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El Señor Presidente General Otto Fernando Pérez Molina

Redacción
31 de agosto, 2015

La pregunta fundamental de todo guatemalteco posterior a la expresión popular de descontento, indignación y repudio es por donde debe comenzar el cambio en el orden social. Primero debemos entender que la crisis no es una crisis de nación. La nación es ese conglomerado social compuesto por todos los guatemaltecos que día a día enfrentan las vicisitudes y los problemas cotidianos.

El problema radical es un problema de Estado. El Estado de Guatemala, cuya unidad política se rompió dando lugar a una desestabilización de Estado que ha alcanzado una reacción pacífica pero enérgica de la voluntad popular. Las múltiples manifestaciones en forma física y a través de las redes social de guatemaltecos de todos los sectores sociales de Guatemala, obligan a las instituciones de Estado a restablecer el orden estatal tanto en la gobernabilidad como en las instituciones.

Es incongruente señalar delitos en la población como equivocadamente lo hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Mucho menos las declaraciones irresponsables del Señor Presidente General Otto Pérez Molina sobre la existencia de dos líneas o de dos focos de corrupción.

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La empresa privada de Guatemala, una de las mejores del mundo, se mueve bajo los dos ejes fundamentales de desarrollo de mercado: el primero es asumir riesgos. El segundo es realizar un trabajo con excelencia. Cualesquiera que falte hace posible que un consumidor cruel que elige libremente pueda excluirlos inmediatamente del mercado.

En su primer año de gobierno, el Señor Presidente se excedió en el cobro del impuesto de circulación de vehículos provocando con su acción el descontento popular. Sin embargo la medida de rebajar a la mitad el impuesto y condonar el siguiente año a los que habían pagado el leonino impuesto hizo que la voluntad popular sobre la cual reside el poder viera con buenos ojos y como una acción prudente de su parte.

La nación de Guatemala, es una nación de gente trabajadora y próspera. Migrantes, economía informal, mano de obra no calificada, mano de obra calificada, empresarios, etc., han mantenido con su esfuerzo el país adelante. El Estado de Guatemala no produce solo gasta. Si el caso de defraudación aduanera se dio por excesivos aranceles el mensaje es claro debe devolvérseles a los empresarios la cantidad que pagaron de más y equipararla a lo cobrado por los funcionarios que cobraron a unos empresarios una cantidad significativamente menor.

Esta acción implica una hospitalización de la crisis, un incentivo a la productividad del país. Aranceles altos crea clientelismo y medidas que tiendan a minimizar los costos de la gente productiva. Tratar como delincuente a un empresario solo puede venir de la miopía de alguien que como funcionario de Estado o de un ente supranacional vive y gana su salario a costas de los que producen y procuran mantener la economía de Guatemala en niveles competitivos a nivel global.

La roña de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público tiene inclinaciones evidentes de una mentalidad estatista y no de mercado. Llama corrupto a individuos que actúan un en un sistema gubernamental que procura por todos los medios dificultar el libre ejercicio de la productividad en Guatemala.

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