El modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría “replicarse” en otros países de América Latina bajo ciertas condiciones, afirmó este martes en Ginebra su responsable, el exprocurador colombiano Iván Velásquez.
En declaraciones a la AFP tras un debate al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el comisionado Velásquez señaló que es “algo muy general, muy común en América Latina” la “escasa independencia judicial, o muy dependiente de factores políticos, los Ministerios Públicos en algunos de los casos (son) cooptados por el poder político”.
“Eso, naturalmente, dificulta adelantar investigaciones profundas, completas, objetivas en el país, y en esas condiciones una comisión como la CICIG podría ser de gran contribución para que esas investigaciones sí se adelantaran”, afirmó Velásquez.
“Yo creo que hay que dejar siempre claro –porque hay una prevención como si una actuación de una comisión como ésta está afectando la soberanía–, el primer elemento es el propio país el que solicita la presencia de una comisión, de manera que su soberanía lo lleva a buscar un apoyo, y un apoyo que no es de sustitución”, subrayó el comisionado.
Velásquez recordó que la CICIG es “una comisión que no tiene titularidad de la acción penal, que no puede limitar garantías fundamentales porque la limitación del derecho a la intimidad que supone las interceptaciones, los allanamientos, etcétera, son realizados por orden judicial a petición del Ministerio Público y no de la CICG”.
La CICIG se creó en 2006 por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU. Está compuesta por especialistas de diferentes países, financiada por la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza, con mandato hasta el 2017, para “solo luchar contra la corrupción y la impunidad” con el objetivo de “detectar la existencia de cuerpos ilegales y clandestinos” y sostener la “persecución penal” para “desarticular estructuras criminales”, resumió Velásquez.
El año pasado la CICG apuntaló a la Fiscalía en el descubrimiento de un fraude millonario en las aduanas nacionales, que ocasionó la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, presuntos cabecillas de una red denominada La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros.
El modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podría “replicarse” en otros países de América Latina bajo ciertas condiciones, afirmó este martes en Ginebra su responsable, el exprocurador colombiano Iván Velásquez.
En declaraciones a la AFP tras un debate al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el comisionado Velásquez señaló que es “algo muy general, muy común en América Latina” la “escasa independencia judicial, o muy dependiente de factores políticos, los Ministerios Públicos en algunos de los casos (son) cooptados por el poder político”.
“Eso, naturalmente, dificulta adelantar investigaciones profundas, completas, objetivas en el país, y en esas condiciones una comisión como la CICIG podría ser de gran contribución para que esas investigaciones sí se adelantaran”, afirmó Velásquez.
“Yo creo que hay que dejar siempre claro –porque hay una prevención como si una actuación de una comisión como ésta está afectando la soberanía–, el primer elemento es el propio país el que solicita la presencia de una comisión, de manera que su soberanía lo lleva a buscar un apoyo, y un apoyo que no es de sustitución”, subrayó el comisionado.
Velásquez recordó que la CICIG es “una comisión que no tiene titularidad de la acción penal, que no puede limitar garantías fundamentales porque la limitación del derecho a la intimidad que supone las interceptaciones, los allanamientos, etcétera, son realizados por orden judicial a petición del Ministerio Público y no de la CICG”.
La CICIG se creó en 2006 por un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU. Está compuesta por especialistas de diferentes países, financiada por la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza, con mandato hasta el 2017, para “solo luchar contra la corrupción y la impunidad” con el objetivo de “detectar la existencia de cuerpos ilegales y clandestinos” y sostener la “persecución penal” para “desarticular estructuras criminales”, resumió Velásquez.
El año pasado la CICG apuntaló a la Fiscalía en el descubrimiento de un fraude millonario en las aduanas nacionales, que ocasionó la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, presuntos cabecillas de una red denominada La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros.