De 1985 a la fecha, los gobernantes han debido sortear crisis institucionales debido al surgimiento de casos de alto impacto, pero la que se vive actualmente es la más impresionante, según analistas consultados.
Una revisión hecha durante el paso de los diferentes gobiernos da cuenta que en el caso de Vinicio Cerezo, el primer presidente de la era y quien asumió en 1986, sorteó tres grandes crisis. La primera fueron los constantes intentos de golpe de estado, un paro por parte del sector privado que se oponía a la reforma tributaria y un paro magisterial que duró meses.
Jorge Serrano Elías asumió en 1991 y para iniciar, vivió un escándalo tras consumir una sopa de cebolla en un club nocturno de Nueva York, Estados Unidos. A su regreso, el expresidente culpó a la guerrilla del incidente que trascendió a la opinión pública y esto cortó las pláticas de paz, coinciden testigos.
Pero eso, como es sabido, no fue la peor crisis. Lo fue el intento de autogolpe al estilo de Alberto Fujimori en Perú, para disolver el Congreso que le mantenía una actitud de extorsión constante, según él lo describió y que culminó en su salida. A Serrano lo sucedió Ramiro de León Carpio, quien tuvo una crisis ajena a su administración pero que sacudió el país, con la depuración del Congreso, el proceso de reformas constitucionales de 1993 y con la convocatoria a elecciones de diputados.
De esos años, testigos consultados recuerdan que surgió una crisis en el parlamento al descubrir que la inteligencia militar tenía intervenidas las llamadas cuando Otto Pérez Molina era jefe del Estado Mayor Presidencial. Resulta que Francisco Reyes López, entonces diputado, denunció que Ramiro de León Carpio, a través de Roberto Alfaro, asesor en el palacio, desviaba recursos a la Asociación Nacional de Municipalidades para apoyar al presidente.
Reyes entregó los casettes a la prensa con las transcripciones y en respuesta, el asesor los acusó de espionaje porque al escuchar las grabaciones fueron llamadas telefónicas intervenidas. “Dos eran de mi casa y una del Palacio y por esa demanda, tanto Efraín Ríos Mont y Harris Whitbeck, no lograron ganar una curul en las elecciones y Reyes no se logró reelegir”, recuerda Alfaro.
Durante la administración de Álvaro Arzú (1996-2000), los allegados lo recuerdan como un hombre que andaba “con un zopilote en el anca”, debido a que en muchas apariciones públicas resultaba una tragedia. Para empezar, un día que salió a montar a caballo, su seguridad Obdulio Villanueva mató al lechero Sas Rompich; durante una visita al puerto, un escolta tocó un cable y falleció, además, estuvo presente en la tragedia del Estadio Mateo Flores, durante la cual fallecieron 80 personas.
Pero la crisis más grande para esa administración fue el asesinato del obispo Juan Gerardi, dos días después de la publicación del informe “Guatemala: Nunca Más”, el 26 de abril de 1998 y que se convirtió en el desgaste de la administración Arzú, cuando la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), suministró el número de licencia de un vehículo que rondó la escena del crimen que estaba al servicio de una base militar.
Lo anterior derivó en el involucramiento en el caso del coronel retirado Byron Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron Lima (miembros del Estado Mayor Presidencial), Obdulio Villanueva (seguridad de Arzú que asesinó al lechero) y el sacerdote Mario Orantes.
Portillo fue extraditado hacia EEEUU y tras cumplir una pena retornó al país para ser candidato a diputado.
En la administración de Alfonso Portillo, quien asumió en 2000, las crisis reportadas datan de las manifestaciones en contra de los planes de implementar una reforma fiscal, los escándalos de corrupción y los hechos del Jueves Negro y Viernes de luto ocasionados por un grupo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que promovía la inscripción de su máximo lider Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.
