En 2013 directivos del Legislativo lanzaron la voz de alerta debido a que quedaban cinco años para evitar el colapso financiero de ese organismo debido al crecimiento del pago a los trabajadores por disposición contenida en el Pacto de Condiciones de Trabajo.
Tres años después, la situación se mantiene y salieron a luz vicios en cuanto a los exorbitantes pagos y la discrecionalidad para asignar aumentos al personal, pues no ha sido parejo para todos.
Por ejemplo, un trabajador que ingresó en el Parlamento en 2011, ahora gana más de Q18 mil, pero otro que llegó en similares condiciones, tres años antes, apenas mantiene Q7 mil. Este desorden es responsabilidad de la Junta Directiva porque aprueba incremento sobre incremento.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) este martes 2 de febrero. “Los funcionarios y ex funcionarios del Organismo Legislativo, debieron sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos a los que se comprometieron y tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado”, refiere el documento.
Quienes suscribieron este pacto tampoco atendieron el contenido del artículo 240 de la Constitución, en donde se estipula que toda ley (pacto colectivo) que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de financiamiento.
Sin embargo, lamentó que los funcionarios no tomaran en cuenta un dictamen a la Dirección Técnica de Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas (Minfin) para determinar si el Estado tiene los recursos económicos para comprometerse al pago de todos los beneficios ofrecidos.
“Lo que sucede es que los trabajadores plantearon sus exigencias laborales y los funcionarios los otorgaron sin establecer la situación económica del país y ahora el Estado está enfrentando la inviabilidad de pagar sin la anuencia u opinión de Finanzas”, subraya la funcionaria.
Lo que no hubo al momento de suscribir el convenio fue la sustentación técnica, financiera y jurídica para los aumentos salariales en el Congreso, situación que ahora se vislumbra complicada. Se tiene conocimiento que si bien hubo propuestas para jubilar a buena parte de los trabajadores del Parlamento, estos quieren negociar irse, pero con una pensión significativa de Q15 mil, como mínimo.
Deducirán responsabilidades
En la denuncia de la PGN se evitó colocar los nombres de los funcionarios; sin embargo, el abogado que interpuso la acción, Abraham Vela, explicó que la única firma que se observa en el documento es la del expresidente del Legislativo, Jorge Méndez Herbruger.
Consultado, Méndez comentó que la Junta Directiva fue la que aprobó, en 2005, el último pacto colectivo. Rechazó se le señale como único responsable. Incluso, recordó que en 1999 se aprobó el diez por ciento de incremento salarial anual para los trabajadores presupuestados del Congreso.
La vigencia del pacto en cuestión finalizó el 21 de abril de 2014 y en ese momento se iniciaron pláticas para su renegociación, pero se mantuvo hasta la fecha. Entre los derechos adquiridos está un bono de antigüedad escalonado. Por ejemplo, se establece Q150 para quienes llevan de 5 a 10 años, Q400 de 10 a 20 años y Q600 para quienes superen los 20 años El bono vacacional es de Q600 al año y el bono navideño, Q800.
Alfredo Tumax, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), el que cuenta más afiliados, comentó que deben conocer el documento de la denuncia para accionar a donde corresponda.
“Debemos ser notificados, citados, oídos y vencidos en juicio”, refirió. Además, agregó que atribuyen la situación a un ataque contra las organizaciones sindicales del país. Escuche el audio aquí:
El diputado Carlos Barreda, primer secretario del Congreso, comentó que la semana pasada inició el diálogo con los trabajadores del Parlamento y remarcó que hay obligación de pedir la opinión a Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), cuando se aprueben disposiciones como la anterior.
Para el analista Luis Fernando Chávez, la acción de la PGN “es una medida acertada y es similar al trabajo del Ministerio Público. Es una labor muy importante para la consolidación del sistema de justicia en el país”. Aseveró que el pacto colectivo del Congreso es discriminativo.
“Hay preocupación de la Comunidad Internacional y especialmente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acerca de lo que sucede en el Congreso”, finalizó.
