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Empresarios, políticos y analistas rechazan impuesto de seguridad

Redacción
27 de mayo, 2014
Empresarios, analistas y políticos rechazan la iniciativa del Ministerio de Gobernación de establecer un impuesto de seguridad, cuyos ingresos servirían para la reestructuración de esa cartera con proyectos que buscarían reducir la criminalidad. 
Tan solo el anuncio de que se busca diseñar la medida ha levantado marejadas en el país. Primero porque no se ha discutido la iniciativa con los sectores productivos a quienes va dirigido el gravamen sino que también el Ministerio de Gobernación compra y contrata sus servicios por excepción, eludiendo la Ley de Contrataciones del Estado. 
Precisamente, el Ministerio de Gobernación suscribió un contrato así para favorecer a la empresa Tigo para la instalación de cinco mil cámaras en seis municipios del país por Q1, 232 millones.

Ahora, el contrato y la Ley de Control de Telecomunicaciones son adversadas por todos los sectores como sucede con el impuesto de seguridad. 

Hermann Giron, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), declaró que la iniciativa es muy delicada. “Es difícil que se le siga imponiendo impuestos al mismo sector que siempre paga la carga tributaria”, señala. 
 “Creemos que cualquier discusión de las finanzas del Estado no solo debe incluir la discusión sobre la recaudación sino también la transparencia en el gasto para evitar la corrupción en compras del estado. La discusión debe incluir a los sectores que pagan esos impuestos y no debe ser solo de una semana para ver que me conviene y la implemento”, expresa el presidente del CACIF. 
También el presidente de la Cámara del Agro, José Santiago Molina, señaló que no conocen la iniciativa más que lo leído y escuchado en los medios de comunicación. Sin embargo, expresa que los empresarios gastan ya un 15 por ciento en seguridad privada, lo cual “ya es un costo demasiado alto para absorber un nuevo impuesto de seguridad”. 
En qué consiste el proyecto 
Aunque no se ha decidido la actividad económica que será gravada en la mesa técnica (Gobernación y Finanzas) que discute la iniciativa, la recaudación serviría para financiar infraestructura policial y carcelaria.
El Ministerio de Gobernación busca construir 9 comisarias regionales y 22 distritales para cubrir el territorio nacional y que además tengan cárceles con capacidad para 144 reos cada una.
El proyecto abarca inversión en equipo, armamento y cámaras de seguridad. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, estima que para realizar el proyecto se requieren unos Q4 millones. La justificación para echar andar el proyecto es que el mayor beneficiario va a ser el siguiente Gobierno porque se quedaría con armas, equipo y una nueva Policía. 
 También en el Congreso la iniciativa es adversada por las fuerzas políticas de oposición. Alvaro Trujillo, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), expresa que su bancada no está de acuerdo con la iniciativa y subraya que lo que “se va a crear es más pobreza, más desorden económico y se afectará la sostenibilidad macroeconómica del país”. 
La falta de certeza jurídica que crearon las leyes tributarias ha sido suficiente para pensar en más impuestos que solo generarían incertidumbre en los inversionistas locales y extranjeros, precisa el diputado de oposición. 
Nineth Montenegro, congresista del partido Encuentro por Guatemala, sale al paso de la iniciativa. “Entiendo que la situación de inseguridad es grave, pero no se va a solucionar con un impuesto”, señala. 
A juicio de la diputada, se debería reorientar el presupuesto. “Cada año se deja sin ejecutar unos 4 mil millones de quetzales que se van al fondo común por la poca capacidad de ejecución del Gobierno. Si reorientamos esos fondos para que el Ministerio de Gobernación tenga más recursos, usándolos en gastos de inversión en necesidades esenciales y que no sean comprados por excepción, sería la solución”, dice la diputada. 
Comprar por excepción se ha vuelto un negocio porque no se oferta otras empresas y no se consiguen los mejores precios para el Estado. Se han instalado infinidad de cámaras, por ejemplo, las del sistema penitenciario y las cámaras seguras en las paradas del Transurbano y no funcionan. Así se vuelven un fiasco y un negocio, afirma la congresista. 
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, señala que de implementarse la iniciativa llevaría un periodo de diseño e implementación y no va a generar resultados inmediatos en el corto plazo para reducir los niveles de inseguridad y criminalidad.
 
Agrega, que tiene que pasar un tiempo burocrático hasta que logren utilizar los fondos establecidos. Yo creo que es una distracción de otros temas controversiales que están en el debate público como el ingreso de maquinaría a La Puya o el tema de la ampliación del mandato presidencial, señala el analista de IPNUSAC. 
Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), explica que hay que tener cuidado de no caer en una doble tributación y explorar bien que actividades de la economía no están gravadas y sobre todo no afectar la actividad económica de las empresas. 
Tan solo el anuncio de la medida ha levantado olas en todos los sectores y sin duda el reto de este Gobierno y sobretodo del Ministerio de Gobernación será convencer a los empresarios para que acepten el nuevo gravamen y no lo impugnen en la Corte de Constitucionalidad como sucedió con la Ley de Actualización Tributaria. 
Desafortunadamente un factor que está en contra del proyecto es que el Ministerio de Gobernación realiza sus compras por excepción y eso no es transparente para una cartera que quiere gastar Q4 mil millones.
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Empresarios, políticos y analistas rechazan impuesto de seguridad