En el caso de Óscar Berger, según sus allegados, hay dos problemas o crisis que no fueron públicas. La primera es que por poco pierde la vida, explican las fuentes, cuando era candidato, ya que fue sometido a una operación de la próstata y eso fue “una crisis secreta”. Otros hechos fueron los asesinatos de los diputados del Parlamento Centroamericano, la crisis de Nueva Linda por un conflicto de tierras y la crisis latente que trascendió años después que involucró a la cúpula de seguridad de ese gobierno en ejecuciones extrajudiciales.
Para Álvaro Colom (2008-2012) sortear los asesinatos de Rodrigo Rosenberg y del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie fue la crisis institucional que provocó manifestaciones en su contra y es cuando tomó protagonismo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), bajo el mando de Carlos Castresana.
Sin embargo, Otto Pérez Molina, quien tomó posesión en 2012, vive, desde las protestas de 1944, la peor crisis institucional. Si con Cerezo hubo protestas sindicales, las de ahora lograron unir a diversos sectores de la sociedad y derivaron en la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora, el presidente Otto Pérez Molina está con un pie afuera del poder.
En la fotografía aparece el actual vicepresidente Alejandro Maldonado, el expresidente Álvaro Colom Caballeros y el primer presidente de la éra democrática Vinicio Cerezo Arévalo.
Los hechos que llevaron a la crisis
En el primer escándalo que inició la crisis no figuraba directamente Pérez Molina, pero sí afectaba la credibilidad de su gestión. Fue cuando Baldetti se involucró en la supuesta recuperación del Lago de Amatitlán, con la contratación por Q137.8 millones de una empresa israelí que resultó ser un fraude. Dicho contrato fue declarado nocivo porque se trataba principalmente de agua con sal y la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público accionaron contra la empresa extranjera M Tarcic Engineering.
Tomando en cuenta lo que vendría después, algo que afectó también su imagen fue cuando el 15 de abril Pérez se reunió con Omar Franco, entonces Superintendente de Administración tributaria, para hablar de la recaudación fiscal del primer trimestre. Como había ocurrido en los últimos tres años, no se habían cumplido las metas de recaudación.
En una conferencia de prensa, ambos funcionarios dieron las supuestas explicaciones acerca de los pobres resultados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Allí, el mandatario prácticamente le dio su apoyo a Franco, cosa que fue mal vista cuando saltó el escándalo de la red de defraudación La Línea un día después, Franco fue capturado y se involucraba, además, a Carlos Muñoz, el superintendente anterior que también fue nombrado por Pérez y a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti.
Por otro lado, la tensión también aumentó cuando Pérez dio a entender que no estaba dispuesto a prorrogar el mandato de la CICIG. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinón cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden, en su visita al país, presionó para que se extendiera la misión. De lo contrario, el gobierno de Barack Obama no aportaría los US$1000 millones al año para el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Su liderazgo empezó a ser puesto en duda, pues tuvo que ceder.
Otro hecho paralelo fue que el 7 de mayo se supo acerca del Bufete de la Impunidad, estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales, como jueces para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Este caso también fue presentado por el Ministerio Público y la CICIG, ya que algunos implicados en La Línea habían sido favorecidos por este grupo. Lo que vino después fue el acabose, sobre todo porque la indignación popular fue creciendo día a día sin que se haya detenido hasta la fecha. Según el análisis de Phillip Chicola, para empezar, su compañera en el poder, Roxana Baldetti, fue obligada a dimitir el 8 de mayo por su posible vinculación al caso de La Linea.
Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina, está en prisión preventiva.
Luego, su exsecretario privado, Juan de Dios Rodríguez, fue puesto en prisión preventiva por el caso de fraude en el contrato lGSS-Pisa, por el cual incluso algunos pacientes perdieron la vida. La percepción de gobierno que se desquebraja siguió cuando su ministro más cercano, Mauricio López Bonilla, fue obligado a dimitir por irregularidades en Gobernación.
