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CICIG investiga a jueces y políticos vinculados al crimen organizado

Redacción República
23 de octubre, 2014

Durante
la presentación del informe de labores, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), indicó que durante su gestión se ha realizado
una reestructuración que ha dado como resultado varias investigaciones nuevas, principalmente en el tema de corrupción, contrabando y el financiamiento de los
partidos políticos vinculados al crimen organizado.

Velásquez
anunció que propondrán antejuicios contra los jueces Gisela Reynoso y Adrián Rodríguez
por un supuesto enriquecimiento ilícito, además, resaltó las investigaciones en
contra del magistrado Erick Gustavo Santiago de León, señalado de inclinar sus dictámen en juicios a cambio de pagos en efectivo y la solicitud de
antejuicio para el diputado Gudy Rivera del partido oficial, denunciado por la magistrada Claudia Escobar de recibir presiones para favorecer a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

CICIG
pretende contribuir al fortalecimiento del sistema judicial con principios de
independencia y autonomía de las instituciones que lo conforman, por lo que
adelanta no menos seis investigaciones para determinar una posible relación
entre funcionarios y estructuras paralelas de poder que intentan controlar las
instituciones de justicia a través del poder económico o político, señaló el
jefe de la CICIG.

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Además, dijo que Guatemala necesita fortalecer las instituciones de justicia y
seguridad para ir ganando la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Explicó que el primer año que lleva al frente del organismo internacional reestructuró
todas las secciones de investigación criminal y comenzó la transferencia de las
capacidades a las instituciones de seguridad y justicia como el Ministerio
Público (MP).

Por
su parte, el presidente Otto Pérez Molina resaltó la labor realizada por la Comisión,
pero volvió a insistir que “ha llegado el momento de hacer el trasladado
de esas capacidades” a las instituciones de la justicia guatemalteca.

Pérez
Molina dijo que como país no se puede ser indiferente ante la herencia que
CICIG dejará, señalando que en Guatemala “no puede haber seguridad sin justicia
ni justicia sin seguridad”.

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CICIG investiga a jueces y políticos vinculados al crimen organizado

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23 de octubre, 2014

Durante
la presentación del informe de labores, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), indicó que durante su gestión se ha realizado
una reestructuración que ha dado como resultado varias investigaciones nuevas, principalmente en el tema de corrupción, contrabando y el financiamiento de los
partidos políticos vinculados al crimen organizado.

Velásquez
anunció que propondrán antejuicios contra los jueces Gisela Reynoso y Adrián Rodríguez
por un supuesto enriquecimiento ilícito, además, resaltó las investigaciones en
contra del magistrado Erick Gustavo Santiago de León, señalado de inclinar sus dictámen en juicios a cambio de pagos en efectivo y la solicitud de
antejuicio para el diputado Gudy Rivera del partido oficial, denunciado por la magistrada Claudia Escobar de recibir presiones para favorecer a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

CICIG
pretende contribuir al fortalecimiento del sistema judicial con principios de
independencia y autonomía de las instituciones que lo conforman, por lo que
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entre funcionarios y estructuras paralelas de poder que intentan controlar las
instituciones de justicia a través del poder económico o político, señaló el
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Además, dijo que Guatemala necesita fortalecer las instituciones de justicia y
seguridad para ir ganando la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Explicó que el primer año que lleva al frente del organismo internacional reestructuró
todas las secciones de investigación criminal y comenzó la transferencia de las
capacidades a las instituciones de seguridad y justicia como el Ministerio
Público (MP).

Por
su parte, el presidente Otto Pérez Molina resaltó la labor realizada por la Comisión,
pero volvió a insistir que “ha llegado el momento de hacer el trasladado
de esas capacidades” a las instituciones de la justicia guatemalteca.

Pérez
Molina dijo que como país no se puede ser indiferente ante la herencia que
CICIG dejará, señalando que en Guatemala “no puede haber seguridad sin justicia
ni justicia sin seguridad”.