La Constitución de la República indica que la Contraloría General de Cuentas (CGC) es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos e intereses hacendarios de los organismos del Estado.
La elección del Contralor General de Cuentas, al igual que en otros organismos, se hace por medio de un mecanismo que involucra la participación de una Comisión de Postulación, y al final el Congreso decide la persona que estará a la cabeza de la CGC.
En año electoral la Contraloría juega un papel determinante para la inscripción de candidatos, y es que debe extender las constancias de solvencia de juicios de cuentas pendientes, mejor conocidas como “finiquitos”.
Estos documentos son requisito indispensable para que un candidato logre inscribirse como tal en el departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos (RC), y conforme avanza el cronograma electoral la demanda de constancias apremia a tal extremo que las actuales autoridades de la CGC impulsan la firma de un convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este pueda consultar las constancias en línea.
La inscripción de candidatos inicia un día después de la convocatoria a elecciones generales (2 de mayo) y finaliza 60 días antes de la celebración de comicios generales. La Ley Electoral indica que esta primera vuelta debe celebrarse la primera o segunda semana de septiembre.
La polémica ha girado en torno a estas constancias y el manejo político que implican. En 2007 los magistrados del TSE, a petición de algunas organizaciones políticas, intentaron prescindir de la solicitud de estas constancias pero el escarnio público cayó sobre ese organismo, razón por la que se revirtió esa decisión.
La primera vez que el TSE exigió esos requisitos para la inscripción de candidatos fue en 2003 para atenerse a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos que había sido reformada recientemente. Desde ese momento, fiscales de partidos políticos mostraron su descontento con la disposición y demandaron suprimir dicho requisito con el argumento del tiempo.
El sistema es el que permite que la elección del Contralor sea a nivel político (al ser electo por el Congreso) y que posteriormente los políticos deban recurrir a la CGC para poder participar en la carrera por ocupar los cargos de elección popular, explican analistas.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia (MPJ), manifestó que sin perjuicio del gran avance que significó la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación “hay aspectos que la misma no ha solucionado”, ya que la Constitución respecto a la elección de magistrados, fiscal general y Contralor General de Cuentas, contiene elementos que no garantizan su independencia.
“No he recibido presiones”
En cuanto al tema propio del sistema que rige la CGC, el contralor manifestó que si bien se necesita implementar una reforma constitucional para cambiar los mecanismos que rigen el juego, no sólo en la dependencia que dirige sino en el Ministerio Público (MP), magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras entidades similares.
Por el momento no existen propuestas en el parlamento que pretendan rediseñar dicho sistema y enfatizó que no ha recibido presiones de ningún tipo hasta la fecha por parte de aspirantes a ocupar puestos de elección popular. “Ni tengo idea de quiénes van, fíjese”. Agregó que trabajan en el rediseño de las ventanillas de atención al público y que esto incluye la ampliación de tres a nueve ventanillas, como parte de los procesos de modernización en esa dependencia.
Jorge Wong, analista político, explicó que “debe romperse ese círculo vicioso entre la elección del contralor por parte del Congreso y la entrega de finiquitos provenientes de esa dependencia a los candidatos como parte de los requisitos del TSE”.
La Constitución de la República indica que la Contraloría General de Cuentas (CGC) es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos e intereses hacendarios de los organismos del Estado.
La elección del Contralor General de Cuentas, al igual que en otros organismos, se hace por medio de un mecanismo que involucra la participación de una Comisión de Postulación, y al final el Congreso decide la persona que estará a la cabeza de la CGC.
En año electoral la Contraloría juega un papel determinante para la inscripción de candidatos, y es que debe extender las constancias de solvencia de juicios de cuentas pendientes, mejor conocidas como “finiquitos”.
Estos documentos son requisito indispensable para que un candidato logre inscribirse como tal en el departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos (RC), y conforme avanza el cronograma electoral la demanda de constancias apremia a tal extremo que las actuales autoridades de la CGC impulsan la firma de un convenio con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este pueda consultar las constancias en línea.
La inscripción de candidatos inicia un día después de la convocatoria a elecciones generales (2 de mayo) y finaliza 60 días antes de la celebración de comicios generales. La Ley Electoral indica que esta primera vuelta debe celebrarse la primera o segunda semana de septiembre.
La polémica ha girado en torno a estas constancias y el manejo político que implican. En 2007 los magistrados del TSE, a petición de algunas organizaciones políticas, intentaron prescindir de la solicitud de estas constancias pero el escarnio público cayó sobre ese organismo, razón por la que se revirtió esa decisión.
La primera vez que el TSE exigió esos requisitos para la inscripción de candidatos fue en 2003 para atenerse a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos que había sido reformada recientemente. Desde ese momento, fiscales de partidos políticos mostraron su descontento con la disposición y demandaron suprimir dicho requisito con el argumento del tiempo.
El sistema es el que permite que la elección del Contralor sea a nivel político (al ser electo por el Congreso) y que posteriormente los políticos deban recurrir a la CGC para poder participar en la carrera por ocupar los cargos de elección popular, explican analistas.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia (MPJ), manifestó que sin perjuicio del gran avance que significó la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación “hay aspectos que la misma no ha solucionado”, ya que la Constitución respecto a la elección de magistrados, fiscal general y Contralor General de Cuentas, contiene elementos que no garantizan su independencia.
“No he recibido presiones”
En cuanto al tema propio del sistema que rige la CGC, el contralor manifestó que si bien se necesita implementar una reforma constitucional para cambiar los mecanismos que rigen el juego, no sólo en la dependencia que dirige sino en el Ministerio Público (MP), magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras entidades similares.
Por el momento no existen propuestas en el parlamento que pretendan rediseñar dicho sistema y enfatizó que no ha recibido presiones de ningún tipo hasta la fecha por parte de aspirantes a ocupar puestos de elección popular. “Ni tengo idea de quiénes van, fíjese”. Agregó que trabajan en el rediseño de las ventanillas de atención al público y que esto incluye la ampliación de tres a nueve ventanillas, como parte de los procesos de modernización en esa dependencia.
Jorge Wong, analista político, explicó que “debe romperse ese círculo vicioso entre la elección del contralor por parte del Congreso y la entrega de finiquitos provenientes de esa dependencia a los candidatos como parte de los requisitos del TSE”.