Otros miembros del gabinete que renunciaron en medio de sindicaciones de corrupción en sus carteras, fueron Erick Archila, ministro de Energía y Minas; Edi Juárez viceministro de seguridad; Michelle Martínez, ministra de Medio Ambiente; Ulises Anzueto, exministro de la Defensa que también abandonó la dirección de la Secretaría de Investigación Estratégica.
Para agravar la situación, su yerno Gustavo Martinez, que era el secretario general de Presidencia, fue obligado a dimitir por denuncias de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Chicola considera que es muy significativo que en una conferencia de prensa Pérez haya cedido el podio presidencial al Embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, cuando se anunció la ayuda de ese país para reformar la SAT. Según el analista, esta es una clara señal de cómo están las relaciones de poder.
“Ningún actor relevante parece estar dispuesto a meter las manos al fuego por él. Los periodistas le preguntan si estaría dispuesto a someterse al polígrafo”, dice refiriéndose al extremo de desconfianza que despierta su figura. Está a punto de quedarse sin derecho de antejuicio luego de que el 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite por unanimidad a la solicitud hecha por un diputado.
Chicola dice que esto se da en el marco de la peor crisis política del país desde 1993, cuando fue el autogolpe de Serrano Elías. Se cree que antes de que una comisión pesquisidora del Congreso de la República lo cite, Pérez renunciaría para evitar dicha confrontación.
Lo que se viene
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, indica que en el supuesto caso que el presidente de la República renunciara, no tendría mayor trascendencia porque no se tendría una acefalia desde el momento que hay electo un vicepresidente, que lo entraría a sustituir de inmediato.
Lo que procedería en tal situación no es más que el vicepresidente tomando ya posesión y juramentado como nuevo presidente remita al Congreso la terna de su sustituto en calidad de vicepresidente. Es decir, que la institucionalidad del país no se vería afectada, según Orellana, quien refiere que con este proceso no se corre el riesgo de un rompimiento constitucional, ya que se seguirá el orden que manda la Constitución Política de la República.
De acuerdo con Orellana no existiría un efecto secundario sobre la eventual renuncia del mandatario, la sucesión de la figura presidencial está cubierta y el nuevo presidente no entra por un golpe de estado sino en un proceso de sucesión que establece la Carta Magna. A decir del jurista, al darse una posible renuncia del presidente se disminuye el grado de un rompimiento institucional. El proceso de antejuicio se enmarca en el debido proceso que establece la Ley.
Por su parte, Luis Mack, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso), tiene una opinión contraria a Orellana. Dice que de existir la renuncia del presidente se entraría en un vacío de poder y una posible crisis institucional, si no se adecua este vacío de poder a una realidad del Estado.
Además indica que todo el tema de la renuncia se podría convertir en un distractor y que todos se enfoque sobre eso y se deje de lado las reformas que se exigen. “Un efecto que podría haber en el proceso de incertidumbre que las cosas no cambiaran y que la situación política del país quedara igual”.
El politólogo dice que podría haber un efecto que se desatara la violencia como un mecanismo de control, como lo sucedido el viernes pasado animadversión y una división de la población que no tiene claro cuál es el rumbo y esa incertidumbre desataría una violencia controlada para desanimar las manifestaciones ciudadanas.
El constituyente Roberto Alejos, comenta que en 1985 se abrieron las puertas para escuchar a toda la población, a excepción, claro, de quienes se encontraban en la montaña debido al conflicto armado. “La Constitución se vuelve un pacto de nación que no se cumple y somos un Estado incapaz de cumplir esos objetivos que no son más que el reflejo de lo que requiere la sociedad”.
Alejos concluye en que el problema ahora es que la población “está odiando a la clase política” y esto es porque “estamos llenos de mercaderes, habemos pocos políticos de carrera y después de la depuración del Congreso ya pocos quisieron participar en la política, por lo tanto, quienes se aprovechan del sistema son quienes ven una oportunidad en esto”.
Con información de Jéssica Osorio, Jéssica Masaya y Eder Juárez.
