Al expresidente Otto Pérez Molina no le dio tiempo para resolver una consulta de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para verificar qué procedía con las denuncias recibidas acerca del contrato de usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Su sucesor, Alejandro Maldonado Aguirre, pidió que el tema se estudiara según el margen de acción y las repercusiones comerciales para el país y no tomó ninguna decisión.
Ahora, el presidente Jimmy Morales tiene en sus manos una nueva consulta de la PGN para determinar si autoriza a esa entidad plantear las acciones legales que corresponden, esto implica la declaratoria de nulidad o anulabilidad, o cualquier otra figura.
Consultada al respecto, la procuradora General María Eugenia Villagrán adelantó que solicitó una reunión con el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, para discutir el tema, debido a que Morales se encuentra de viaje en Estados Unidos. “Nosotros en lo penal nos constituimos como parte agraviada solicitando una reparación digna al Estado”, refirió y el monto aún está en discusión.
Empresarios demandan justicia
Mientras tanto, los potenciales usuarios de la Terminal, que empezaría operaciones en mayo, exigen actuar con transparencia. Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, manifestó el lunes, en conferencia de prensa, que están contra todo aquel mecanismo de contrataciones y servicios u obra estatal que use medios opacos motivados por la corrupción.
Briz responsabilizó al Estado en buscar una solución para el funcionamiento de la terminal de contenedores, sin que ello afecte los intereses legítimos de la nación y pidió al Gobierno informar acerca de todos los usufructos, contratos y concesiones en los puertos y puestos fronterizos terrestres del país.
Asimismo, calificó de inaceptable que aquellas instituciones creadas por el Estado para mejorar la competitividad del país, no estén asumiendo su responsabilidad en el sentido de tomar medidas “ejemplares y efectivas” para resolver los obstáculos al comercio nacional.
Sin embargo, Paiz calificó de “una salvajada” lo ocurrido con la entrega de la terminal de contenedores en usufructo y remarcó que el tema de competitividad va después del de justicia.
[quote_center]”¿Qué queremos? Justicia, que la gente responsable pague las cuentas”. Rolando Paiz, presidente de Agexport.[/quote_center]
Van por la nulidad
La PGN emitió dos dictámenes dando su visto bueno en 2006 y 2012, describió Villagrán, quien afirmó que llegó una solicitud de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para pronunciarse.
“Me pronuncié el 31 de agosto de 2015 y solicité instrucciones al entonces presidente”, describió; no obstante, Otto Pérez Molina renunció el 3 de septiembre sin contestar la consulta.
“Maldonado se pronunció, pero dijo que estudiáramos la acción y sus repercusiones comerciales”, describió.
La Procuraduría optó por la nulidad y le envió al presidente Pérez un dictamen en ese sentido, debido a que no procedía la lesividad, tras un rechazo emitido en Consejo de Ministros y el entonces Presidente, a una acción del diputado de Libertad Democrática Renovada (Lider) Roberto Villate.
Demanda desestimada para declara lesivo el contrato en agosto 2013.
Consultado al respecto, el congresista describió que planteó un juicio ordinario de nulidad en 2013, fue amparado de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC) y le solicitaron un informe circunstanciado a Pérez al respecto. Al final, no hubo un amparo definitivo en ese sentido.
La demanda de Villate alegó que EPQ es una institución autónoma y de no declararse la nulidad, se podría incurrir en fraude de ley, ya que es contrario a la función pública.
Ese mismo año, tres diputados de Encuentro por Guatemala (EG) solicitaron la nulidad del contrato y se fueron a un proceso contencioso administrativo, recordó Leonel Lira, uno de los interponentes.
Mencos afirma que plantearon una nulidad y no una lesividad porque no había certeza en ese momento de tomar en consideración la fecha de inicio de ejecución y para evitar cualquier duda de que se alegara el paso de tres años.
“Aunque interpretáramos que fuera hasta la entrega del bien, estaríamos en tiempo, pero para evitar cualquier cosa, mejor la vía de la nulidad”, expuso.
“Lo que estamos haciendo es lo siguiente: se presenta la demanda, nos dieron las audiencias correspondientes se declararon sin lugar las excepciones perentorias y al momento de ser denegadas se pide la apertura a prueba para declarar la nulidad del contrato”, manifestó la Procuradora.
En caso de una controversia, la cláusula 83 del contrato dicta que las partes manifestaron que una controversia se sometería a un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala, “no podría ser internacional porque ya se sometieron a uno nacional”.
“Estaríamos planteando una acción en lo contencioso administrativo con el objetivo de defender los intereses del Estado”, finalizó Villagrán.
Vicios detectados por la PGN
- El subinterventor no tenía las facultades para firmar un negocio de esta magnitud, debió ser el Presidente en Consejo de Ministros o el Presidente.
- No se observaron las normas que contempla la Ley de Contrataciones porque se habla de un contrato de usufructo oneroso, pero se dio una concesión de un servicio público porque el destino del contrato era la prestación de un servicio público y la operación de una terminal.
- Vicios de consentimiento. La PGN detectó que hay una firma en donde Allan Marroquín (interventor) le autoriza al subinterventor para que comparezca a firmar la escritura.
- La PGN citó una sentencia de la CC que interpreta cuál es la función de un interventor y es el manejo de una empresa y no contraer una obligación de esta magnitud.
El abogado Alejandro Balsells manifestó que el Gobierno “no tiene por qué acarrear con esas cosas y el contrato es nulo de pleno derecho y quien diga lo contrario tiene todo el andamiaje jurídico en contra porque se simuló un contrato que era concesión, y se firmó por un interventor que no tenía mandato y hubo coima”. Concluyó en que en este tema, “pierde la empresa y el banco que hizo el préstamo de declararse nulo el convenio”.
Con información de Allan Martínez
Al expresidente Otto Pérez Molina no le dio tiempo para resolver una consulta de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para verificar qué procedía con las denuncias recibidas acerca del contrato de usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Su sucesor, Alejandro Maldonado Aguirre, pidió que el tema se estudiara según el margen de acción y las repercusiones comerciales para el país y no tomó ninguna decisión.
Ahora, el presidente Jimmy Morales tiene en sus manos una nueva consulta de la PGN para determinar si autoriza a esa entidad plantear las acciones legales que corresponden, esto implica la declaratoria de nulidad o anulabilidad, o cualquier otra figura.
Consultada al respecto, la procuradora General María Eugenia Villagrán adelantó que solicitó una reunión con el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, para discutir el tema, debido a que Morales se encuentra de viaje en Estados Unidos. “Nosotros en lo penal nos constituimos como parte agraviada solicitando una reparación digna al Estado”, refirió y el monto aún está en discusión.
Empresarios demandan justicia
Mientras tanto, los potenciales usuarios de la Terminal, que empezaría operaciones en mayo, exigen actuar con transparencia. Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, manifestó el lunes, en conferencia de prensa, que están contra todo aquel mecanismo de contrataciones y servicios u obra estatal que use medios opacos motivados por la corrupción.
Briz responsabilizó al Estado en buscar una solución para el funcionamiento de la terminal de contenedores, sin que ello afecte los intereses legítimos de la nación y pidió al Gobierno informar acerca de todos los usufructos, contratos y concesiones en los puertos y puestos fronterizos terrestres del país.
Asimismo, calificó de inaceptable que aquellas instituciones creadas por el Estado para mejorar la competitividad del país, no estén asumiendo su responsabilidad en el sentido de tomar medidas “ejemplares y efectivas” para resolver los obstáculos al comercio nacional.
Sin embargo, Paiz calificó de “una salvajada” lo ocurrido con la entrega de la terminal de contenedores en usufructo y remarcó que el tema de competitividad va después del de justicia.
[quote_center]”¿Qué queremos? Justicia, que la gente responsable pague las cuentas”. Rolando Paiz, presidente de Agexport.[/quote_center]
Van por la nulidad
La PGN emitió dos dictámenes dando su visto bueno en 2006 y 2012, describió Villagrán, quien afirmó que llegó una solicitud de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para pronunciarse.
“Me pronuncié el 31 de agosto de 2015 y solicité instrucciones al entonces presidente”, describió; no obstante, Otto Pérez Molina renunció el 3 de septiembre sin contestar la consulta.
“Maldonado se pronunció, pero dijo que estudiáramos la acción y sus repercusiones comerciales”, describió.
La Procuraduría optó por la nulidad y le envió al presidente Pérez un dictamen en ese sentido, debido a que no procedía la lesividad, tras un rechazo emitido en Consejo de Ministros y el entonces Presidente, a una acción del diputado de Libertad Democrática Renovada (Lider) Roberto Villate.
Demanda desestimada para declara lesivo el contrato en agosto 2013.
Consultado al respecto, el congresista describió que planteó un juicio ordinario de nulidad en 2013, fue amparado de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC) y le solicitaron un informe circunstanciado a Pérez al respecto. Al final, no hubo un amparo definitivo en ese sentido.
La demanda de Villate alegó que EPQ es una institución autónoma y de no declararse la nulidad, se podría incurrir en fraude de ley, ya que es contrario a la función pública.
Ese mismo año, tres diputados de Encuentro por Guatemala (EG) solicitaron la nulidad del contrato y se fueron a un proceso contencioso administrativo, recordó Leonel Lira, uno de los interponentes.
Mencos afirma que plantearon una nulidad y no una lesividad porque no había certeza en ese momento de tomar en consideración la fecha de inicio de ejecución y para evitar cualquier duda de que se alegara el paso de tres años.
“Aunque interpretáramos que fuera hasta la entrega del bien, estaríamos en tiempo, pero para evitar cualquier cosa, mejor la vía de la nulidad”, expuso.
“Lo que estamos haciendo es lo siguiente: se presenta la demanda, nos dieron las audiencias correspondientes se declararon sin lugar las excepciones perentorias y al momento de ser denegadas se pide la apertura a prueba para declarar la nulidad del contrato”, manifestó la Procuradora.
En caso de una controversia, la cláusula 83 del contrato dicta que las partes manifestaron que una controversia se sometería a un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala, “no podría ser internacional porque ya se sometieron a uno nacional”.
“Estaríamos planteando una acción en lo contencioso administrativo con el objetivo de defender los intereses del Estado”, finalizó Villagrán.
Vicios detectados por la PGN
- El subinterventor no tenía las facultades para firmar un negocio de esta magnitud, debió ser el Presidente en Consejo de Ministros o el Presidente.
- No se observaron las normas que contempla la Ley de Contrataciones porque se habla de un contrato de usufructo oneroso, pero se dio una concesión de un servicio público porque el destino del contrato era la prestación de un servicio público y la operación de una terminal.
- Vicios de consentimiento. La PGN detectó que hay una firma en donde Allan Marroquín (interventor) le autoriza al subinterventor para que comparezca a firmar la escritura.
- La PGN citó una sentencia de la CC que interpreta cuál es la función de un interventor y es el manejo de una empresa y no contraer una obligación de esta magnitud.
El abogado Alejandro Balsells manifestó que el Gobierno “no tiene por qué acarrear con esas cosas y el contrato es nulo de pleno derecho y quien diga lo contrario tiene todo el andamiaje jurídico en contra porque se simuló un contrato que era concesión, y se firmó por un interventor que no tenía mandato y hubo coima”. Concluyó en que en este tema, “pierde la empresa y el banco que hizo el préstamo de declararse nulo el convenio”.
Con información de Allan Martínez