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Ley de Desarrollo Rural, una herramienta populista

Redacción República
25 de septiembre, 2014

Pese a que la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral lleva varios años de discusión dentro del Congreso de la República no se logran los consensos necesarios para su aprobación. Según el sector empresarial, no se ha llegado a las aceptaciones necesarias porque la normativa no llena los requisitos para un verdadero desarrollo rural integral.

Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, indica que la iniciativa no cuenta con el contenido de un verdadero proyecto de desarrollo rural, que debe basarse en políticas públicas de desarrollo ya aplicadas y exitosas. Agrega que este tema llegó nuevamente al Congreso  por los bloqueos y manifestaciones que se dieron la semana pasada por algunas organizaciones campesinas para exigir que se aprobara la iniciativa, pero en resumen no es un tema de importancia para el Legislativo, porque no es una Ley planteada desde los partidos políticos.

Molina añade que la iniciativa 4084 nunca ha tenido cabida en el Congreso por las múltiples inconstitucionalidades que presenta; sin embargo, lamenta que los partidos políticos la utilicen para generar votos, ya que el contenido de la iniciativa es desconocido por la población. “Le ponen un nombre bonito y sobre eso la venden, pero con el contenido, que es lo más importante, el pueblo es engañado”, asegura.

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De acuerdo con Camagro, el proyecto de Ley tiene múltiples inconstitucionalidades y carece de beneficios
para el desarrollo integral que necesita el país, por eso proponen trabajar políticas públicas de desarrollo rural. En ese sentido, desde hace dos años el Ministerio de Agricultura tiene acercamientos con dicha organización, a quienes se les ha dado material para la implementación de políticas públicas de desarrollo, que al final es una inversión.

Por su parte, el Movimiento Chapines Unidos por Guate señala que si la iniciativa 4084 se convierte en Ley sería una de las normas más peligrosas que ha conocido Guatemala porque viola el derecho a la propiedad privada, atenta contra la Constitución y genera condiciones de ingobernabilidad.

Integrantes del Movimiento indican que la iniciativa de Desarrollo Rural Integral se aleja del compromiso de fortalecimiento institucional. La Constitución en su Artículo 68 establece que el Estado debe proveer tierras estatales a las comunidades indígenas. Se trata de tierras inscritas a favor del Estado o de las municipalidades. Hacen ver que el término tierras comunales, como está definido en la Ley que se pretende entre en vigencia, implica la concesión de la titularidad de derechos autonómos contra la propiedad estatal o municipal. Ante esto, instan a un diálogo y una discusión respetuosa, fundamentada en ideas y hechos que analicen una verdadera iniciativa de Desarrollo Rural Integral.

El Movimiento Cívico Nacional (MCN) señala que la institucionalidad del Congreso de la República se encuentra en un deterioro por la aprobación de leyes “express”, las cuales fueron aprobadas utilizando la modalidad de Urgencia Nacional “bajo la sospecha de corrupción y señalamientos de tráfico de influencias”.

Según el MCN, actualmente analizan la aprobación bajo esta misma modalidad, la iniciativa 4084 “Ley de Desarrollo Rural’. En esta ocasión están respondiendo a bloqueos de carreteras y manifestaciones, lo que significa que son “extorsionados”, o peor aún, piensan exclusivamente en su popularidad política. Enfatizan que todas estas acciones debilitan la institucionalidad del Congreso de la República y lejos de construir la Nación que todos los guatemaltecos añoran, son situaciones que generan ingobernabilidad y crean precedentes nefastos para este Organismo.

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Ley de Desarrollo Rural, una herramienta populista

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25 de septiembre, 2014

Pese a que la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral lleva varios años de discusión dentro del Congreso de la República no se logran los consensos necesarios para su aprobación. Según el sector empresarial, no se ha llegado a las aceptaciones necesarias porque la normativa no llena los requisitos para un verdadero desarrollo rural integral.

Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, indica que la iniciativa no cuenta con el contenido de un verdadero proyecto de desarrollo rural, que debe basarse en políticas públicas de desarrollo ya aplicadas y exitosas. Agrega que este tema llegó nuevamente al Congreso  por los bloqueos y manifestaciones que se dieron la semana pasada por algunas organizaciones campesinas para exigir que se aprobara la iniciativa, pero en resumen no es un tema de importancia para el Legislativo, porque no es una Ley planteada desde los partidos políticos.

Molina añade que la iniciativa 4084 nunca ha tenido cabida en el Congreso por las múltiples inconstitucionalidades que presenta; sin embargo, lamenta que los partidos políticos la utilicen para generar votos, ya que el contenido de la iniciativa es desconocido por la población. “Le ponen un nombre bonito y sobre eso la venden, pero con el contenido, que es lo más importante, el pueblo es engañado”, asegura.

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De acuerdo con Camagro, el proyecto de Ley tiene múltiples inconstitucionalidades y carece de beneficios
para el desarrollo integral que necesita el país, por eso proponen trabajar políticas públicas de desarrollo rural. En ese sentido, desde hace dos años el Ministerio de Agricultura tiene acercamientos con dicha organización, a quienes se les ha dado material para la implementación de políticas públicas de desarrollo, que al final es una inversión.

Por su parte, el Movimiento Chapines Unidos por Guate señala que si la iniciativa 4084 se convierte en Ley sería una de las normas más peligrosas que ha conocido Guatemala porque viola el derecho a la propiedad privada, atenta contra la Constitución y genera condiciones de ingobernabilidad.

Integrantes del Movimiento indican que la iniciativa de Desarrollo Rural Integral se aleja del compromiso de fortalecimiento institucional. La Constitución en su Artículo 68 establece que el Estado debe proveer tierras estatales a las comunidades indígenas. Se trata de tierras inscritas a favor del Estado o de las municipalidades. Hacen ver que el término tierras comunales, como está definido en la Ley que se pretende entre en vigencia, implica la concesión de la titularidad de derechos autonómos contra la propiedad estatal o municipal. Ante esto, instan a un diálogo y una discusión respetuosa, fundamentada en ideas y hechos que analicen una verdadera iniciativa de Desarrollo Rural Integral.

El Movimiento Cívico Nacional (MCN) señala que la institucionalidad del Congreso de la República se encuentra en un deterioro por la aprobación de leyes “express”, las cuales fueron aprobadas utilizando la modalidad de Urgencia Nacional “bajo la sospecha de corrupción y señalamientos de tráfico de influencias”.

Según el MCN, actualmente analizan la aprobación bajo esta misma modalidad, la iniciativa 4084 “Ley de Desarrollo Rural’. En esta ocasión están respondiendo a bloqueos de carreteras y manifestaciones, lo que significa que son “extorsionados”, o peor aún, piensan exclusivamente en su popularidad política. Enfatizan que todas estas acciones debilitan la institucionalidad del Congreso de la República y lejos de construir la Nación que todos los guatemaltecos añoran, son situaciones que generan ingobernabilidad y crean precedentes nefastos para este Organismo.