De 1985 a la fecha, los gobernantes han debido sortear crisis institucionales debido al surgimiento de casos de alto impacto, pero la que se vive actualmente es la más impresionante, según analistas consultados.
Una revisión hecha durante el paso de los diferentes gobiernos da cuenta que en el caso de Vinicio Cerezo, el primer presidente de la era y quien asumió en 1986, sorteó tres grandes crisis. La primera fueron los constantes intentos de golpe de estado, un paro por parte del sector privado que se oponía a la reforma tributaria y un paro magisterial que duró meses.
Jorge Serrano Elías asumió en 1991 y para iniciar, vivió un escándalo tras consumir una sopa de cebolla en un club nocturno de Nueva York, Estados Unidos. A su regreso, el expresidente culpó a la guerrilla del incidente que trascendió a la opinión pública y esto cortó las pláticas de paz, coinciden testigos.
Pero eso, como es sabido, no fue la peor crisis. Lo fue el intento de autogolpe al estilo de Alberto Fujimori en Perú, para disolver el Congreso que le mantenía una actitud de extorsión constante, según él lo describió y que culminó en su salida. A Serrano lo sucedió Ramiro de León Carpio, quien tuvo una crisis ajena a su administración pero que sacudió el país, con la depuración del Congreso, el proceso de reformas constitucionales de 1993 y con la convocatoria a elecciones de diputados.
De esos años, testigos consultados recuerdan que surgió una crisis en el parlamento al descubrir que la inteligencia militar tenía intervenidas las llamadas cuando Otto Pérez Molina era jefe del Estado Mayor Presidencial. Resulta que Francisco Reyes López, entonces diputado, denunció que Ramiro de León Carpio, a través de Roberto Alfaro, asesor en el palacio, desviaba recursos a la Asociación Nacional de Municipalidades para apoyar al presidente.
Reyes entregó los casettes a la prensa con las transcripciones y en respuesta, el asesor los acusó de espionaje porque al escuchar las grabaciones fueron llamadas telefónicas intervenidas. “Dos eran de mi casa y una del Palacio y por esa demanda, tanto Efraín Ríos Mont y Harris Whitbeck, no lograron ganar una curul en las elecciones y Reyes no se logró reelegir”, recuerda Alfaro.
Durante la administración de Álvaro Arzú (1996-2000), los allegados lo recuerdan como un hombre que andaba “con un zopilote en el anca”, debido a que en muchas apariciones públicas resultaba una tragedia. Para empezar, un día que salió a montar a caballo, su seguridad Obdulio Villanueva mató al lechero Sas Rompich; durante una visita al puerto, un escolta tocó un cable y falleció, además, estuvo presente en la tragedia del Estadio Mateo Flores, durante la cual fallecieron 80 personas.
Pero la crisis más grande para esa administración fue el asesinato del obispo Juan Gerardi, dos días después de la publicación del informe “Guatemala: Nunca Más”, el 26 de abril de 1998 y que se convirtió en el desgaste de la administración Arzú, cuando la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), suministró el número de licencia de un vehículo que rondó la escena del crimen que estaba al servicio de una base militar.
Lo anterior derivó en el involucramiento en el caso del coronel retirado Byron Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron Lima (miembros del Estado Mayor Presidencial), Obdulio Villanueva (seguridad de Arzú que asesinó al lechero) y el sacerdote Mario Orantes.
Portillo fue extraditado hacia EEEUU y tras cumplir una pena retornó al país para ser candidato a diputado.
En la administración de Alfonso Portillo, quien asumió en 2000, las crisis reportadas datan de las manifestaciones en contra de los planes de implementar una reforma fiscal, los escándalos de corrupción y los hechos del Jueves Negro y Viernes de luto ocasionados por un grupo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que promovía la inscripción de su máximo lider Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.
