Un recurso de amparo en contra de los artículos 6, 56, 57, 62 y 78 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2015, aprobado por el Congreso de la República, fue presentado este viernes en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la precandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el diputado Orlando Blanco.
Según la acción de amparo planteada por la UNE, en dichos artículos se constituye una violación, ejecutada por el Congreso, de manera arbitral, ilegal, ejerciendo abuso de autoridad y contradiciendo el espíritu de la Ley Orgánica del Presupuesto.
La UNE resalta que en el artículo 6 del presupuesto hay una asignación de Q 1 mil 965 millones al Ministerio de Comunicaciones, pero no se define un destino específico, por lo que “podría ser usado de manera discrecional”. Asimismo, hace énfasis en el artículo 62 para que quede sin efecto el impuesto mensual de Q5 a las líneas de telefonía fija o móvil, asignadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Precisamente el 19 de diciembre ejecutivos de las tres empresas de telefonía Móvil, Tigo, Claro y Telefónica, también interpusieron un recurso de amparo en la CC contra ese artículo del presupuesto.
De acuerdo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a través del amparo “la violación a los derechos puede ser evitada, puesto que el Decreto 22-1014 no puede ser impugnado por otro medio legal de defensa. Por lo tanto, por medio de esta acción de amparo se pretende restaurar los derechos vulnerados con el acto de autoridad legal y arbitrario antes descrito que produce opacidad en el manejo de los recursos públicos”.
Por último, indican que “no revertir las disposiciones ilegales y en fraude la ley contenidas en el Decreto ya referido, atenta además con los criterios y doctrina establecidos por esta misma Honorable Corte”. Por lo que espera que la Corte de Constitucionalidad emita un fallo basado en la ley.
Un recurso de amparo en contra de los artículos 6, 56, 57, 62 y 78 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2015, aprobado por el Congreso de la República, fue presentado este viernes en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la precandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y el diputado Orlando Blanco.
Según la acción de amparo planteada por la UNE, en dichos artículos se constituye una violación, ejecutada por el Congreso, de manera arbitral, ilegal, ejerciendo abuso de autoridad y contradiciendo el espíritu de la Ley Orgánica del Presupuesto.
La UNE resalta que en el artículo 6 del presupuesto hay una asignación de Q 1 mil 965 millones al Ministerio de Comunicaciones, pero no se define un destino específico, por lo que “podría ser usado de manera discrecional”. Asimismo, hace énfasis en el artículo 62 para que quede sin efecto el impuesto mensual de Q5 a las líneas de telefonía fija o móvil, asignadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Precisamente el 19 de diciembre ejecutivos de las tres empresas de telefonía Móvil, Tigo, Claro y Telefónica, también interpusieron un recurso de amparo en la CC contra ese artículo del presupuesto.
De acuerdo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a través del amparo “la violación a los derechos puede ser evitada, puesto que el Decreto 22-1014 no puede ser impugnado por otro medio legal de defensa. Por lo tanto, por medio de esta acción de amparo se pretende restaurar los derechos vulnerados con el acto de autoridad legal y arbitrario antes descrito que produce opacidad en el manejo de los recursos públicos”.
Por último, indican que “no revertir las disposiciones ilegales y en fraude la ley contenidas en el Decreto ya referido, atenta además con los criterios y doctrina establecidos por esta misma Honorable Corte”. Por lo que espera que la Corte de Constitucionalidad emita un fallo basado en la ley.