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División de poderes

Redacción
03 de septiembre, 2015

La división de poder se concibió como uno de esos mecanismos para evitar el ejercicio del poder por una sola persona o un solo grupo de personas.
La división de poder, sin embargo, debe realizarse en el plano de la separación efectiva del poder. Debe ser un mecanismo de desconcentración del poder. ¿Qué significa? Simplemente establecer en la constitución que se separan los poderes y que no hay subordinación entre ellos no es suficiente. Se requieren mecanismos efectivos que eviten que solapadamente una sola persona o grupo controle a los demás agentes políticos.
Hoy día, en Guatemala, estamos viviendo un fenómeno de este tipo. El ejecutivo, el presidente, y hasta hace poco, la ex vicepresidente, eran quienes controlaban el congreso y confabularon para controlar al Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Junta Monetaria, Banco de Guatemala y Organismo Judicial. En algunos casos no ha funcionado ese plan, aunque es más anomalía que sistema.
El sistema actual permite que por medio de pactos, sobornos, intereses intrínsecos del sistema y personas de pocos escrúpulos y aprecio por su nombre se alineen para permitir el ejercicio concentrado del poder.
Urge que empecemos el diseño de un sistema que aísle los intereses espurios para evitar alineaciones de dichos intereses en pro de concentrar efectivamente el poder en un solo actor o partido.
¿Por dónde empezar? El principal punto de inicio es el sector justicia. Esto es Corte Suprema, salas de Apelaciones y jueces alineados de tal manera que operen, cambien, crezcan dentro del organismo verdaderamente independientes de toda presión económica, política y partidista. Incluye también garantizar que el Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación operen con independencia de los intereses del presidente de la República y de los partidos políticos.
En las cortes, conforme a nuestro sistema, debemos repensar el papel de la corte de Constitucionalidad, su integración y funciones.
Por ello es que no podemos tener un sistema en el que todo el gobierno cambia al mismo tiempo; en el que la clase política decide la integración de todo el sistema, especialmente de aquellos que están llamados a controlar el ejercicio del poder.
La función judicial sirve, aporta, mientras los actores -jueces, magistrados, fiscales- sean poco más o menos permanentes. Garantizando que su presupuesto no sea manejado por el Ministro de Finanzas.
Grandes cambios que harán que en unos 10 años podamos hacer cambios en el resto del sistema.

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