El medio digital salvadoreño El Faro publicó el lunes 14 de febrero una supuesta componenda entre el exministro de Comunicaciones José Luis Benito y responsables de la campaña electoral del entonces candidato Alejandro Giammattei.

El supuesto acuerdo consistía en que Benito continuará al mando del citado ministerio a cambio de un aporte de Q20 millones para financiar la campaña electoral del partido Vamos, que llevó al poder al ahora mandatario. La publicación causó un impacto mediático y cierto daño a todos quienes estaban cerca del Presidente.

Pero hay puntos que merecen esclarecerse. Una de estos, por supuesto, es el fondo del asunto: si hubo financiamiento electoral ilícito (art. 407N del Código Penal). Otros aspectos también deben ser aclarados, como el origen de ese dinero. La nota de El Faro asegura que los recursos provienen de una empresa en particular, pero es probable que puedan existir otras fuentes.

En fin, el tema principal es insoslayable: existe una declaración que merece ser investigada. Pero hay un problema, resulta que ahora el supuesto "Testigo A" dio marcha atrás y presentó una denuncia porque fue amenazado y coaccionado.

Otra duda que surge es cómo llegaron los datos a los periodistas. Vale recordar que el exjefe de esa fiscalía, el defenestrado Juan Francisco Sandoval admitió haberse llevado “en resguardo” expedientes que debían estar en la FECI. Confesó pues, haber cometido delitos en el ejercicio del cargo, pero asegura haberlo hecho con la mejor de las intenciones.

Regresando a la nota de El Faro, parece estar bien preparada y tener sustento en elementos también sustraídos de la FECI o, posiblemente, filtrados por la juez contralor del caso, Erika Aifán que tiene en una caja fuerte el expediente que se niega a entregar el ente investigador, porque aduce que no tiene por qué darle nada al MP.

“A inicios de noviembre, el Ministerio Público pidió formalmente a la jueza Aifán entregar a los nuevos fiscales encargados del caso el sobre cerrado que contiene la identidad protegida del Testigo A. Del documento enviado a la jueza se infiere que los investigadores originales se habían negado a revelarla, amparados por la ley que les obliga a mantener bajo reserva la audiencia del 18 de mayo", indica la publicación.

"Aifán también se negó y explicó por escrito a la Fiscal General que tanto el testimonio como la identidad del Testigo A ya forman parte de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción”, se añade en la nota de El Faro titulada "Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos constructoras".

El problema con ello es que el medio aceptó y utilizó información que sabía que estaba bajo reserva en un proceso penal de otro país. Los cuestionamientos éticos quedan para ser evaluados en otro ámbito, sin embargo ya tuvo implicaciones legales.

El martes 15 de febrero, en la mañana, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, presentó una denuncia para que se investigue y determine quién filtró la información bajo reserva, que constituiría delito.

Más tarde se tuvo noticia de que una persona que se identificó como el “Testigo A”, aludido en la nota de El Faro, se presentó al MP a denunciar que su testimonio fue conseguido mediante coacción y amenazas y que al darse cuenta de cómo estaba siendo utilizado, decidió acudir a la Fiscalía a denunciar.

De comprobarse este último hecho se traería abajo el “caso” que la nota de El Faro expone. Independientemente de quién filtró la información (hecho que debe ser investigado y perseguido), ahora se tiene información de que para “armar” el caso el exfiscal Sandoval habría coaccionado al “testigo A” para que mintiera. Eso es, sin lugar a dudas, algo que debe investigarse, comprobarse o desecharse.

Pero a la luz de lo revelado el lunes y el martes (en menos de 24 horas), los métodos para armar el caso son cuestionados y señalados por el propio “Testigo A” y eso pone en serios aprietos a Sandoval.

No es la primera vez que un testigo “estrella” de la FECI denuncia coacción y amenazas y se retracta de lo declarado pues admite que mintió. En caso que la CICIG y la FECI le armaron a los hermanos Valdés Paiz, Luis Mario Paz declaró como testigo protegido y esta declaración sirvió para que los hermanos pasaran casi cuatro años en prisión preventiva.

Antes de morir, Paz declaró que había mentido y que había sido coaccionado para faltar a la verdad. Algo parecido surge en el caso que la CICIG y la FECI involucraron al exministro de gobernación Carlos Vielman. Se filtró un audio en donde un reo confiesa que habían ofrecido pagarle para que dijera lo que la fiscalía pretendía imputar a Vielman. Otros casos similares también están en tribunales y de ello depende la libertad de varias personas que sin haber sido condenadas, guardan prisión desde hace años.

En este caso particular, lo denunciado en la nota de El Faro, pero también otros tantos y para desvirtuar las mentiras, para disipar el aire turbio, para evitar los “dimes y diretes”, lo que debiese ocurrir es que se levante la reserva de los casos y que las autoridades brinden oportuna y clara información sin menoscabar la dignidad de los procesados y resguardando información cuya diseminación sí afecte el proceso.

Este es un caso en que la secretividad claramente juega contra la justicia, pero sirve a los intereses de quienes quieren manipularla.