Redacción
27 de mayo, 2014
Empresarios, analistas y políticos rechazan la iniciativa del Ministerio de Gobernación de establecer un impuesto de seguridad, cuyos ingresos servirían para la reestructuración de esa cartera con proyectos que buscarían reducir la criminalidad. 
Tan solo el anuncio de que se busca diseñar la medida ha levantado marejadas en el país. Primero porque no se ha discutido la iniciativa con los sectores productivos a quienes va dirigido el gravamen sino que también el Ministerio de Gobernación compra y contrata sus servicios por excepción, eludiendo la Ley de Contrataciones del Estado. 
Precisamente, el Ministerio de Gobernación suscribió un contrato así para favorecer a la empresa Tigo para la instalación de cinco mil cámaras en seis municipios del país por Q1, 232 millones.

Ahora, el contrato y la Ley de Control de Telecomunicaciones son adversadas por todos los sectores como sucede con el impuesto de seguridad. 

Hermann Giron, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), declaró que la iniciativa es muy delicada. “Es difícil que se le siga imponiendo impuestos al mismo sector que siempre paga la carga tributaria”, señala. 
 “Creemos que cualquier discusión de las finanzas del Estado no solo debe incluir la discusión sobre la recaudación sino también la transparencia en el gasto para evitar la corrupción en compras del estado. La discusión debe incluir a los sectores que pagan esos impuestos y no debe ser solo de una semana para ver que me conviene y la implemento”, expresa el presidente del CACIF. 
También el presidente de la Cámara del Agro, José Santiago Molina, señaló que no conocen la iniciativa más que lo leído y escuchado en los medios de comunicación. Sin embargo, expresa que los empresarios gastan ya un 15 por ciento en seguridad privada, lo cual “ya es un costo demasiado alto para absorber un nuevo impuesto de seguridad”. 
En qué consiste el proyecto 
Aunque no se ha decidido la actividad económica que será gravada en la mesa técnica (Gobernación y Finanzas) que discute la iniciativa, la recaudación serviría para financiar infraestructura policial y carcelaria.
El Ministerio de Gobernación busca construir 9 comisarias regionales y 22 distritales para cubrir el territorio nacional y que además tengan cárceles con capacidad para 144 reos cada una.
El proyecto abarca inversión en equipo, armamento y cámaras de seguridad. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, estima que para realizar el proyecto se requieren unos Q4 millones. La justificación para echar andar el proyecto es que el mayor beneficiario va a ser el siguiente Gobierno porque se quedaría con armas, equipo y una nueva Policía. 
 También en el Congreso la iniciativa es adversada por las fuerzas políticas de oposición. Alvaro Trujillo, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), expresa que su bancada no está de acuerdo con la iniciativa y subraya que lo que “se va a crear es más pobreza, más desorden económico y se afectará la sostenibilidad macroeconómica del país”. 
La falta de certeza jurídica que crearon las leyes tributarias ha sido suficiente para pensar en más impuestos que solo generarían incertidumbre en los inversionistas locales y extranjeros, precisa el diputado de oposición. 
Nineth Montenegro, congresista del partido Encuentro por Guatemala, sale al paso de la iniciativa. “Entiendo que la situación de inseguridad es grave, pero no se va a solucionar con un impuesto”, señala. 
A juicio de la diputada, se debería reorientar el presupuesto. “Cada año se deja sin ejecutar unos 4 mil millones de quetzales que se van al fondo común por la poca capacidad de ejecución del Gobierno. Si reorientamos esos fondos para que el Ministerio de Gobernación tenga más recursos, usándolos en gastos de inversión en necesidades esenciales y que no sean comprados por excepción, sería la solución”, dice la diputada. 
Comprar por excepción se ha vuelto un negocio porque no se oferta otras empresas y no se consiguen los mejores precios para el Estado. Se han instalado infinidad de cámaras, por ejemplo, las del sistema penitenciario y las cámaras seguras en las paradas del Transurbano y no funcionan. Así se vuelven un fiasco y un negocio, afirma la congresista. 
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, señala que de implementarse la iniciativa llevaría un periodo de diseño e implementación y no va a generar resultados inmediatos en el corto plazo para reducir los niveles de inseguridad y criminalidad.
 
Agrega, que tiene que pasar un tiempo burocrático hasta que logren utilizar los fondos establecidos. Yo creo que es una distracción de otros temas controversiales que están en el debate público como el ingreso de maquinaría a La Puya o el tema de la ampliación del mandato presidencial, señala el analista de IPNUSAC. 
Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), explica que hay que tener cuidado de no caer en una doble tributación y explorar bien que actividades de la economía no están gravadas y sobre todo no afectar la actividad económica de las empresas. 
Tan solo el anuncio de la medida ha levantado olas en todos los sectores y sin duda el reto de este Gobierno y sobretodo del Ministerio de Gobernación será convencer a los empresarios para que acepten el nuevo gravamen y no lo impugnen en la Corte de Constitucionalidad como sucedió con la Ley de Actualización Tributaria. 
Desafortunadamente un factor que está en contra del proyecto es que el Ministerio de Gobernación realiza sus compras por excepción y eso no es transparente para una cartera que quiere gastar Q4 mil millones.