En el caso de Óscar Berger, según sus allegados, hay dos problemas o crisis que no fueron públicas. La primera es que por poco pierde la vida, explican las fuentes, cuando era candidato, ya que fue sometido a una operación de la próstata y eso fue “una crisis secreta”. Otros hechos fueron los asesinatos de los diputados del Parlamento Centroamericano, la crisis de Nueva Linda por un conflicto de tierras y la crisis latente que trascendió años después que involucró a la cúpula de seguridad de ese gobierno en ejecuciones extrajudiciales.
Para Álvaro Colom (2008-2012) sortear los asesinatos de Rodrigo Rosenberg y del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie fue la crisis institucional que provocó manifestaciones en su contra y es cuando tomó protagonismo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), bajo el mando de Carlos Castresana.
Sin embargo, Otto Pérez Molina, quien tomó posesión en 2012, vive, desde las protestas de 1944, la peor crisis institucional. Si con Cerezo hubo protestas sindicales, las de ahora lograron unir a diversos sectores de la sociedad y derivaron en la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora, el presidente Otto Pérez Molina está con un pie afuera del poder.
En la fotografía aparece el actual vicepresidente Alejandro Maldonado, el expresidente Álvaro Colom Caballeros y el primer presidente de la éra democrática Vinicio Cerezo Arévalo.
Los hechos que llevaron a la crisis
En el primer escándalo que inició la crisis no figuraba directamente Pérez Molina, pero sí afectaba la credibilidad de su gestión. Fue cuando Baldetti se involucró en la supuesta recuperación del Lago de Amatitlán, con la contratación por Q137.8 millones de una empresa israelí que resultó ser un fraude. Dicho contrato fue declarado nocivo porque se trataba principalmente de agua con sal y la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público accionaron contra la empresa extranjera M Tarcic Engineering.
Tomando en cuenta lo que vendría después, algo que afectó también su imagen fue cuando el 15 de abril Pérez se reunió con Omar Franco, entonces Superintendente de Administración tributaria, para hablar de la recaudación fiscal del primer trimestre. Como había ocurrido en los últimos tres años, no se habían cumplido las metas de recaudación.
En una conferencia de prensa, ambos funcionarios dieron las supuestas explicaciones acerca de los pobres resultados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Allí, el mandatario prácticamente le dio su apoyo a Franco, cosa que fue mal vista cuando saltó el escándalo de la red de defraudación La Línea un día después, Franco fue capturado y se involucraba, además, a Carlos Muñoz, el superintendente anterior que también fue nombrado por Pérez y a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti.
Por otro lado, la tensión también aumentó cuando Pérez dio a entender que no estaba dispuesto a prorrogar el mandato de la CICIG. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinón cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joel Biden, en su visita al país, presionó para que se extendiera la misión. De lo contrario, el gobierno de Barack Obama no aportaría los US$1000 millones al año para el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Su liderazgo empezó a ser puesto en duda, pues tuvo que ceder.
Otro hecho paralelo fue que el 7 de mayo se supo acerca del Bufete de la Impunidad, estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales, como jueces para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Este caso también fue presentado por el Ministerio Público y la CICIG, ya que algunos implicados en La Línea habían sido favorecidos por este grupo. Lo que vino después fue el acabose, sobre todo porque la indignación popular fue creciendo día a día sin que se haya detenido hasta la fecha. Según el análisis de Phillip Chicola, para empezar, su compañera en el poder, Roxana Baldetti, fue obligada a dimitir el 8 de mayo por su posible vinculación al caso de La Linea.
Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina, está en prisión preventiva.
Luego, su exsecretario privado, Juan de Dios Rodríguez, fue puesto en prisión preventiva por el caso de fraude en el contrato lGSS-Pisa, por el cual incluso algunos pacientes perdieron la vida. La percepción de gobierno que se desquebraja siguió cuando su ministro más cercano, Mauricio López Bonilla, fue obligado a dimitir por irregularidades en Gobernación.
