Orellana hizo mención a la mina conocida como La Puya o mina el Tambor, ubicada en San José El Golfo en donde la población tiene dos años de impedir las actividades de exploración y ha obligado a la minera a suspender temporalmente el proyecto pese a que el Ministerio de Energía y Minas le autorizó la licencia respectiva.

Las cifras del informe están desactualizadas, dijo Orellana, quien añadió que la minería puede ser una fuente de trabajo y una opción de desarrollo económico.

 El estudio señala que el vínculo entre la conflictividad y las industrias extractivas es significativo. Hace mención que en 2010, de los 230 municipios que no tenían licencias mineras, el 90% no reportó conflictos.
Sin embargo, en los 101 municipios con licencias mineras, el 78% reportó conflictos sociales. 

 Orellana dijo que la conflictividad la provocan grupos interesados en generar problemas como ocurrió en La Minera San Rafael, en Mataquescuintla, donde las protestas subieron de tono y llegaron al robo de un lote de explosivos y se cerraron tramos de la carretera entre Santa Rosa y Jalapa. 

 El informe de ICEFI y IBIS también llama un debate amplio e incluyente que tome en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos mineros que permita “construir espacios de diálogo transparente e informado”, y sobre todo la evaluación de la minería de metales como una opción de desarrollo económico. A lo cual, dijo Orellana, estar de acuerdo, pero recordó que a las mesas de diálogo que se han establecido no asisten estos grupos que generan los conflictos. 

Otros puntos del estudio 

Proponen un proceso de reformas legales para cambiar el enfoque de la minería para transitar de una estructura promotora a una reguladora. 

Las comunidades perciben que las instituciones públicas son inefectivas para mediar y que ocultan información.

 Los ingresos fiscales y las regalías son bajos debido a que la legislación resulta insuficiente e inadecuada. 

 Sin embargo, en este punto Orellana sostiene que el porcentaje de regalías que tenía el país era de 1%y lo que se hizo fue llegar a un consenso comparando marcos de otros países de Latinoamérica y se firmó un convenio voluntario de regalías voluntarias que llega a 5%.
Además Orellana sostiene que el sector además de las regalía genera unos mil millones de quetzales anuales en impuestos.

 Así y todo, el informe ha puesto el dedo en la llaga, pero aporta sugerencias y recomendaciones a todos los sectores para que surja un verdadero 

espacio de diálogo, pero lo que sí es cierto es que el marco jurídico que brinda la ley también es insuficiente para resolver la problemática minera.