El pasado 25 de septiembre las dos
bancadas mayoritarias, Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (LIDER),
decidieron elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin tomar en cuenta a las bancadas minoritarias y con un listado consensuado únicamente
entre estas dos fuerzas políticas. Los dos partidos tenían prisa por
elegir a quienes formarán la nueva CSJ el próximo 13 de octubre, ya que no
esperaron que se venciera el plazo legal de 72 horas para impugnar la nómina de
26 aspirantes que envió la Comisión de Postulación al Congreso de la República.
La elección se dio de una forma
sorpresiva e inesperada sin ser consensuada con el resto de organizaciones políticas
representadas en el Congreso, quienes denunciaron una “componenda” entre el PP
y LIDER, calificando esta votación como un pacto de impunidad por la forma en
que se realizó la integración.
Pero no sólo la elección a
magistrados de CSJ se vio envuelta en “negociaciones” entre ambos partidos,
pues también fueron evidentes para elegir a 126 magistrados de Salas de
Apelaciones, pactando un listado entre las dos bancadas, lo cual provocaba un
desgaste a la institucionalidad de la justicia del país. El diputado Orlando Blanco, de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que fue un contubernio entre el PP y
LIDER para repartir la elección de magistraturas. De acuerdo con Blanco, ocho
magistrados fueron escogidos por el Patriota y cinco por LIDER, que ahora es la
bancada mayoritaria con 56 diputados.
La guinda en el pastel que selló y evidenció claramente la alianza del partido oficial y la ‘oposición’ fue la elección de los representantes del Congreso de la República ante la Junta Monetaria (JM), al elegir a Gudy Rivera del PP con 101 votos a favor y Álvaro Trijillo de LIDER, con 100 votos de respaldo, como titular y suplente, respectivamente. Según analistas, se evidenció claramente como ésta unión de fuerzas es el resultado del reparto de cuotas de poder. Los diputados llegarían en un momento en que dicha instancia debe dictaminar acerca de préstamos y seleccionar terna para la Superintendencia de Bancos. Según parlamentarios, esta elección evidencia las negociaciones que realiza el PP y LIDER para consensuar la aprobación de bonos del tesoro por Q4 mil millones.
Debilitamiento Institucional
De acuerdo con Cristhians Castillo,
del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con estos
procedimientos se observa la politización de la justicia en el país. Lo
que resultó recientemente con la votación en el Congreso de la República
refiere muy claramente cómo los intereses políticos están definiendo la
operatividad de lo judicial desde su integración.
El riesgo más grande es que las
nuevas autoridades del poder judicial respondan a intereses políticos, endeudando la
independencia de la justicia, esto como
resultado de todo el proceso de acuerdos, componendas y negociaciones, dice
Castillo. Sin embargo, aclara que la negociación
política no es mala ya que para eso se escogieron a los representantes al
Congreso de la República, pero lo negativo que se observó en la ‘aplanadora toronja,
naranja por fuera y roja por dentro” es que llegaron a un acuerdo mediante el
cual protegen intereses políticos electorales y de impunidad.
Desde esa perspectiva se compromete
la independencia de jueces y magistrados y todo ello se desenlaza con
la dimisión de una de las magistradas reelectas para una Corte de Apelaciones, que señaló que el proceso fue un botín político, por lo que no fue una negociación
a favor de la ciudadanía sino de intereses muy particulares de los dos partidos,
señala Castillo.
Según el analista político, el
Partido Patriota ha impulsado un modelo de gestión pública muy parecido al del
Partido de Avanzada Nacional (PAN) o del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
que son de cooptación de toda la institucionalidad pública.
“Han ido generando una serie de
controles institucionales, algunos muy controversiales como el del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, de la Empresa Portuaria Quetzal o la
Superintendencia de Bancos,que han utilizado los mecanismos políticos establecidos
en la Ley generando influencias desde las cuotas de poder que manejan”,
dice Castillo.
Es un modelo riesgoso que, aunque el
que tenga mayor control de la institucionalidad sea el Partido Patriota, ahora LIDER
empieza a exigir una cuota de ese control, y vemos cómo en la nominación de las
personas que van a la JM como representantes del Congreso es uno
de LIDER y uno del Patriota, producto de esa aplanadora “Toronja”. Eso es riesgoso
porque quien pierde es la sociedad.