En 2013 directivos del Legislativo lanzaron la voz de alerta debido a que quedaban cinco años para evitar el colapso financiero de ese organismo debido al crecimiento del pago a los trabajadores por disposición contenida en el Pacto de Condiciones de Trabajo.
Tres años después, la situación se mantiene y salieron a luz vicios en cuanto a los exorbitantes pagos y la discrecionalidad para asignar aumentos al personal, pues no ha sido parejo para todos.
Por ejemplo, un trabajador que ingresó en el Parlamento en 2011, ahora gana más de Q18 mil, pero otro que llegó en similares condiciones, tres años antes, apenas mantiene Q7 mil. Este desorden es responsabilidad de la Junta Directiva porque aprueba incremento sobre incremento.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) este martes 2 de febrero. “Los funcionarios y ex funcionarios del Organismo Legislativo, debieron sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos a los que se comprometieron y tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado”, refiere el documento.
Quienes suscribieron este pacto tampoco atendieron el contenido del artículo 240 de la Constitución, en donde se estipula que toda ley (pacto colectivo) que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de financiamiento.
Sin embargo, lamentó que los funcionarios no tomaran en cuenta un dictamen a la Dirección Técnica de Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas (Minfin) para determinar si el Estado tiene los recursos económicos para comprometerse al pago de todos los beneficios ofrecidos.
“Lo que sucede es que los trabajadores plantearon sus exigencias laborales y los funcionarios los otorgaron sin establecer la situación económica del país y ahora el Estado está enfrentando la inviabilidad de pagar sin la anuencia u opinión de Finanzas”, subraya la funcionaria.
Lo que no hubo al momento de suscribir el convenio fue la sustentación técnica, financiera y jurídica para los aumentos salariales en el Congreso, situación que ahora se vislumbra complicada. Se tiene conocimiento que si bien hubo propuestas para jubilar a buena parte de los trabajadores del Parlamento, estos quieren negociar irse, pero con una pensión significativa de Q15 mil, como mínimo.
Deducirán responsabilidades
En la denuncia de la PGN se evitó colocar los nombres de los funcionarios; sin embargo, el abogado que interpuso la acción, Abraham Vela, explicó que la única firma que se observa en el documento es la del expresidente del Legislativo, Jorge Méndez Herbruger.
Consultado, Méndez comentó que la Junta Directiva fue la que aprobó, en 2005, el último pacto colectivo. Rechazó se le señale como único responsable. Incluso, recordó que en 1999 se aprobó el diez por ciento de incremento salarial anual para los trabajadores presupuestados del Congreso.
La vigencia del pacto en cuestión finalizó el 21 de abril de 2014 y en ese momento se iniciaron pláticas para su renegociación, pero se mantuvo hasta la fecha. Entre los derechos adquiridos está un bono de antigüedad escalonado. Por ejemplo, se establece Q150 para quienes llevan de 5 a 10 años, Q400 de 10 a 20 años y Q600 para quienes superen los 20 años El bono vacacional es de Q600 al año y el bono navideño, Q800.
Alfredo Tumax, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), el que cuenta más afiliados, comentó que deben conocer el documento de la denuncia para accionar a donde corresponda.
“Debemos ser notificados, citados, oídos y vencidos en juicio”, refirió. Además, agregó que atribuyen la situación a un ataque contra las organizaciones sindicales del país. Escuche el audio aquí:
El diputado Carlos Barreda, primer secretario del Congreso, comentó que la semana pasada inició el diálogo con los trabajadores del Parlamento y remarcó que hay obligación de pedir la opinión a Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), cuando se aprueben disposiciones como la anterior.
Para el analista Luis Fernando Chávez, la acción de la PGN “es una medida acertada y es similar al trabajo del Ministerio Público. Es una labor muy importante para la consolidación del sistema de justicia en el país”. Aseveró que el pacto colectivo del Congreso es discriminativo.
“Hay preocupación de la Comunidad Internacional y especialmente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acerca de lo que sucede en el Congreso”, finalizó.