La Contraloría General de Cuentas (CGC) entregó el informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015 y contiene 237 denuncias penales por Q2 mil 696.1 millones, 94 informes de cargos (Q51 millones) y 3 mil 273 sanciones por Q202 millones 813 mil.
Las entidades más denunciadas son las municipalidades con 87 acciones de este tipo por Q277 millones 150 mil. Entre las más cuestionadas están San Lorenzo, Suchitepéquez, donde no había documentos o registros por Q22 millones y la de Quetzaltenango cabecera, sumó 15 denuncias y tres formulaciones de cargos por Q77 millones.
También aparece con seis procesos San Pedro Ayampuc por malversación de fondos sobre Q6 millones así como La Gomera y Tiquisate, ambas en Escuintla, (con sobregiros bancarios por Q38 millones y Q10 millones respectivamente).
Una de las sorpresas fue que la CGC encontró anomalías en la comuna de Guatemala y es que pagó de más a un fiduciario un monto estimado en Q1.4 millones.
En otro caso el contralor Carlos Mencos remarcó que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones incurrió en un arrendamiento de equipo informático por Q479 millones, que originalmente apareció como Q40 millones.
El Congreso también aparece en el reporte y presenta hallazgos por Q72.6 millones. Las denuncias son por incorrecta aplicación de normativa legal (Q16.3 millones); duplicidad por pago de servicios (300 mil) y contratos aprobados en forma extemporánea (Q18.9 millones).
Entidades del Gobierno Central
El Ejecutivo y sus dependencias obtuvieron 67 denuncias por más de Q1.9 millones. El Contralor citó el Ministerio de Economía por abuso de autoridad y nombramiento ilegal con la designación del Registrador de Garantías Mobiliarias quien debió ser nombrado por el Presidente pero su puesto fue ocupado a solicitud del ministro.
En el Ministerio de Agricultura se reportó que se pagaron Q11.2 millones en cupones canjeables por raciones de alimentos que no fueron liquidados.
En la Dirección General de Migración se adquirieron los servicios de operación y equipo de impresión de pasaportes con la empresa La Luz pero esta cambió de representantes legales y se habría inscrito de otra forma para mantener los contratos. “Creemos que hubo una manera especial de fraude de ley porque no se han desarrollado los procesos de licitación correspondientes”, dijo Mencos.
Llamó la atención, que en el Ministerio de Gobernación alguien contrató los servicios de limusinas según el Contralor y eso a razón de Q2 mil 400 diarios. “Sumamos eso por el número de meses y es un monto muy importante”, aseveró el funcionario.
Entidades autónomas y descentralizadas
El contralor describió que en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) hay un contrato para la prestación de consultoría y asesoría para un diagnóstico de medidas de seguridad y cuyo monto es “aparentemente pequeño”, pero hubo manipulación porque entre los oferentes hubo dos empresas con el mismo representante legal “y eso es evidentemente un caso de colusión”.
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abortaron procesos de licitación por no haber sido adjudicados por la comisión respectiva pero se hizo un procedimiento por excepción para concretar la compra. Se trata de dos casos de compras formuladas para el recién pasado evento electoral por Q5.3 millones.
Incluso, se detectaron plazas fantasma en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y se describió el caso de un trabajador que laboraba con ellos y en el Congreso de la República. “Que sea el MP el que resuelva la situación”, dijo Mencos.
Algo similar ocurrió en el Comité Olímpico y Confederación Deportiva Guatemalteca, una persona contratada estaba fuera del país durante ese lapso, mientras que en el Registro de Información Catastral (RIC) hace más de año y medio compraron equipo de computación sin planes para ubicarlo. “Sabemos que la tecnología va a pasos agigantados y no es posible que se adquiera equipo y que lo almacenen”, dijo.
En Santo Tomás de Castilla se colocaron tres denuncias contra autoridades, entre estas una por Q14 millones 10 mil ya que contrataron servicios de vigilancia cuando la ley dice que deben contar con seguridad propia.
Fideicomisos con fondos públicos
En el Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones no se liquidaron unos cupones por Q4 millones 261 mil para la compra y venta de puertas para damnificados por el Estado de Calamidad producto del terremoto en San Marcos.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, refirió que seguramente hay más información en este informe de lo que se presenta año con año. “El tema está en la coordinación que se debe hacer posteriormente entre Ministerio Público (MP) y CGC para presentar las pruebas respectivas.
