En sus seis años de gestión tendrán a cargo convocar y regular dos procesos electorales, y el próximo será en mayo del 2015. Además,  uno de sus mayores retos es recuperar la credibilidad del alto órgano electoral; asimismo, fortalecer las capacidades de fiscalización y dar seguimiento a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). 

Respecto a las reformas a la LEPP, los magistrados electos han declarado a los medios de comunicación que esperan la respuesta de la Corte de Constitucionaliad (CC) para determinar si hay inconstitucionalidades, y que tendrán que hacer un análisis y si es necesario promover cambios. Argumentan que la actual reforma no es suficiente para transparentar el proceso, sobre todo endurecer las sanciones por campaña anticipada y fiscalizar de una mejor manera el financiamiento privado. 

El 15 de noviembre de 2013, el Congreso de la República envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para que este alto Organismo emitiera una opinión y determinar si existen inconstitucionalidades en alguno de los 60 artículos que se pretenden modificar. Sin embargo, han pasado más de 85 días hábiles (más de 119 días calendario) y el Pleno de Magistrados de la CC no se ha pronunciado al respecto. Según ventanilla de información de la CC, la redacción del auto será realizada por el magistrado Mauro Chacón y no pueden emitir pronunciamiento hasta que el mismo sea conocido por el Pleno. 

Según criterio del jurista Carlos Velásquez, la ley ordinaria estipula un proceso administrativo a la CC de 30 días para emitir sentencia, pero la Constitución no estipula obligatoriedad al alto tribunal sobre delimitaciones de tiempo. El artículo 272 de la Constitución, en su literal e), establece que una de las funciones de la CC es emitir opinión sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. 

Sin embargo, para Anabella Morfín, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), en este caso es preocupante que la CC se demore meses en un proceso de una ley tan importante, ya que detiene la gestión legislativa para que el Pleno del Congreso continúe con el trámite de la ley para regular el próximo evento electoral. 

En virtud del tiempo que ha transcurrido desde que el Congreso remitió el proyecto de ley al máximo tribunal, existe incertidumbre sobre la viabilidad de la aprobación de la iniciativa previo al proceso electoral del año 2015.

Este es uno de los retos de los magistrados electos al TSE, en relación si la contienda electoral del próximo año se rija por la Ley vigente o las reformas a la ley de partidos políticos. 

El analista Juan Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios sociales (ASIES), reconoce dificultad en los tiempos políticos para la aprobación de las reformas. Luego que la CC emita su opinión, el Congreso debe continuar el trámite legislativo, que podría coincidir con la pre-campaña electoral. Además, habrá iniciado una nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estará en proceso de conocer y tomar control de la institucionalidad. 

En el análisis temporal también hay que considerar que el período ordinario de sesiones del Legislativo finaliza en el mes de mayo, y es evidente que varios diputados están enfocados en actividades proselitistas de cara a las elecciones del 2015. Algunos diputados se atreven a afirmar que si la iniciativa no la conoce el Congreso antes de Semana Santa, podría entramparse porque se priorizarán otras iniciativas e iniciaría la pre campaña electoral.

“La Corte no ha tenido tiempo de conocer (la iniciativa de reforma)”, afirma el Presidente del Congreso, Arístides Crespo, y reconoce que “nosotros no podemos poner plazos a la Corte, aunque ellos a nosotros sí”. Asegura que no han tenido comunicación con la CC y que el Congreso aprobará lo que la Corte disponga que sea constitucional. 

Por su parte, a Orlando Blanco, jefe bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), le preocupa que, por más de tres meses, la CC no ha conocido una iniciativa importante para el país. José Luis Fernández Chenal, sub jefe de bancada del Partido Patriota (PP), argumenta que están a la espera de la opinión de la Corte y que votarán a favor de aprobar la iniciativa. Selvín García, diputado de Compromiso Renovación y Orden (CREO), coincide con Fernández y asegura que la CC debe hacer un estudio riguroso y corregir la ley. 

Mientras el proceso de aprobación de las reformas a la LEPP se mantiene estancado por el silencio de la CC, el Congreso ya eligió a los magistrados al TSE que tomarán posesión el 20 de marzo. Una de las cuestiones con las que tendrán que lidiar los magistrados electorales, si se aprueban las reformas a la LEPP, será lo relacionado al control y fiscalización de los aportes económicos que reciben los partidos políticos para la campaña, públicas y privadas. 

Una investigación que realizó el Movimiento Cívico Nacional (MCN) identificó que de aprobarse la reforma a la LEPP, el Estado deberá invertir Q1,942 millones en las elecciones generales, sólo en la reforma de dos artículos. Si se aprueba la reforma actual, el TSE será el encargado de contratar espacios publicitarios en medios de comunicación, lo que supondría un gasto de Q1,766.7 millones, en la primera y segunda vuelta electoral. Además, al aumentar de US$2 a US$4 el pago de voto emitido, los partidos recibirán alrededor de Q175.5 millones (como resultado del proceso anterior recibieron Q87 millones). 

Serán los nuevos magistrados lo que reglamenten, de entrar en vigencia las reformas a la LEPP, cómo distribuir los espacios publicitarios en los medios de comunicación y manejar el dinero de las pautas. 

Algunos diputados argumentan que el financiamiento público ayuda a bajar costos de campaña y evita la infiltración del dinero ilícito, aunque reconocen no tener claro la procedencia de los recursos financieros para pagar la campaña. José Fernádez Chenal y Aristides Crespo, del PP, coinciden en la necesidad de inversión pública para transparentar los fondos de los partidos y sus financistas. En tanto, para Orlando Blanco, de la UNE, indica que hubiera sido mejor eliminar de las reformas el aporte privado para campaña de partidos. Considera que la inversión en propaganda por el Estado genera equidad en la distribución del gasto y permite control de las finanzas, particularmente porque la publicidad es el mayor gasto de las campañas. 

Si embargo, Mario García Lara, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), indica que las reformas a la LEPP no cierra el financiamiento privado y se incrementa el público y los únicos beneficiados son los partidos políticos. 

Así mismo, el tema del financiamiento de los partidos toma una relevancia en altas esferas. El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, anunció la investigación para determinar la existencia de financiamiento ilícito a partidos políticos. El comisionado aseguró que el resultado de la investigación lo presentarán antes de finalizar su mandato, que será en septiembre de 2015. Ese período de tiempo coincidirá con la convocatoria a elecciones generales por el TSE, en el mes de mayo del próximo año, la campaña electoral y la primera vuelta en el mes de septiembre. 

A 14 meses de la convocatoria a elecciones, en el mes de mayo de 2015, las reformas aprobadas a la LEPP por el Congreso se mantienen en una nebulosa de viabilidad y, de aprobarse, no aseguran el fortalecimiento del Tribunal Electoral, con un pleno de magistrados que se estrenará en las puertas del proceso, ni la eliminación de supuestos financiamientos ilícitos. En tanto, los partidos políticos parecen haber iniciado a fortalecer la maquinaria electoral

Rudy Marlon Pineda Ramírez

Fue calificado por la Comisión Postuladora con 79 puntos.
Es abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha fungido como Magistrado en la Corte de Apelaciones de lo Penal, Presidente del Tribunal de Sentencia, Juez de Instancia Penal.