Las Comisiones de Postulación han sufrido mucho desgaste propio del mecanismo o metodología, pero también -desgraciadamente- por culpa de algunos de quienes las integran. Si a ello se le agrega que en estos procesos hay una serie de personajes oscuros que pretenden influenciar la decisión que constitucionalmente solo compete a los comisionados, el panorama es aún más sombrío.

Y la Comisión de Postulación que tiene la labor de elaborar la lista de seis candidatos dentro de los que el Presidente debe elegir al próximo Fiscal General no es la excepción.

A partir de su conformación hubo cuestionamientos sobre los distintos grupos que con intereses inconfesados podrían influir en la designación, pero también desde el inicio hubo señalamientos respecto algunos de los integrantes, ya sea por su pasado o su entorno. Es parte del escrutinio que el público en general y la prensa en particular están llamados a hacer como auditoría social. Sin embargo, se espera que los comisionados, por lo menos, cumplan con los requisitos básicos para tener tal calidad y cumplir esa función que como se reitera, es de carácter constitucional.

Hasta ahora solamente algunos medios han perfilado a los comisionados que, dicho sea de paso, han tenido tres movimientos a raíz de este proceso. Se trata del repentino nombramiento o sustitución de tres decanos de facultades de derecho: el de la Universidad Da Vinci, el de la Universidad del Istmo y la de la Universidad Rural.

De los tres, llama la atención dos de ellos, pues la nueva decana de la Universidad Rural fue hasta muy recientemente asesora del diputado Fidel Reyes Lee, quien es el propietario de esa casa de estudios. Y el otro caso es la designación de Luis David Gaitán Arana como nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci.

Esa universidad y en particular su facultad de Derecho, se han visto envueltas en una serie de escándalos desde su creación: la emisión de títulos sin sustento, la graduación masiva de abogados, vínculos con personajes oscuros y ahora la designación ad hoc de Gaitán, a quien se le conoce por haber sido mandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Respecto de este último, algunas personas y organizaciones han cuestionado precisamente ese pasado y lo señalan de obedecer directrices o ser parte del plan de personas ligadas a la extinta Comisión. Más allá de que ninguno de los comisionados debe permitir que pretenda influenciarle personas ajenas al proceso, vale decir que ese no es el cuestionamiento más fuerte que se le hace a Gaitán.

Las hojas de vida de los comisionados son de igual importancia que la de los postulantes, lamentablemente no hay sino breves semblanzas de estos abogados y su hoja de vida no ha sido conocida a profundidad. Lo que llama la atención en particular sobre Gaitán, aparte de su intempestivo nombramiento, es su escasa experiencia tanto profesional, académica y como docente.

Esto es de suma importancia debido a que según los Estatutos de la Universidad Da Vinci, publicados el 27 de febrero de 2012 con motivo de su aprobación por parte del CEPS, requieren que los decanos cumplan con algunos requisitos mínimos.

Así es como el artículo 57 de los estatutos imponen como requisitos que los decanos tengan al menos cinco años consecutivos en administración, docencia e investigación en el nivel universitario. Además, que la experiencia debe ser reciente en el momento del nombramiento y no haber transcurrido un lapso mayor de dos años después de haber cesado su quehacer académico.

Respecto a este requisito, lo que se conoce hasta el momento de la vida del comisionado Gaitán no permite comprobar tal experiencia requerida por los estatutos de la universidad.

El perfil que hasta ahora se conoce de él, no da cuenta de tal experiencia. Ninguno de los medios que le ha perfilado ha mencionado esos años de experiencia en administración, docencia e investigación. Los estatutos establecen que deben estar las tres áreas cubiertas como requisito, no solamente una de ellas.

No se ha podido corroborar su experiencia administrativa, docente e investigativa a nivel universitario. Su paso por Acción Ciudadana posiblemente como investigador no serviría para cumplir ese requisito.

Otro requisito que ese mismo artículo 57 de los estatutos de la Universidad Da Vinci pide, es contar con un título de maestría de una universidad legalmente autorizada en el país, o extranjera y de reconocido prestigio a nivel internacional.

El Diario Prensa Libre informó que Gaitán tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Rafael Landívar. Para verificar tal extremo, se consultó el sitio web de la universidad Landívar (CRAI Landívar) y su tesis no aparece en los registros. Así, no se pudo comprobar que haya presentado su tesis y que fuera sido aprobada para obtener el grado de maestría en Derecho Constitucional de esa casa de estudios.

Adicionalmente, se consultó el sitio web de la Contraloría General de Cuentas en donde se encuentran registrados los títulos tanto de nivel medio como de licenciatura, maestría y doctorado. Tampoco figura un registro con el nombre de Luis David Gaitán Arana. Solamente le aparecen cuatro títulos a su nombre: el de Bachiller en Ciencias y Letras, Notario, Abogado y de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, mas no aparece registrado su título de maestría.

Finalmente, en el sitio oficial de la Universidad Da Vinci, en el apartado acerca de las autoridades de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, da cuenta que Gaitán “está culminando los procesos académicos para obtener la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Rafael Landívar”.

El cumplimiento de los requisitos enunciados en los estatutos de la Universidad Da Vinci para ser nombrado decano de sus facultades parece estar en duda. De ser así, el comisionado Luis David Gaitán Arana no podría haber ser decano, más allá del momento y motivos por lo cual fue nombrado, sino que por tal razón no podría integrar la Comisión de Postulación para la selección de candidatos a Fiscal General.

Precisamente esa universidad, la Da Vinci, y Gaitán, han propuesto una lista de requisitos para los candidatos a Fiscal General.

Bien haría la Comisión de Postulación en verificar de igual manera las calidades de sus integrantes para asegurarse que el proceso inicia con las personas que reúnen las calidades que requiere la constitución. En el caso de Gaitán, que cumpla con los requisitos que la universidad que lo ha nombrado tiene para ser decano de la Facultad de Derecho.