El procedimiento que llevan las autoridades guatemaltecas cuando se decomisa droga o dinero muchas veces produce duda en la población, pues se cree que durante el proceso hay alteraciones en los protocolos que derivan en la disminución de la cantidad de efectivo y droga incautado. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el fiscal contra la Narcoactividad, Aldo Chapa, siempre se corre el riesgo que suceda un robo cuando hay un operativo que lleve un proceso de incautación.
Las críticas son más severas cuando no se sabe qué pasa después con las grandes cantidades de dinero que se decomisa, o con la droga, porque al final quien administra es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, a cargo de la vicepresidencia de la República, en esta administración Roxana Baldetti.
A decir de López Bonilla, cuando ocurre una incautación, ya sea de droga o de dinero, lo que se procede es resguardar el lugar o vehículo donde posiblemente se transporta, hablan al Ministerio Público (MP) para que llegue al punto y oficialmente se hace el conteo de lo encontrado. Luego todo queda documentado, sellado y se realizan un acta en el lugar entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP, quedando consignado para luego entrar a un proceso judicial.
La judicialización establece las condiciones de las personas, del vehículo y del contenido. Si es un proceso de droga tendrá que ir a la eliminación, a la destrucción, pero si es dinero deberá pasar por un proceso de extinción de dominio donde un juez bajo una resolución dictamina la extinción de dominio del dinero y entra el proceso de la Comisión Nacional de Extinción de Dominio (que está a cargo de la vicepresidenta Roxana Baldetti) donde se decide qué porcentaje le corresponde al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y Ejército de Guatemala, explica el Ministro de Gobernación.
Infografía Dinero y Droga
“Siempre hay riesgos”
De acuerdo con el titular de la Cartera del Interior, este año se rompió récord con US$13 millones incautados hasta el momento (alrededor de Q99 millones a tipo de cambio 7.62), sobrepasando lo del 2013 que fueron Q3.5 millones (Q26.7 millones), al igual que con la erradicación de plantaciones; sin embargo, indica que las operaciones de dinero son más que la misma droga. Al ser cuestionado sobre el hecho que sea la PNC la primera en llegar al lugar de la incautación y se corra el riesgo que no se reporte la totalidad del dinero o droga incautada, el Ministro lo resume en que “en toda operación siempre hay riesgos”.
Sin embargo, aclara que cuando ocurre un proceso de incautación se encuentran involucradas varias instituciones y la primera garantía es que esto no sucede al azar. “Los operativos son producto de inteligencia” , entonces no es que en un puesto de registro “nos va a caer algo”, una incidencia así ha sido cero. “Cuando se entra a un operativo de este nivel es porque ya hay información, hay inteligencia. No va sólo la policía, están acompañados por miembros de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), así como miembros del quinto Viceministerio y agentes fiscales del Ministerio Público, entonces hay varias instituciones representadas”, refiere López Bonilla.
No toda la información la tiene el MP
El fiscal de Delitos Contra la Narcoactividad, Aldo Chapa, indica que durante el proceso del decomiso puede darse el problema que agentes de seguridad de la PNC extraigan cargamento o dinero que se está incautando. “No toda la información la maneja el Ministerio Público, hay mucha que tiene la PNC. Se puede dar esta situación, es el riesgo que se corre; sin embargo, hemos tratado de trabajar de manera íntegra y con oficiales que nos dan la confianza que no están metidos en cosas ilícitas”, dice Chapa.
Según el Fiscal, muchas veces hay información de inmediato por lo que es necesario que actué la PNC. “El tema de ubicación y detención de un vehículo con droga es policial y después el MP llega y realiza la revisión correspondiente”.
Por su lado la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que existen procedimientos que establece la Ley y que instituciones deben implementarla, entonces siempre hay una insistencia dentro de la carrera policial y de las carreras institucionales para evaluar el desempeño y el régimen disciplinario, lo que podría abatir estos fenómenos de corrupción.
“No entregar cabal lo incautado es un acto de corrupción, por lo tanto la carrera policial debe fortalecerse aún más para apuntalar al desempeño y al régimen disciplinario”, dice Escobar. Además, agrega que es en la captura donde más se ha observado el fenómeno de corrupción antes de ser puesto a disposición del juzgado de Extinción de Dominio porque todo está documentado.