“Aunque el informe tenga una serie de hallazgos debe tener sustento en cuanto a las pruebas porque es ahí es donde se caen y debilitan los procesos”, finalizó.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) entregó el informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015 y contiene 237 denuncias penales por Q2 mil 696.1 millones, 94 informes de cargos (Q51 millones) y 3 mil 273 sanciones por Q202 millones 813 mil.
Las entidades más denunciadas son las municipalidades con 87 acciones de este tipo por Q277 millones 150 mil. Entre las más cuestionadas están San Lorenzo, Suchitepéquez, donde no había documentos o registros por Q22 millones y la de Quetzaltenango cabecera, sumó 15 denuncias y tres formulaciones de cargos por Q77 millones.
También aparece con seis procesos San Pedro Ayampuc por malversación de fondos sobre Q6 millones así como La Gomera y Tiquisate, ambas en Escuintla, (con sobregiros bancarios por Q38 millones y Q10 millones respectivamente).
Una de las sorpresas fue que la CGC encontró anomalías en la comuna de Guatemala y es que pagó de más a un fiduciario un monto estimado en Q1.4 millones.
En otro caso el contralor Carlos Mencos remarcó que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones incurrió en un arrendamiento de equipo informático por Q479 millones, que originalmente apareció como Q40 millones.
El Congreso también aparece en el reporte y presenta hallazgos por Q72.6 millones. Las denuncias son por incorrecta aplicación de normativa legal (Q16.3 millones); duplicidad por pago de servicios (300 mil) y contratos aprobados en forma extemporánea (Q18.9 millones).
Entidades del Gobierno Central
El Ejecutivo y sus dependencias obtuvieron 67 denuncias por más de Q1.9 millones. El Contralor citó el Ministerio de Economía por abuso de autoridad y nombramiento ilegal con la designación del Registrador de Garantías Mobiliarias quien debió ser nombrado por el Presidente pero su puesto fue ocupado a solicitud del ministro.
En el Ministerio de Agricultura se reportó que se pagaron Q11.2 millones en cupones canjeables por raciones de alimentos que no fueron liquidados.
En la Dirección General de Migración se adquirieron los servicios de operación y equipo de impresión de pasaportes con la empresa La Luz pero esta cambió de representantes legales y se habría inscrito de otra forma para mantener los contratos. “Creemos que hubo una manera especial de fraude de ley porque no se han desarrollado los procesos de licitación correspondientes”, dijo Mencos.
Llamó la atención, que en el Ministerio de Gobernación alguien contrató los servicios de limusinas según el Contralor y eso a razón de Q2 mil 400 diarios. “Sumamos eso por el número de meses y es un monto muy importante”, aseveró el funcionario.
Entidades autónomas y descentralizadas
El contralor describió que en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) hay un contrato para la prestación de consultoría y asesoría para un diagnóstico de medidas de seguridad y cuyo monto es “aparentemente pequeño”, pero hubo manipulación porque entre los oferentes hubo dos empresas con el mismo representante legal “y eso es evidentemente un caso de colusión”.
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abortaron procesos de licitación por no haber sido adjudicados por la comisión respectiva pero se hizo un procedimiento por excepción para concretar la compra. Se trata de dos casos de compras formuladas para el recién pasado evento electoral por Q5.3 millones.
Incluso, se detectaron plazas fantasma en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y se describió el caso de un trabajador que laboraba con ellos y en el Congreso de la República. “Que sea el MP el que resuelva la situación”, dijo Mencos.
Algo similar ocurrió en el Comité Olímpico y Confederación Deportiva Guatemalteca, una persona contratada estaba fuera del país durante ese lapso, mientras que en el Registro de Información Catastral (RIC) hace más de año y medio compraron equipo de computación sin planes para ubicarlo. “Sabemos que la tecnología va a pasos agigantados y no es posible que se adquiera equipo y que lo almacenen”, dijo.
En Santo Tomás de Castilla se colocaron tres denuncias contra autoridades, entre estas una por Q14 millones 10 mil ya que contrataron servicios de vigilancia cuando la ley dice que deben contar con seguridad propia.
Fideicomisos con fondos públicos
En el Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones no se liquidaron unos cupones por Q4 millones 261 mil para la compra y venta de puertas para damnificados por el Estado de Calamidad producto del terremoto en San Marcos.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, refirió que seguramente hay más información en este informe de lo que se presenta año con año. “El tema está en la coordinación que se debe hacer posteriormente entre Ministerio Público (MP) y CGC para presentar las pruebas respectivas.
“Aunque el informe tenga una serie de hallazgos debe tener sustento en cuanto a las pruebas porque es ahí es donde se caen y debilitan los procesos”, finalizó.