera en los juicios A, B y C, seguro decidirán de la misma forma en el mío, por lo tanto hago o no hago esto.

Ello aplica a cualquier rama del derecho. En materia penal, que es de las más urgentes corregir, la certeza de un castigo pronto envía un fuerte mensaje: el que delinque sin duda será castigado. En consecuencia el riesgo de cometer un crimen aumenta y los potenciales criminales se ven desalentados a matar, robar o estafar. Guatemala ilustra el caso contrario. Como las probabilidades de ser castigados son pocas, las personas tienen más incentivos para delinquir, del político que roba del erario público al hombre que mata por un celular.

La misma historia corre para los tribunales civiles y mercantiles, administrativos y laborales. Por ejemplo, las partes de un contrato estarán mucho más dispuestas a respetar los acuerdos si saben que un tribunal los condenará a reparar el daño en caso faltaren a su palabra. En Guatemala, los juicios duran años, aumentando el costo de acudir a los tribunales y la incertidumbre de obtener un buen fallo. ¿Quién querría invertir en un contexto así? Con tanto caos, destinar capital a Guatemala no es una inversión, es un riesgo.

La esencia de un país ordenado, pacífico y próspero se encuentra en sus tribunales. Trabajar por una reforma del sistema de justicia, la policía y el Ministerio Público, debería ser lo más importante de la agenda nacional en este momento. Estoy seguro que la mayoría de personas, sin importar su ideología, estarán de acuerdo. De la derecha hasta la izquierda, dudo mucho que haya quienes no deseen un Organismo Judicial ejemplar, no sólo por cuestiones de atraer capital, sino por el hecho de vivir en paz, de poder salir a la calle sin temer por la vida, de ser, en conclusión, libres.

Lamentablemente el debate político se ha enfocado en cuestiones secundarias. Preferimos hablar de la necesidad o no de la seguridad social, de la salud y educación públicas, de la redistribución de la riqueza, de los tratados de libre comercio e impuestos progresivos etc., sin caer en cuenta que si no tenemos, como mínimo, una justicia notable el país seguirá a la deriva. Que no se me malinterprete, los asuntos que enumeré son importantes discutirlos, pero todo tiene un orden de importancia y al frente se encuentra hoy día la justicia.

Para nadie es un secreto que los países desarrollados están sufriendo las consecuencias de una grave irresponsabilidad en la administración pública (enormes déficits públicos y burocracias, crisis financieras). Sin embargo, el respeto a la ley sigue siendo un elemento importante en la cultura de sus ciudadanos gracias a tribunales que gozan de alta credibilidad y como resultado, aún preservan un gran clima de orden y libertad.