Los diputados aprobaron el martes 8 de febrero la Ley de Insolvencias, con la cual se busca que cualquier deudor pueda reorganizar sus deudas y también el acreedor tenga un respaldo jurídico en el momento que determinada empresa enfrente problemas para continuar sus operaciones.

El objetivo es que se conserven las fuentes de trabajo, según los diputados que promovieron la iniciativa. Esta normativa forma parte de la agenda de reactivación económica impulsada por el Congreso de la República. 

De acuerdo con los diputados, este marco jurídico permite "una recuperación económica justa y da una segunda oportunidad sin manchar el récord crediticio y antecedentes penales del deudor".

Para el deudor esta nueva legislación "permite una segunda oportunidad al darle la opción de reorganizar su empresa, además ahora ya no ira a juicio penal, sino a un proceso concursal con el acreedor y será asesorado por un experto en quiebras".

En tanto a los acreedores, la ley les "permite un proceso rápido que les permitirá recuperar en menos tiempo los créditos. Podrán proponer planes de simplificación del deudor, elegir al administrador concursal y tomar decisiones sobre la liquidación y reorganización de la empresa, con estos beneficios podrán recuperar su dinero más rápido y no perderán con la inflación".

Algunos puntos de la ley

• Facilita el crédito para las micro, pequeña y mediana empresa
• Brinda la oportunidad de limpiar el historial crediticio de los deudores
• Protege al trabajador, al evitar despidos masivos 
• Garantiza la recuperación de capital al acreedor 
• Reduce el tiempo de los procesos de insolvencias
• Viabiliza las notificaciones y audiencias vía electrónica