Por su parte Marielos Fuentes de
Guatemala Visible, indica que no es sorprendente que existan las negociaciones
entre los partidos políticos porque es usual en este país, algo que no
quiere decir que esté del todo bien. Según Fuentes, conforme se acerca
el proceso de elecciones los diputados buscan mejores opciones y si consideran que
el partido político en el que se encuentran actualmente se está debilitando
inmediatamente buscan un partido que le
ofrezca mayores posibilidades de permanecer en sus puestos, y por ende las
negociaciones de los partidos fuertes.
Además, indica que el debilitamiento
institucional no responde exclusivamente a una negociación que se haya consensuado
entre los dos partidos mayoritarios, en general en el Congreso la tónica es que
cuando se tiene la necesidad de una votación crucial hayan negociaciones, pero
esto es más allá que eso. La elección de los Magistrados tiene debilidades
desde los procesos de postulación porque la Ley no tiene las capacidades para
que las personas que están calificando los expedientes tengan los elementos suficientes
y no subjetivos para elegir a los más idóneos a los puestos.
No es la única ocasión
Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que los dos partidos han votado juntos y en armonía por un mismo fin. La amalgama creada entre el PP y LIDER ha sido determinante para aprobar por ejemplo: la Ley de Telecomunicaciones que enfrenta una batalla legal o la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como ‘Ley Monsanto’, la cual fue derogada meses después de su aprobación. En esa misma Ley se encontraba una ampliación presupuestaria por Q550 millones que estaban destinados al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. También coincidieron en la aprobación del punto resolutivo sobre genocidio y la renovación de frecuencias radioeléctricas.
Otro ejemplo es la aprobación de un préstamo por US$280 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue aprobada en una votación con el apoyo de 146 diputados sin ningún debate en el hemiciclo parlamentario. En estas ocasiones los grupos políticos minoritarios se han molestado; sin embargo, varias de estas leyes se han aprobado de urgencia nacional y de manera exprés.
El pasado 25 de septiembre las dos
bancadas mayoritarias, Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (LIDER),
decidieron elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin tomar en cuenta a las bancadas minoritarias y con un listado consensuado únicamente
entre estas dos fuerzas políticas. Los dos partidos tenían prisa por
elegir a quienes formarán la nueva CSJ el próximo 13 de octubre, ya que no
esperaron que se venciera el plazo legal de 72 horas para impugnar la nómina de
26 aspirantes que envió la Comisión de Postulación al Congreso de la República.
La elección se dio de una forma
sorpresiva e inesperada sin ser consensuada con el resto de organizaciones políticas
representadas en el Congreso, quienes denunciaron una “componenda” entre el PP
y LIDER, calificando esta votación como un pacto de impunidad por la forma en
que se realizó la integración.
Pero no sólo la elección a
magistrados de CSJ se vio envuelta en “negociaciones” entre ambos partidos,
pues también fueron evidentes para elegir a 126 magistrados de Salas de
Apelaciones, pactando un listado entre las dos bancadas, lo cual provocaba un
desgaste a la institucionalidad de la justicia del país. El diputado Orlando Blanco, de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que fue un contubernio entre el PP y
LIDER para repartir la elección de magistraturas. De acuerdo con Blanco, ocho
magistrados fueron escogidos por el Patriota y cinco por LIDER, que ahora es la
bancada mayoritaria con 56 diputados.
La guinda en el pastel que selló y evidenció claramente la alianza del partido oficial y la ‘oposición’ fue la elección de los representantes del Congreso de la República ante la Junta Monetaria (JM), al elegir a Gudy Rivera del PP con 101 votos a favor y Álvaro Trijillo de LIDER, con 100 votos de respaldo, como titular y suplente, respectivamente. Según analistas, se evidenció claramente como ésta unión de fuerzas es el resultado del reparto de cuotas de poder. Los diputados llegarían en un momento en que dicha instancia debe dictaminar acerca de préstamos y seleccionar terna para la Superintendencia de Bancos. Según parlamentarios, esta elección evidencia las negociaciones que realiza el PP y LIDER para consensuar la aprobación de bonos del tesoro por Q4 mil millones.
