La Corte de Constitucionalidad (CC) por unanimidad declaró sin lugar el amparo que en el año 2020 dejó en suspenso la entrada en vigencia de la Ley de Onegés.
La resolución fue respaldada con los votos favorables de los magistrados titulares: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus. En tanto, la magistrada María Cristina Fernández y el magistrado José de Mata Vela emitieron votos razonados concurrentes.
“Deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el Presidente de la República de Guatemala. Como consecuencia de la decisión asumida, revoca el amparo provisional otorgado en auto de dos de marzo de dos mil veinte, ampliado en pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veinte”, indica la resolución.
Agrega: “Esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas“.
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Antecedentes de esta ley
El 11 de febrero de 2020, el Congreso con el apoyo de la bancada oficialista, aprobó una ley polémica que aumenta el control gubernamental sobre las onegés del país.
En general la ley le otorga al Gobierno la potestad de quitarle el registro a una onegé. Esto sin necesidad de pasar por un tribunal o contar con un mecanismo de defensa, y control sobre los fondos proporcionados por la cooperación internacional. El 27 de febrero el presidente Giammattei sancionó dicha ley.
El 2 de marzo, la CC suspendió provisionalmente la promulgación de la ley. Al respecto, el Ejecutivo al final acordó que respetaría la decisión de la corte. El mandatario desde entonces ha dicho que su administración presentará reformas, en espera de una decisión definitiva de la CC sobre si la ley es o no constitucional.
Con esa resolución, el presidente Alejandro Giammattei tiene vía libre para publicar un nuevo acuerdo gubernativo para que las reformas entren en vigor.
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“Deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el Presidente de la República de Guatemala. Como consecuencia de la decisión asumida, revoca el amparo provisional otorgado en auto de dos de marzo de dos mil veinte, ampliado en pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veinte”, indica la resolución.
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En general la ley le otorga al Gobierno la potestad de quitarle el registro a una onegé. Esto sin necesidad de pasar por un tribunal o contar con un mecanismo de defensa, y control sobre los fondos proporcionados por la cooperación internacional. El 27 de febrero el presidente Giammattei sancionó dicha ley.
El 2 de marzo, la CC suspendió provisionalmente la promulgación de la ley. Al respecto, el Ejecutivo al final acordó que respetaría la decisión de la corte. El mandatario desde entonces ha dicho que su administración presentará reformas, en espera de una decisión definitiva de la CC sobre si la ley es o no constitucional.
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