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Urgen al presidente respeto a la institucionalidad

Redacción República
26 de agosto, 2015

Tras el mensaje confrontativo que envió el presidente Otto Pérez Molina el domingo no se tiene certeza sobre cuáles medidas tomará, si es que el Congreso de la República decide someterlo al proceso de antejuicio al cual le dio trámite la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según ha dicho Pérez no renunciará y, por el momento, los escenarios que se vislumbran son que el Congreso recomiende retirarle la inmunidad, por lo que podría someterse a dicho proceso; o se decide por renunciar del cargo (como lo hizo su excompañera de fórmula Roxana Baldetti) y evitar el desgaste de la comisión pesquisidora.

En contraposición, el gabinete se desintegra. Al presidente le renunciaron cinco ministros, ocho viceministros y dos comisionados. Se fueron los últimos dos ministros del gabinete original de Gobierno.

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El gobernante incluso evita a los medios de comunicación y en lugar de recurrir a los actos públicos como lo hacía antes para el cambio de autoridades, juramentó a puerta cerrada a los sucesores de las carteras de Educación y Salud, así como al coordinador del Programa Nacional de Competitividad.

La notificación respectiva del antejuicio deberá ser leída en la próxima sesión plenaria de acuerdo a los pasos establecidos en la ley. Sin embargo, los diputados al Congreso no han logrado integrar el quórum respectivo en los últimos días y se duda de que lo hagan en los venideros.

Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, recordó que la Constitución cuenta con todos los mecanismos para definir este proceso y que lo ideal es que el presidente presente su renuncia. “Es necesario que se siga dentro del marco de la ley y ahí están los procesos definidos para sustituir a las más altas autoridades del país sin alterar el orden constitucional”, manifestó Fuentes.

“Hacemos un llamado al Ejército y al Ministerio de Gobernación para que estén alertas porque podría suscitarse cualquier desorden habiendo tantos grupos que quieren provocar desestabilización”, expuso Fuentes.

El constituyente Carlos Molina Mencos precisó que está de acuerdo en que el presidente no haya renunciado de su cargo para mantener el orden constitucional pero con el debido proceso. “Lo bueno es que todo está precisado, aquí no hay que intentar nada, el Congreso declara con lugar el antejuicio con 105 votos o sin lugar con la misma cantidad”, precisó.

Mencos explica que si no se llega a dicha mayoría, el antejuicio se archiva pero sigue vigente, por lo tanto, sigue en disposición el debido proceso. Un rompimiento constitucional no está dentro de la normativa vigente. Asimismo, si el asunto pasa a los tribunales el juez determinará si declara ha lugar o no la apertura a juicio.

“Por supuesto, el presidente tiene la garantía como cualquier ciudadano de la presunción de inocencia hasta que se le declare culpable. Hay que tener claro que la persona no tiene que probar su inocencia, es el fiscal el que debe probar la culpabilidad y que el acusado se defienda es otra cosa”, finalizó Mencos.

Hay que fortalecer la democracia

Varios sectores se han pronunciado al respecto, la Cámara de Turismo manifestó en un comunicado que “Guatemala se encuentra en una situación crítica. Es deber de todos los guatemaltecos velar por que el Estado cumpla con su mandato constitucional de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Pedro Cruz, representante de Jóvenes por Guatemala, remarcó que se debe seguir trabajando en fortalecer nuestra democracia y la institucionalidad y solicitó al que considera “aún presidente de la República” que deje de provocar divisones en la población. “Los jóvenes no estamos dispuestos a permitir que la historia sufrida por nuestros antecesores se repita”, expuso Cruz.

El dirigente refirió que la organización que representa pide a Pérez que tome una salida contundente “con carácter y decisión” para la tranquilidad y bienestar del país.  Esto luego de que el mandatario negara las sindicaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de liderar una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera, y por lo cual también la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fuera ligada ayer martes a proceso en los tribunales.

Según publicaciones de prensa, el presidente estaba decidido a abandonar el cargo y someterse al debido proceso el viernes de la semana pasada, cuando la CICIG y el MP informaron en conferencia las implicaciones que tendría en la estructura de La Línea.

Sin embargo, se supo que un círculo de allegados le recomendó no hacerlo y se urdió una estrategia que podría culminar en un autogolpe como el que hizo el expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, todo en aras de obtener asilo político en Panamá.

La estrategia estaría encaminada a lograr que sectores afines al Ejecutivo, entiéndase sindicato del Magisterio y organizaciones campesinas, acudieran a la capital a manifestar respaldo al mandatario quien luego posteriormente se atribuiría dicho respaldo y el del Ejército, para encontrar una salida que pueda impactar el escenario político, incluidas las elecciones previstas para el próximo 6 de septiembre.

El sociólogo Luis Fernando Mack de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, finalizó con que “el próximo gobierno deberá promover acuerdos para no enfrentar una crisis más grande que la actual”.

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