Debilitamiento Institucional
De acuerdo con Cristhians Castillo,
del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con estos
procedimientos se observa la politización de la justicia en el país. Lo
que resultó recientemente con la votación en el Congreso de la República
refiere muy claramente cómo los intereses políticos están definiendo la
operatividad de lo judicial desde su integración.
El riesgo más grande es que las
nuevas autoridades del poder judicial respondan a intereses políticos, endeudando la
independencia de la justicia, esto como
resultado de todo el proceso de acuerdos, componendas y negociaciones, dice
Castillo. Sin embargo, aclara que la negociación
política no es mala ya que para eso se escogieron a los representantes al
Congreso de la República, pero lo negativo que se observó en la ‘aplanadora toronja,
naranja por fuera y roja por dentro” es que llegaron a un acuerdo mediante el
cual protegen intereses políticos electorales y de impunidad.
Desde esa perspectiva se compromete
la independencia de jueces y magistrados y todo ello se desenlaza con
la dimisión de una de las magistradas reelectas para una Corte de Apelaciones, que señaló que el proceso fue un botín político, por lo que no fue una negociación
a favor de la ciudadanía sino de intereses muy particulares de los dos partidos,
señala Castillo.
Según el analista político, el
Partido Patriota ha impulsado un modelo de gestión pública muy parecido al del
Partido de Avanzada Nacional (PAN) o del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
que son de cooptación de toda la institucionalidad pública.
“Han ido generando una serie de
controles institucionales, algunos muy controversiales como el del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, de la Empresa Portuaria Quetzal o la
Superintendencia de Bancos,que han utilizado los mecanismos políticos establecidos
en la Ley generando influencias desde las cuotas de poder que manejan”,
dice Castillo.
Es un modelo riesgoso que, aunque el
que tenga mayor control de la institucionalidad sea el Partido Patriota, ahora LIDER
empieza a exigir una cuota de ese control, y vemos cómo en la nominación de las
personas que van a la JM como representantes del Congreso es uno
de LIDER y uno del Patriota, producto de esa aplanadora “Toronja”. Eso es riesgoso
porque quien pierde es la sociedad.
Por su parte Marielos Fuentes de
Guatemala Visible, indica que no es sorprendente que existan las negociaciones
entre los partidos políticos porque es usual en este país, algo que no
quiere decir que esté del todo bien. Según Fuentes, conforme se acerca
el proceso de elecciones los diputados buscan mejores opciones y si consideran que
el partido político en el que se encuentran actualmente se está debilitando
inmediatamente buscan un partido que le
ofrezca mayores posibilidades de permanecer en sus puestos, y por ende las
negociaciones de los partidos fuertes.
Además, indica que el debilitamiento
institucional no responde exclusivamente a una negociación que se haya consensuado
entre los dos partidos mayoritarios, en general en el Congreso la tónica es que
cuando se tiene la necesidad de una votación crucial hayan negociaciones, pero
esto es más allá que eso. La elección de los Magistrados tiene debilidades
desde los procesos de postulación porque la Ley no tiene las capacidades para
que las personas que están calificando los expedientes tengan los elementos suficientes
y no subjetivos para elegir a los más idóneos a los puestos.
No es la única ocasión
Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que los dos partidos han votado juntos y en armonía por un mismo fin. La amalgama creada entre el PP y LIDER ha sido determinante para aprobar por ejemplo: la Ley de Telecomunicaciones que enfrenta una batalla legal o la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como ‘Ley Monsanto’, la cual fue derogada meses después de su aprobación. En esa misma Ley se encontraba una ampliación presupuestaria por Q550 millones que estaban destinados al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. También coincidieron en la aprobación del punto resolutivo sobre genocidio y la renovación de frecuencias radioeléctricas.
Otro ejemplo es la aprobación de un préstamo por US$280 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue aprobada en una votación con el apoyo de 146 diputados sin ningún debate en el hemiciclo parlamentario. En estas ocasiones los grupos políticos minoritarios se han molestado; sin embargo, varias de estas leyes se han aprobado de urgencia nacional y de manera exprés.