Redacción
09 de mayo, 2014
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la la mayoría de miembros de la Gremial de Telecomunicaciones emitieron un comunicado manifestando su inconformidad por la “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para transmisión de Datos”. El Decreto 12-2014 entró en vigencia el pasado 25 de abril y otorga un período de ocho meses a las redes locales de telefonía móvil para implementar nuevas medidas de control.
El comunicado cuestiona la “sorprendente rapidez” con la que fue aprobada la iniciativa de Ley. El 8 de abril se recibió la iniciativa en el Congreso de la República y fue aprobada de urgencia nacional ese mismo día. La carencia de consulta con sectores especializados “provoca que la ley tenga serias deficiencias técnicas y jurídicas”, reza el documento. También se señalan privilegios que surgirían por condiciones diferenciadas y no equitativas que promovería la Ley para empresas que ofrecen el mismo servicio.
La CIG y la Gremial reconocen la necesidad de regular las telecomunicaciones en cárceles y afirma haber entregado propuestas técnicas al sistema penitenciario y al Ministerio de Gobernación, “que no se tomaron en cuenta para esta ley”. Por todo ello, advierten las “consecuencias negativas” y de la “responsabilidad del Congreso” por aprobar leyes de forma “apresurada, sin transparencia y sin sustento técnico ni jurídico”.
De acuerdo a la nueva Ley, los impuestos por instalaciones de equipos de telecomunicaciones deberán pagarse a la Superintendencia de Telecomunicacones (SIT) y ya no a la municipalidades como se hacía anteriormente. De tal manera que la SIT tendrá que normar arbitrios para colocar postes y autorizar las instalaciones de infraestructura para transmisión de datos, voz, video, imágenes y cualquier medio de información. Por ello, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades indígenas (AGAII) también rechazaron previamente la normativa y la calificaron de inconstitucional.
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Redacción
09 de mayo, 2014
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la la mayoría de miembros de la Gremial de Telecomunicaciones emitieron un comunicado manifestando su inconformidad por la “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para transmisión de Datos”. El Decreto 12-2014 entró en vigencia el pasado 25 de abril y otorga un período de ocho meses a las redes locales de telefonía móvil para implementar nuevas medidas de control.
El comunicado cuestiona la “sorprendente rapidez” con la que fue aprobada la iniciativa de Ley. El 8 de abril se recibió la iniciativa en el Congreso de la República y fue aprobada de urgencia nacional ese mismo día. La carencia de consulta con sectores especializados “provoca que la ley tenga serias deficiencias técnicas y jurídicas”, reza el documento. También se señalan privilegios que surgirían por condiciones diferenciadas y no equitativas que promovería la Ley para empresas que ofrecen el mismo servicio.
La CIG y la Gremial reconocen la necesidad de regular las telecomunicaciones en cárceles y afirma haber entregado propuestas técnicas al sistema penitenciario y al Ministerio de Gobernación, “que no se tomaron en cuenta para esta ley”. Por todo ello, advierten las “consecuencias negativas” y de la “responsabilidad del Congreso” por aprobar leyes de forma “apresurada, sin transparencia y sin sustento técnico ni jurídico”.
De acuerdo a la nueva Ley, los impuestos por instalaciones de equipos de telecomunicaciones deberán pagarse a la Superintendencia de Telecomunicacones (SIT) y ya no a la municipalidades como se hacía anteriormente. De tal manera que la SIT tendrá que normar arbitrios para colocar postes y autorizar las instalaciones de infraestructura para transmisión de datos, voz, video, imágenes y cualquier medio de información. Por ello, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades indígenas (AGAII) también rechazaron previamente la normativa y la calificaron de inconstitucional.