¿Qué la llevó a decidir denunciar al proceso de elección,
si usted ya había sido electa para los próximos cinco años?

A la conclusión a la que
llegué es que no podía admitir una elección en virtud que había sido testigo
directo de las anomalías que se habían dado en el proceso y de los vicios en el procedimiento por la no aplicación de la Ley de la Carrera Judicial. Ésta permite un filtro para determinar quiénes son los candidatos idóneos
para ocupar las magistraturas. Son altos cargos de mucha responsabilidad, no
hacerlo a través del procedimiento de la Ley de la Carrera Judicial permite que
sean nombrados en las Cortes personas que no tienen las competencias
necesarias. Esto limita la carrera judicial
porque lo que obedece los nombramientos son compadrazgos e intereses de los comisionados
y diputados, que son los que finalmente eligen sin tener un parámetro de
certidumbre de que el juez sea independiente. La forma de elegir a las
autoridades no ha llenado estándares mínimos de garantía para la independencia.

¿Por qué pide que la Corte de Constitucionalidad anule el
proceso?

Porque  es un proceso
viciado, las personas que son electas no tienen legitimidad, están nombradas
en un proceso que es nulo, por lo tanto la Corte de Constitucionalidad tiene la
opción y la obligación, cuando se determina que hay incoherencias en un proceso
de hacer uno nuevo.

¿Qué cuidados se deben tener para que el movimiento que usted levantó no se politice o se ideologice?

Es un tema muy delicado,
realmente quisiera que quedara claro que éste no es tema de ideología sino de principio. Es algo que a todos los guatemaltecos nos interesa porque
la justicia es la base en la que se fundamenta el Estado. La seguridad y la
justicia son dos requisitos mínimos para que existan todas las demás garantías
de un Estado. No es un tema de grupos de interés sino de toda la población. Específicamente quienes
deberían de estar más preocupados son los empresarios, quienes manejan el
desarrollo del país. Si no hay justicia no hay seguridad para sus propias
empresas, y en consecuencia no hay desarrollo. Si en Guatemala tuviéramos esos dos elementos seriamos un país que no se encontrara en vías de desarrollo sino completamente desarrollado, porque les daría garantía a las inversiones
de que aquí se cumple la Ley.

¿Cuál es la mejor salida para que este proceso de selección sea
transparente?

Para mí la mejor salida es
que se anule el proceso y se inicie uno nuevo, con reglas distintas y que se
apliquen las normas que actualmente hay para garantizar el proceso de selección
y que eventualmente se lleven las reformas a las distintas leyes que
necesitamos para fortalecer el sector justicia. Lo que significa dar prórroga al mandato para el cual fueron electos los actuales magistrados. Si
se quiere hacer un trabajo a fondo y una reforma al sector justicia se
necesitan un par de años, y si queremos elegir con las herramientas que actualmente
existen en un procedimiento similar donde finalmente también las listas lleguen
a la Comisión de Postulación y luego al Congreso, con un sistema igual pero más
limpio y ordenado con el filtro previo. Estamos hablando que pueden ser unos
meses o lo que se requiera para garantizar que existe un procedimiento
adecuado. Para hacer las reformas
necesarias se necesita por lo menos un par de años.

¿Por qué considera que las personas electas no se han pronunciado
sobre lo denunciado por usted?

Obviamente hay un conflicto
de intereses en cuanto al pronunciamiento. Habría que preguntarles si se han
manifestado o no, es evidente que no quieren reconocer que hay anomalías en la elección.

¿Qué le esperaría a Guatemala si las cosas continúan como hasta ahora?

Si las cosas continúan como
hasta ahora lo que se está instaurando es un régimen absoluto de impunidad, un
aumento en la conflictividad de la población. Serían las bases para una futura
dictadura y la razón es porque se pierde absolutamente la división de poderes que es la base de cualquier Estado de Derecho. Al no existir
esa división por las injerencias en un sistema tan básico como es el de
justicia, estamos sentado las bases de una dictadura en lugar de una democracia
y una República.

¿Cómo se debe garantizar la independencia judicial con un sistema como
el actual?

En un sistema como el actual
es muy difícil garantizar la independencia judicial, hay injerencias de toda
naturaleza, hay presiones. Ejemplo de eso es que a una de las
magistradas que se manifestó apoyándome en mis solicitudes le enviaron una supervisión
de tribunales, fue un magistrado que nada tiene que ver con
el trabajo de ella. Eso es una absoluta injerencia de la
independencia judicial. La Corte Suprema se pronunció diciendo que el
magistrado había cometido un abuso de poder en sus funciones, a ese es el
tipo de injerencias nos sometemos si el sistema continúa como tal.