La energía es un factor vital para la generación de riqueza de una sociedad. El acceso doméstico y oferta de la misma para las diversas actividades económicas refleja en gran medida el grado de “competitividad” de un país pues ello trae aparejado los niveles de inversión y empleo. En otras palabras, un sector energético débil es equivalente a escasos o bajos niveles de inversión y empleo, y en consecuencia, una mayor propensión a la pobreza y la marginalidad, a la inseguridad y a la violencia.
Guatemala posee una hidrografía abundante. Sus 38 cuencas hídricas, siete lagos, 365 lagunas, 779 lagunetas, y por lo menos 317 ríos, se ven influidos por un régimen de lluvias y fenómenos océano-atmosféricos que favorecen el potencial hidrológico del país para la generación hidroeléctrica; se estima que nuestros caudales hídricos poseen energía para generar al menos 4,500 megavatios de electricidad, casi tres veces más que la demanda actual (1,700 MW).
No obstante aquel potencial y el valor estratégico del sector energético, la generación de energía a partir de agua constituye hoy en día un foco importante de conflictividad social. Y nuevamente, como en el caso de la minería, el fenómeno no se circunscribe únicamente a factores técnicos, legales e institucionales, tales como la contaminación de los ríos y los estudios de impacto ambiental. El narcotráfico, la corrupción, el carácter ideológico de izquierda que pulula en organizaciones sociales, ambientales, cooperación interancional e iglesia y el status quo del poder político y sus clientes, tanto a nivel municipal como nacional, generan un complejo entramado del problema, digno de frustación e impotencia.
Mover la opinión pública hacia soluciones estructurales, de sistema, es vital. Despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas y limitar la función de los gobiernos (nacional y municipales) es tan urgente como derogar el artículo 121 y 127 de la Constitución de la República. Seguir considerando los recursos hídricos como bienes del Estado y de dominio público solamente empeora la ya caótica realidad nacional. La propiedad estatal del agua conduce inevitablemente a la Tragedia de los comunes: todos tienen los incentivos para acelerar y aumentar sus excesos en el uso del recurso, nadie tiene los incentivos para abstenerse o reducir sus niveles de consumo . Bajo las condiciones actuales, en las que es el Gobierno quien otorga licencias de aprovechamiento, no existe un sistema de precios que ajuste el valor del recurso según su escases y forma de uso.
El sistema de derechos de propiedad, contrario al sistema de regalías vigente desde la época colonial, genera los incentivos que se ajustan a la naturaleza humana—la del deseo muy natural de mejorar el bienestar propio y de la familia con prioridad; dichos incentivos permiten generar información (precios) que permiten internalizar los costos al ambiente (contaminación), desarrollar innovaciones y evitar así el desperdicio y la degradación del recurso.
La participación de hidroeléctricas en la oferta energética alcanza ya el 33%, una tercera parte de la demanda. No obstante, varios proyectos de inversión permanecen sitiados por organizaciones criminales y delictivas, generalmente con nexos políticos, estancados en procesos legales de consultas tan manipuladas como inútiles, ignorados por los caudillos locales (alcaldes), sometidos por organizaciones sociales lideradas por ex-guerrilleros, acusados por una iglesia que sataniza el capital y burlados por organizaciones ambientales supuestamente pro-empresa; en fin, estos proyectos tienen un sobre-costo muy alto: seguridad privada, proyectos sociales y ambientales en exceso, burocracia y lobby político.
¡Mientras no te atrevas a cuestionar tus premisas y no exijas del Congreso los cambios al sistema, el caos será la constante…no te quejes!
La energía es un factor vital para la generación de riqueza de una sociedad. El acceso doméstico y oferta de la misma para las diversas actividades económicas refleja en gran medida el grado de “competitividad” de un país pues ello trae aparejado los niveles de inversión y empleo. En otras palabras, un sector energético débil es equivalente a escasos o bajos niveles de inversión y empleo, y en consecuencia, una mayor propensión a la pobreza y la marginalidad, a la inseguridad y a la violencia.
Guatemala posee una hidrografía abundante. Sus 38 cuencas hídricas, siete lagos, 365 lagunas, 779 lagunetas, y por lo menos 317 ríos, se ven influidos por un régimen de lluvias y fenómenos océano-atmosféricos que favorecen el potencial hidrológico del país para la generación hidroeléctrica; se estima que nuestros caudales hídricos poseen energía para generar al menos 4,500 megavatios de electricidad, casi tres veces más que la demanda actual (1,700 MW).
No obstante aquel potencial y el valor estratégico del sector energético, la generación de energía a partir de agua constituye hoy en día un foco importante de conflictividad social. Y nuevamente, como en el caso de la minería, el fenómeno no se circunscribe únicamente a factores técnicos, legales e institucionales, tales como la contaminación de los ríos y los estudios de impacto ambiental. El narcotráfico, la corrupción, el carácter ideológico de izquierda que pulula en organizaciones sociales, ambientales, cooperación interancional e iglesia y el status quo del poder político y sus clientes, tanto a nivel municipal como nacional, generan un complejo entramado del problema, digno de frustación e impotencia.
Mover la opinión pública hacia soluciones estructurales, de sistema, es vital. Despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas y limitar la función de los gobiernos (nacional y municipales) es tan urgente como derogar el artículo 121 y 127 de la Constitución de la República. Seguir considerando los recursos hídricos como bienes del Estado y de dominio público solamente empeora la ya caótica realidad nacional. La propiedad estatal del agua conduce inevitablemente a la Tragedia de los comunes: todos tienen los incentivos para acelerar y aumentar sus excesos en el uso del recurso, nadie tiene los incentivos para abstenerse o reducir sus niveles de consumo . Bajo las condiciones actuales, en las que es el Gobierno quien otorga licencias de aprovechamiento, no existe un sistema de precios que ajuste el valor del recurso según su escases y forma de uso.
El sistema de derechos de propiedad, contrario al sistema de regalías vigente desde la época colonial, genera los incentivos que se ajustan a la naturaleza humana—la del deseo muy natural de mejorar el bienestar propio y de la familia con prioridad; dichos incentivos permiten generar información (precios) que permiten internalizar los costos al ambiente (contaminación), desarrollar innovaciones y evitar así el desperdicio y la degradación del recurso.
La participación de hidroeléctricas en la oferta energética alcanza ya el 33%, una tercera parte de la demanda. No obstante, varios proyectos de inversión permanecen sitiados por organizaciones criminales y delictivas, generalmente con nexos políticos, estancados en procesos legales de consultas tan manipuladas como inútiles, ignorados por los caudillos locales (alcaldes), sometidos por organizaciones sociales lideradas por ex-guerrilleros, acusados por una iglesia que sataniza el capital y burlados por organizaciones ambientales supuestamente pro-empresa; en fin, estos proyectos tienen un sobre-costo muy alto: seguridad privada, proyectos sociales y ambientales en exceso, burocracia y lobby político.
¡Mientras no te atrevas a cuestionar tus premisas y no exijas del Congreso los cambios al sistema, el caos será la constante…no te quejes!