La afirmación fue hecha por el Congresista en un foro que analizó la legislación que Guatemala debe aprobar este año por los compromisos que tiene ante la Organización Internacional de Comercio (OMC). 

El diputado calificó de urgencia la ley y lamentó que en el país tengamos que correr de último momento, pero la calificó de necesaria para evitar que las empresas que gozan de incentivos fiscales por las leyes de Maquilas y Zonas Francas se trasladen a El Salvador. 

Un acuerdo firmado con la organización Mundial de Comercio obliga a Guatemala a no seguir subsidiando las exportaciones vía las exoneraciones e incentivos fiscales. El país tiene plazo el próximo 30 de junio para aprobar una nueva legislación.

El acuerdo con la OMC, es que a partir del 31 de diciembre de 2015, las leyes de Fomento a las Exportaciones y Maquilas, así como la de Zonas Francas, deben quedar derogadas.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su  análisis sobre el dictamen de la iniciativa,  señala que los controles contemplados en la ley podrían resultar insuficientes para impedir que empresas que ahora pagan impuestos opten a esos nuevos beneficios fiscales.

Con esa situación se correría el riesgo de debilitar los ingresos tributarios, dijo Abelardo Medina, también economista del ICEFI, al indicar que muchas de estas empresas puedan encontrar un nicho para pasarse a este nuevo régimen sin pagar impuestos. 

Medina expreso que en 2004 cuando se reformó la Ley de maquilas algunas empresas encontraron un nicho y fueron calificadas por el Ministerio de Economía, pero la SAT dejó de percibir unos Q485 millones anuales.

El diputado Barreda dijo también que pareciera que el espíritu de la ley va dirigido a evitar que unas mil empresas que ahora gozan de incentivos fiscales, no se vayan del país. 

Abelardo Medina manifestó que los privilegios fiscales no son el factor principal en las decisiones de una nueva inversión sino hay otros que se consideran más importantes como la seguridad jurídica, la estabilidad a largo plazo, entre otros.

También el otro problema que plantearon son las inversiones nuevas que requerirán de servicios básicos como carreteras, hospitales y otros. El Gobierno no tiene ese presupuesto para dotar de esos servicios.

Como propuesta para superar los riesgos y las dificultades, los economistas de ICEFI y los diputados que participaron en el foro, coincidieron en la necesidad de impulsar un real programa de inversiones, en vez de  otorgar exenciones, pero como no existen las condiciones políticas para hacerlo, recomendaron enmendar y corregir el dictamen de la iniciativa para evitar que las casi mil empresas establecidas no se vayan a países vecinos. 

 Sin embargo, también el país corre el riesgo de que la OMC no quede satisfecha con la legislación.