Otros miembros del gabinete que renunciaron en medio de sindicaciones de corrupción en sus carteras, fueron Erick Archila, ministro de Energía y Minas; Edi Juárez viceministro de seguridad; Michelle Martínez, ministra de Medio Ambiente; Ulises Anzueto, exministro de la Defensa que también abandonó la dirección de la Secretaría de Investigación Estratégica.
Para agravar la situación, su yerno Gustavo Martinez, que era el secretario general de Presidencia, fue obligado a dimitir por denuncias de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Chicola considera que es muy significativo que en una conferencia de prensa Pérez haya cedido el podio presidencial al Embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, cuando se anunció la ayuda de ese país para reformar la SAT. Según el analista, esta es una clara señal de cómo están las relaciones de poder.
“Ningún actor relevante parece estar dispuesto a meter las manos al fuego por él. Los periodistas le preguntan si estaría dispuesto a someterse al polígrafo”, dice refiriéndose al extremo de desconfianza que despierta su figura. Está a punto de quedarse sin derecho de antejuicio luego de que el 10 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite por unanimidad a la solicitud hecha por un diputado.
Chicola dice que esto se da en el marco de la peor crisis política del país desde 1993, cuando fue el autogolpe de Serrano Elías. Se cree que antes de que una comisión pesquisidora del Congreso de la República lo cite, Pérez renunciaría para evitar dicha confrontación.
Lo que se viene
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, indica que en el supuesto caso que el presidente de la República renunciara, no tendría mayor trascendencia porque no se tendría una acefalia desde el momento que hay electo un vicepresidente, que lo entraría a sustituir de inmediato.
Lo que procedería en tal situación no es más que el vicepresidente tomando ya posesión y juramentado como nuevo presidente remita al Congreso la terna de su sustituto en calidad de vicepresidente. Es decir, que la institucionalidad del país no se vería afectada, según Orellana, quien refiere que con este proceso no se corre el riesgo de un rompimiento constitucional, ya que se seguirá el orden que manda la Constitución Política de la República.
De acuerdo con Orellana no existiría un efecto secundario sobre la eventual renuncia del mandatario, la sucesión de la figura presidencial está cubierta y el nuevo presidente no entra por un golpe de estado sino en un proceso de sucesión que establece la Carta Magna. A decir del jurista, al darse una posible renuncia del presidente se disminuye el grado de un rompimiento institucional. El proceso de antejuicio se enmarca en el debido proceso que establece la Ley.
Por su parte, Luis Mack, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso), tiene una opinión contraria a Orellana. Dice que de existir la renuncia del presidente se entraría en un vacío de poder y una posible crisis institucional, si no se adecua este vacío de poder a una realidad del Estado.
Además indica que todo el tema de la renuncia se podría convertir en un distractor y que todos se enfoque sobre eso y se deje de lado las reformas que se exigen. “Un efecto que podría haber en el proceso de incertidumbre que las cosas no cambiaran y que la situación política del país quedara igual”.
El politólogo dice que podría haber un efecto que se desatara la violencia como un mecanismo de control, como lo sucedido el viernes pasado animadversión y una división de la población que no tiene claro cuál es el rumbo y esa incertidumbre desataría una violencia controlada para desanimar las manifestaciones ciudadanas.
El constituyente Roberto Alejos, comenta que en 1985 se abrieron las puertas para escuchar a toda la población, a excepción, claro, de quienes se encontraban en la montaña debido al conflicto armado. “La Constitución se vuelve un pacto de nación que no se cumple y somos un Estado incapaz de cumplir esos objetivos que no son más que el reflejo de lo que requiere la sociedad”.
Alejos concluye en que el problema ahora es que la población “está odiando a la clase política” y esto es porque “estamos llenos de mercaderes, habemos pocos políticos de carrera y después de la depuración del Congreso ya pocos quisieron participar en la política, por lo tanto, quienes se aprovechan del sistema son quienes ven una oportunidad en esto”.
Con información de Jéssica Osorio, Jéssica Masaya y Eder Juárez.