Redacción
25 de abril, 2014
Este viernes entró en vigencia el decreto 12-2014 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privatización de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, con la cual se busca evitar las extorsiones desde las cárceles.
Los impuestos por las instalaciones de los equipos de telecomunicaciones deberán pagarse a la Superintendencia de Telecomunicacones (SIT) y ya no a la municipalidades como se hacía anteriormente, según establece el decreto. De tal manera que la SIT tendrá que normar arbitrios para colocar postes y autorizar las instalaciones de infraestructura para transmisión de datos, voz, video, imágenes y cualquier medio de información.
Los jefes ediles considerean inconstitucional dicha ley, por lo cual pretenden impugnar la normativa a través de una propuesta de reformas a la Ley que presentarán en el Congreso de la República, según informó Isaías Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Por medio de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai), aproximadamente 50 alcaldes indicaron que la normativa viola la autonomía municipal y el derecho de propiedad privada.
En el decreto 12-2014 está contemplado que, quienes presten el servicio de transmisión de datos, deben tener al menos 6 mil kilómetros de fibra óptica o cualquier operador de red local y comercial que tenga más de 100 mil líneas de acceso, los cuales deben estar debidamente inscrito en el Registro de Telecomunicaciones.
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Redacción
25 de abril, 2014
Este viernes entró en vigencia el decreto 12-2014 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privatización de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, con la cual se busca evitar las extorsiones desde las cárceles.
Los impuestos por las instalaciones de los equipos de telecomunicaciones deberán pagarse a la Superintendencia de Telecomunicacones (SIT) y ya no a la municipalidades como se hacía anteriormente, según establece el decreto. De tal manera que la SIT tendrá que normar arbitrios para colocar postes y autorizar las instalaciones de infraestructura para transmisión de datos, voz, video, imágenes y cualquier medio de información.
Los jefes ediles considerean inconstitucional dicha ley, por lo cual pretenden impugnar la normativa a través de una propuesta de reformas a la Ley que presentarán en el Congreso de la República, según informó Isaías Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Por medio de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai), aproximadamente 50 alcaldes indicaron que la normativa viola la autonomía municipal y el derecho de propiedad privada.
En el decreto 12-2014 está contemplado que, quienes presten el servicio de transmisión de datos, deben tener al menos 6 mil kilómetros de fibra óptica o cualquier operador de red local y comercial que tenga más de 100 mil líneas de acceso, los cuales deben estar debidamente inscrito en el Registro de Telecomunicaciones.