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Inicia análisis de la Ley de Comisiones de Postulación

Redacción República
17 de marzo, 2015

El análisis para reformar la ley que rige las Comisiones de Postulación se iniciaron este martes por parte de la mesa de seguridad y justicia que preside el diputado del Partido Patriota (PP), Oliverio García Rodas, quien designó al Movimiento Pro justicia para dirigir la misma.

La representante de dicho movimiento, Carmen Aída Ibarra, solicitó una reunión con diferentes organizaciones y entidades, como la Universidad Rafael Landívar, Organismo Judicial, la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (ATAL), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Instituto Nacional por la Democracia (INDI) y el Alto Comisionado por las Naciones Unidas.

Ayer, en su primera reunión, los integrantes de las organizaciones de la Mesa de Seguridad y Justicia definieron el cronograma con la que trabajarán una nueva Ley de Comisiones de Postulación, del 23 de marzo al 6 de abril abordarán el tema.

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Según reiteró Ibarra se tratarán, entre los objetivos, la participación de los rectores, de los decanos, financiamiento, el acceso a la información y la toma de decisiones, entre otros fines.

Mientras que del 13 al 20 de abril trabajarán en las funciones técnicas de las postuladoras, las cuales incluyen el perfil que deben tener los aspirantes a un cargo público, los requisitos formales y la verificación de los mismos, además de los instrumentos de evaluación por parte de los comisionados.

Las organizaciones abordarán temas como el de la evaluación de las comisiones de postulación, la auditoría social, impugnaciones, denuncias por impedimentos, así como los procedimientos por depurar el listado de aspirantes en cada una de las fases.

Entre tanto, los representantes sociales utilizarán como referencia el modelo de Comisiones de Postulación de otros países basándose en la Constitución de la República, con el propósito de no incurrir en una inconstitucionalidad. El modelo será el modelo usado en Perú.

La Ley de la Comisión de Postulación deberá tomar en cuenta la exclusión de los aspirantes que no cumplen con los requisitos formales, como por ejemplo aquellos que no cumplen los 30 años de edad, y los trabajos profesionales que han realizado. Con la auditoría social verán las denuncias de impedimentos y las funciones de nominación e impugnaciones, según se propuso para el análisis.

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