Por su parte el Ministerio Público (MP), a través de su oficina de prensa, indica que el proceso que les corresponde es el resguardo y embalaje de lo incautado, que puede ser droga o dinero. Con esta evidencia se inicia la judicialización de las personas, con lo decomisado que es producto del operativo montado con las autoridades correspondientes. Según el MP, el proceso que lleva el dinero que se ha incautado primero es el resguardo en una bóveda, que por motivos de seguridad no puede revelarse su ubicación; posteriormente se lleva el caso ante juez de Extinción de Dominio, quien deberá dictaminar si es procedente entregarlo a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, a cargo de la Vicepresidencia.
El MP y Ministro de Gobernación coinciden que es dicha Secretaría a cargo de la Vicepresidencia la encargada de administrar y distribuir los porcentajes correspondientes, según la Ley de Extinción de Dominio. Mientras este proceso se lleva a cabo el dinero continúa en la bóveda de seguridad. En tanto, en una incautación de droga el proceso es similar, con la diferencia que la encargada de almacenar y destruir las sustancias es la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Contra la Narcoactividad, el precio de un kilo de cocaína en Colombia se encuentra alrededor de unos US$2 mil, mientras que la misma droga en Guatemala puede costar hasta US$14 mil, subiendo su precio en los diferentes países hasta llegar a su destino final, que por lo regular es Estados Unidos.
50% de las muertes violentas están ligadas al narcotráfico
La Policía ha decomisado este año 3,578 kilos de cocaína y más de US$13 millones al crimen organizado, en especial al narcotráfico, cifras que superan el total de 2013, informó el titular de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, Elmer Sosa, quien además indicó que en los 12 meses del año pasado decomisaron 3,578 kilos de cocaína e incautaron US$3.5 millones.
Según Sosa, el éxito se debió a más trabajo de la Unidad de Inteligencia del Estado y la capacitación que han recibido los agentes operativos. Asimismo, por las denuncias hechas por la población.
Guatemala, al igual que otros países de Centroamérica, sufre la penetración de poderosos cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de Los Zetas, que trafican droga con la ayuda de grupos locales que operan en la frontera común. Las autoridades estiman que cerca de 50% de las casi 6 mil muertes violentas anuales en Guatemala están asociadas a la actividad del narcotráfico y a la lucha entre pandillas o maras.
El procedimiento que llevan las autoridades guatemaltecas cuando se decomisa droga o dinero muchas veces produce duda en la población, pues se cree que durante el proceso hay alteraciones en los protocolos que derivan en la disminución de la cantidad de efectivo y droga incautado. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el fiscal contra la Narcoactividad, Aldo Chapa, siempre se corre el riesgo que suceda un robo cuando hay un operativo que lleve un proceso de incautación.
Las críticas son más severas cuando no se sabe qué pasa después con las grandes cantidades de dinero que se decomisa, o con la droga, porque al final quien administra es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, a cargo de la vicepresidencia de la República, en esta administración Roxana Baldetti.
A decir de López Bonilla, cuando ocurre una incautación, ya sea de droga o de dinero, lo que se procede es resguardar el lugar o vehículo donde posiblemente se transporta, hablan al Ministerio Público (MP) para que llegue al punto y oficialmente se hace el conteo de lo encontrado. Luego todo queda documentado, sellado y se realizan un acta en el lugar entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP, quedando consignado para luego entrar a un proceso judicial.
La judicialización establece las condiciones de las personas, del vehículo y del contenido. Si es un proceso de droga tendrá que ir a la eliminación, a la destrucción, pero si es dinero deberá pasar por un proceso de extinción de dominio donde un juez bajo una resolución dictamina la extinción de dominio del dinero y entra el proceso de la Comisión Nacional de Extinción de Dominio (que está a cargo de la vicepresidenta Roxana Baldetti) donde se decide qué porcentaje le corresponde al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y Ejército de Guatemala, explica el Ministro de Gobernación.
Infografía Dinero y Droga
“Siempre hay riesgos”
De acuerdo con el titular de la Cartera del Interior, este año se rompió récord con US$13 millones incautados hasta el momento (alrededor de Q99 millones a tipo de cambio 7.62), sobrepasando lo del 2013 que fueron Q3.5 millones (Q26.7 millones), al igual que con la erradicación de plantaciones; sin embargo, indica que las operaciones de dinero son más que la misma droga. Al ser cuestionado sobre el hecho que sea la PNC la primera en llegar al lugar de la incautación y se corra el riesgo que no se reporte la totalidad del dinero o droga incautada, el Ministro lo resume en que “en toda operación siempre hay riesgos”.
