Los campesinos, unos 4 mil y no 60 mil como fueron anunciados  por dirigentes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), caminaron en cuatro columnas desde El Trébol, calzada Roosevelt, Obelisco y ruta al Atlántico, hasta llegar a la sede de la CC.  En la audiencia, los campesinos expusieron que el acuerdo gubernativo viola el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, el derecho de consulta y la autonomía de los pueblos.

La movilización campesina generó un caos en el tráfico vehícular en la ciudad, lo cual viola la libertad de locomoción de los guatemaltecos, contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República.
El sector empresarial ha insistido que las autoridades garanticen ese derecho en las manifestaciones por las pérdidas económicas que esas protestas generan, actuando con celeridad como lo ha ordenado la CC en varias oportunidades. Sin embargo, señalan que son respetuosos del derecho de manifestación y la libertad de expresión. 

Mientras los campesinos protestaban frente a la Corte de Constitucionalidad, los ministros de Energía y Minas, Erick Archila, y de Gobernación, Mauricio López Bonilla, convocaron de urgencia a una conferencia de prensa para hablar sobre el robo de la energía eléctrica, que consideran un factor que obstaculiza el desarrollo energético.

Archila señaló que el país está muy cerca de alcanzar la diversificación de la matriz energética para disminuir el uso de combustibles y lograr que la oferta de generación pueda abastecer al país a un largo plazo de 15 años. Explicó el funcionario que el mercado cubre la demanda de electricidad en un 90% y que todavía hay dos millones de guatemaltecos que no tienen acceso a la energía eléctrica.

En un comunicado entregado en la conferencia, se señala que el acuerdo Gubernativo 145-2013 declara de urgencia nacional y de necesidad pública la construcción de más de 50 obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, y las obras del Plan de Electrificación Rural, ambos priorizan la necesidad de llevar electricidad a todo el país. 

Ramón Cadena, abogado de los manifestantes, asegura que el acuerdo gubernativo impugnado obliga a los campesinos a ceder parte de sus propiedades para la construcción de torres para el fluido eléctrico. También considera que el presidente Otto Pérez Molina carece de facultades para emitir una disposición de esa naturaleza. 

Sin embargo, el Gobierno niega esa versión y sostiene que con el acuerdo y el Plan de Electrificación Rural se persigue convertir el país es una autopista de energía que transporte la electricidad desde las distintas generadoras para garantizar la cobertura y la optimización del servicio eléctrico. Será la CC quie dicte la última palabra. 

El ministro de Gobernación despotricó en contra de dos dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que, según él, encabezaron la marcha como los responsables del robo de electricidad. 

 “Se escudan en la sombrilla de la conflictividad social para cometer fechorías como el robo de la energía en 10 departamentos cuyo monto asciende a Q250 millones  al año. Estos delitos están tipificados en el Código Penal, como cobro ilegal de servicios, estafa y defraudación tributaria,” dijo el funcionario, quien anunció que se emitieron órdenes de captura.  Sin embargo, a preguntas de los reporteros no precisó cuántas son ni tampoco identificó a quienes buscan las fuerzas de seguridad. 

El anuncio de López Bonilla no es nada nuevo, ya que en diciembre de 2012, reveló que existía el robo de electricidad y acusó también en ese entonces a CODECA. Como consta en una publicación de ese entonces en el Diario Centroamérica, López Bonilla también mencionó al Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) y Asocidesma que, según afirmó, argumentan defender el derecho de los consumidores y degeneraron en hechos ilícitos a través del robo de energía y el cobro ilegal a las comunidades. 

Mientras, Erick Archila señaló  que son cerca de 160 mil pobladores los que tienen conexiones ilegales en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, El Progreso, Quiche, Quetzaltenango, Retalhuleu y Zacapa.
Según el funcionario sólo en San Marcos, el 52 por ciento de los hogares están conectados de manera ilegal. A decir de Archila esa situación frena el desarrollo energético y hace colapsar la red de distribución. 

Así y todo la marcha campesinas no sólo generó caos vial en la ciudad y perdidas económica sino también unas serie de acusaciones y señalamientos gubernamentales por robo de energía eléctrica en contra de CODECA, pero en pasividad por resolver los problemas de fondo.  

Es una pregunta que los organizadores no revelan. En el comunicado de convocatoria, las organizaciones campesinas indican la movilización de 60 mil personas de comunidades de 20 departamentos del país; sin embargo, llegaron a la ciudad alrededor de 4 mil personas. 

Si se hace un estimado de 4 mil personas a un costo de Q50 cada una en gasto de alimentación, la inversión asciende a Q200 mil, sólo en este rubro. 

Además, se contabilizaron alrededor de 70 buses que los movilizaron provenientes de Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Mazatenango, entre otros departamentos. 

Los precios de renta son variados para el alquiler de autobuses, lo cual dificulta obtener un estimado sin datos concretos. Pero al realizar una cotización sobre la renta de buses, los precios oscilan en Q4 mil 300 por un viaje de todo el día de Quiché a Guatemala y Q3 mil 100 desde Quetzaltenango. 

Por ejemplo, si movilizaron 10 buses al precio del trayecto desde Quiché, el costo sería de Q43 mil. Bajo esa misma premisa, los 70 buses podrían haber costado unos Q300 mil, unos fondos que los organizadores deben costear.