Un periodista del matutino Prensa Libre preguntó al presidente Jimmy Morales lo siguiente: “De todos es conocido que usted es bastante cercano a estos canales que le pagaron dinero a la campaña del PP. Al conocer esto ¿su relación continuará cercana? En el sentido de que su hermano trabaja en un programa de televisión ahí…”
El presidente le increpó al periodista que si ellos hacen bien las cosas de ese lado, también esperaba eso de los medios de comunicación con estas palabras: “De este lado de la mesa se están haciendo las cosas correctas. De aquel lado, de las cámaras y micrófonos también se tienen que hacer las cosas correctas”.
Morales insistió en que que no ha pagado ni un centavo “legal o ilegal” en pauta y que todo forma parte de una investigación y que quien haya transgredido la ley, debe someterse al imperio de la ley. También elogió la labor del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) durante su intervención y argumentó que se buscará todo lo que sea en beneficio del Estado.
La investigación reporta lo siguiente: En el 2008 Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota (PP), se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaña electoral era una prioridad para la estructura.
Para ello se echa a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.
Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7). Conforme avanzó la campaña, estos medios incrementaron los pagos a las cuatro empresas hasta alcanzar la suma de Q17 millones 679 mil 200.
Mensualmente y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por Q215 mil 600, uno de Radiotelevisión y el otro de Televisiete S.A.. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Baldetti durante la campaña (2008-2011) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012).
Un periodista del matutino Prensa Libre preguntó al presidente Jimmy Morales lo siguiente: “De todos es conocido que usted es bastante cercano a estos canales que le pagaron dinero a la campaña del PP. Al conocer esto ¿su relación continuará cercana? En el sentido de que su hermano trabaja en un programa de televisión ahí…”
El presidente le increpó al periodista que si ellos hacen bien las cosas de ese lado, también esperaba eso de los medios de comunicación con estas palabras: “De este lado de la mesa se están haciendo las cosas correctas. De aquel lado, de las cámaras y micrófonos también se tienen que hacer las cosas correctas”.
Morales insistió en que que no ha pagado ni un centavo “legal o ilegal” en pauta y que todo forma parte de una investigación y que quien haya transgredido la ley, debe someterse al imperio de la ley. También elogió la labor del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) durante su intervención y argumentó que se buscará todo lo que sea en beneficio del Estado.
La investigación reporta lo siguiente: En el 2008 Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota (PP), se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaña electoral era una prioridad para la estructura.
Para ello se echa a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.
Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7). Conforme avanzó la campaña, estos medios incrementaron los pagos a las cuatro empresas hasta alcanzar la suma de Q17 millones 679 mil 200.
Mensualmente y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por Q215 mil 600, uno de Radiotelevisión y el otro de Televisiete S.A.. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Baldetti durante la campaña (2008-2011) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012).