Sin embargo, aclara que cuando ocurre un proceso de incautación se encuentran involucradas varias instituciones y la primera garantía es que esto no sucede al azar. “Los operativos son producto de inteligencia” , entonces no es que en un puesto de registro “nos va a caer algo”, una incidencia así ha sido cero. “Cuando se entra a un operativo de este nivel es porque ya hay información, hay inteligencia. No va sólo la policía, están acompañados por miembros de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), así como miembros del quinto Viceministerio y agentes fiscales del Ministerio Público, entonces hay varias instituciones representadas”, refiere López Bonilla.
No toda la información la tiene el MP
El fiscal de Delitos Contra la Narcoactividad, Aldo Chapa, indica que durante el proceso del decomiso puede darse el problema que agentes de seguridad de la PNC extraigan cargamento o dinero que se está incautando. “No toda la información la maneja el Ministerio Público, hay mucha que tiene la PNC. Se puede dar esta situación, es el riesgo que se corre; sin embargo, hemos tratado de trabajar de manera íntegra y con oficiales que nos dan la confianza que no están metidos en cosas ilícitas”, dice Chapa.
Según el Fiscal, muchas veces hay información de inmediato por lo que es necesario que actué la PNC. “El tema de ubicación y detención de un vehículo con droga es policial y después el MP llega y realiza la revisión correspondiente”.
Por su lado la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que existen procedimientos que establece la Ley y que instituciones deben implementarla, entonces siempre hay una insistencia dentro de la carrera policial y de las carreras institucionales para evaluar el desempeño y el régimen disciplinario, lo que podría abatir estos fenómenos de corrupción.
“No entregar cabal lo incautado es un acto de corrupción, por lo tanto la carrera policial debe fortalecerse aún más para apuntalar al desempeño y al régimen disciplinario”, dice Escobar. Además, agrega que es en la captura donde más se ha observado el fenómeno de corrupción antes de ser puesto a disposición del juzgado de Extinción de Dominio porque todo está documentado.
Por su parte el Ministerio Público (MP), a través de su oficina de prensa, indica que el proceso que les corresponde es el resguardo y embalaje de lo incautado, que puede ser droga o dinero. Con esta evidencia se inicia la judicialización de las personas, con lo decomisado que es producto del operativo montado con las autoridades correspondientes. Según el MP, el proceso que lleva el dinero que se ha incautado primero es el resguardo en una bóveda, que por motivos de seguridad no puede revelarse su ubicación; posteriormente se lleva el caso ante juez de Extinción de Dominio, quien deberá dictaminar si es procedente entregarlo a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, a cargo de la Vicepresidencia.
El MP y Ministro de Gobernación coinciden que es dicha Secretaría a cargo de la Vicepresidencia la encargada de administrar y distribuir los porcentajes correspondientes, según la Ley de Extinción de Dominio. Mientras este proceso se lleva a cabo el dinero continúa en la bóveda de seguridad. En tanto, en una incautación de droga el proceso es similar, con la diferencia que la encargada de almacenar y destruir las sustancias es la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Contra la Narcoactividad, el precio de un kilo de cocaína en Colombia se encuentra alrededor de unos US$2 mil, mientras que la misma droga en Guatemala puede costar hasta US$14 mil, subiendo su precio en los diferentes países hasta llegar a su destino final, que por lo regular es Estados Unidos.
50% de las muertes violentas están ligadas al narcotráfico
La Policía ha decomisado este año 3,578 kilos de cocaína y más de US$13 millones al crimen organizado, en especial al narcotráfico, cifras que superan el total de 2013, informó el titular de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, Elmer Sosa, quien además indicó que en los 12 meses del año pasado decomisaron 3,578 kilos de cocaína e incautaron US$3.5 millones.
Según Sosa, el éxito se debió a más trabajo de la Unidad de Inteligencia del Estado y la capacitación que han recibido los agentes operativos. Asimismo, por las denuncias hechas por la población.
Guatemala, al igual que otros países de Centroamérica, sufre la penetración de poderosos cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de Los Zetas, que trafican droga con la ayuda de grupos locales que operan en la frontera común. Las autoridades estiman que cerca de 50% de las casi 6 mil muertes violentas anuales en Guatemala están asociadas a la actividad del narcotráfico y a la lucha entre pandillas o maras.