El presidente de la República, Jimmy Morales vetó la ley que establecía penas de prisión para los funcionarios que no atendieran las citaciones de los diputados. Su decisión fue justificada al detallar que “la disposición es contraria a los prescrito en la Constitución Política”, ya que el artículo 17 expresa que no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificados como delito o falta.
El presidente del Congreso, Mario Taracena declaró que se consultará a la Corte de Constitucionalidad para establecer si el decreto riñe con la Constitución tal como alegó el mandatario.
El decreto, aprobado por el Congreso de la República el pasado cuatro de febrero, obligaba a los ministros y viceministros a atender las citaciones giradas y solo podrían excusarse en caso de enfermedad. Además establecía penas de prisión de dos a tres años. El documento también alcanzaba a los particulares (a partir del gerente) que por cualquier concepto recibieran dinero del Estado debían acudir a las citaciones.
El decreto que solo constaba de cuatro artículos también establecía un procedimiento obligatorio donde la Corte Suprema de Justicia no podía rechazar los antejuicios promovidos contra los funcionarios señalados de los delitos de incumplimiento a citas legislativas sin conocer los argumentos.
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