El Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ), podrían agenciarse de más recursos si prospera un plan del Ejecutivo para ampliar el presupuesto de dichas entidades.
El ministro de Finanzas, Dorval Carías, explicó que procederán a verificar las ejecuciones presupuestarias del primer trimestre del año y las previsiones de los próximos dos meses. Comentó que, a pesar de que ya se dispone de recursos para financiar al TSE, se necesitan aportes para fortalecer el MP y OJ.
El gobierno necesita agenciarse de más fondos luego de que quedara en suspenso el impuesto a la telefonía que aprobó el Congreso en el último decreto de presupuesto general para el ejercicio fiscal vigente. Se estima que en ese rubro el Estado dejó de percibir Q61 millones tras la resolución provisional que emitió al respecto la Corte de Constitucionalidad (CC) tras una serie de amparos planteados por diversas instancias contra el tributo.
Los artículos 62 y el 75 del decreto que contiene el presupuesto vigente, disponen la creación de un impuesto sobre las líneas de telefonía fija o móvil existentes, pero las empresas que prestan estos servicios plantearon al respecto una acción de amparo por considerar que lo avalado por el Congreso afectaría a más de 15 millones de usuarios.
La Corte de Constitucionalidad en 2014, otorgó el amparo provisional a las empresas de telefonía y dejó en suspenso temporal los 12 artículos del Presupuesto hasta que se emita sentencia definitiva.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ), podrían agenciarse de más recursos si prospera un plan del Ejecutivo para ampliar el presupuesto de dichas entidades.
El ministro de Finanzas, Dorval Carías, explicó que procederán a verificar las ejecuciones presupuestarias del primer trimestre del año y las previsiones de los próximos dos meses. Comentó que, a pesar de que ya se dispone de recursos para financiar al TSE, se necesitan aportes para fortalecer el MP y OJ.
El gobierno necesita agenciarse de más fondos luego de que quedara en suspenso el impuesto a la telefonía que aprobó el Congreso en el último decreto de presupuesto general para el ejercicio fiscal vigente. Se estima que en ese rubro el Estado dejó de percibir Q61 millones tras la resolución provisional que emitió al respecto la Corte de Constitucionalidad (CC) tras una serie de amparos planteados por diversas instancias contra el tributo.
Los artículos 62 y el 75 del decreto que contiene el presupuesto vigente, disponen la creación de un impuesto sobre las líneas de telefonía fija o móvil existentes, pero las empresas que prestan estos servicios plantearon al respecto una acción de amparo por considerar que lo avalado por el Congreso afectaría a más de 15 millones de usuarios.
La Corte de Constitucionalidad en 2014, otorgó el amparo provisional a las empresas de telefonía y dejó en suspenso temporal los 12 artículos del Presupuesto hasta que se emita sentencia definitiva.